En agosto de 2007, poco antes de las elecciones que consagraron a la actual presidenta de la Nación, su esposo y por entonces primer mandatario, Néstor Kirchner, abogó públicamente para que el gobierno que lo sucediera fuera "mucho más federal". Lo que vino después, sin embargo, fue un creciente unitarismo fiscal y un estilo de gestión que acentuó el centralismo. El declamado federalismo quedó reducido a un mercado prebendario en el cual el poder central, desde la Casa Rosada, ostenta el monopolio del manejo de la caja.

La mayor parte de los recursos con que históricamente cuentan las administraciones provinciales provienen de los impuestos que recauda el Estado nacional y que éste distribuye bajo el mecanismo de la coparticipación federal.

El problema reside en que, mientras alguna vez los recursos coparticipables llegaron a representar el 48,5% de los ingresos del Estado nacional, en la actualidad han caído a alrededor del 25% del total. Esto significa que la Nación se lleva tres cuartas partes de lo que recauda, en tanto que sólo un cuarto se dirige a las provincias. Entre otras razones, este fenómeno obedece al aumento que en la última década fueron experimentando los ingresos en concepto de retenciones a las exportaciones, fundamentalmente agrícolas, que el Estado nacional no coparticipa más que en una mínima porción.

La creciente desigualdad entre un poder central cada vez más rico y provincias cada vez más pobres deriva también de que el Tesoro Nacional puede financiarse con los billetes que en forma cada vez más desproporcionada emite el Banco Central y con los recursos de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), una alternativa de la que carecen los gobiernos provinciales.

A esta situación se ha sumado, con creciente fuerza en los últimos tiempos, el hecho de que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner parece estar condicionando los giros de fondos a las provincias a un claro alineamiento político. Distintos gobiernos provinciales, como el del santacruceño Daniel Peralta, el del cordobés José Manuel de la Sota y, más tímidamente, el de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires, han expresado sus quejas por una supuesta discriminación del Estado nacional a la hora de repartir recursos.

En el caso bonaerense, el fenómeno que se viene dando más recientemente es que los recursos para obras públicas son directamente enviados por el gobierno nacional, a través del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, a algunos municipios. Así, surge otra discriminación, ya que se impulsan obras en aquellos distritos municipales que adhieren al cristinismo y se abandona a su suerte a otros.

Pocas cosas demuestran con tal claridad esto como las muy recientes declaraciones del propio De Vido. Días atrás, el ministro les reclamó a intendentes de la provincia de Buenos Aires que los recursos que les entrega la Nación "exploten en obras" para asegurarle a la presidenta Cristina Kirchner un resultado electoral "contundente". Añadió que la jefa del Estado "debe tener todo el respaldo político a través del consenso de la sociedad para poder avanzar en las decisiones que va a tener que tomar después de octubre", en referencia a las próximas elecciones legislativas. "La Presidenta es garantía de la transformación y tenemos que darle más fuerza a su conducción, y eso se hace militando, construyendo y llevando adelante estas obras", sentenció, durante un acto en el cual acordó con treinta jefes comunales la ejecución de cien obras de infraestructura pública en el transcurso de este año, en el marco del plan llamado "Más cerca, más municipios, más Patria".

No hace falta esgrimir más argumentos para comprobar la intencionalidad política y electoralista de los fondos para obras públicas que distribuye discrecionalmente el Ministerio de Planificación Federal.

En tanto el Fondo del Conurbano Bonaerense sigue congelado en 650 millones de pesos anuales desde 1995, el gobierno nacional abusa de un sistema de reparto de fondos clientelista en municipios que elige a su antojo.

Claro que la presión del gobierno nacional sobre las provincias trasciende largamente las fronteras bonaerenses. Valga recordar que, no hace mucho, el diputado nacional por el justicialismo riojano Jorge Yoma denunció que cuando se opuso al proyecto de transferencia de los depósitos judiciales del Banco Ciudad al Banco Nación, luego convertido en ley, lo llamaron al gobernador de su provincia desde el gobierno nacional y le dijeron: "Ahora pedile a Yoma que te consiga plata para pagar el aguinaldo".

Cuando la distribución de fondos de la Nación entre las provincias está sujeta a intereses políticos o, peor aún, a la concreción de un proyecto hegemónico, la palabra federalismo sólo puede convertirse en letra muerta.