Desde hoy los funcionarios del Ministerio de Economía que dirige Hernán Lorenzino comenzará a trabajar full time en el diseño de la propuesta de pago a los fondos buitres que pidió la Cámara de Apelaciones. Hay plazo hasta el 29 de marzo y en el Palacio de Hacienda se tomarán todo el tiempo necesario para evaluar el escrito a presentar. Además, el correr de los días juega a favor de la Argentina, porque el 31 de marzo hay un vencimiento de bonos que habrá que preservar de posibles embargos.
Por lo pronto, hoy Lorenzino y su equipo tendrán una conferencia telefónica con los abogados del estudio neoyorquino que representa al país –Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton– para comenzar a sondear el planteo argentino. Todavía no hay definiciones sobre el plan concreto que se presentará. Tanto la presidenta Cristina Fernández de Kirchner como Lorenzino y otros funcionarios puntualizaron que la propuesta no podrá ser mejor ni peor a la que se hizo en el canje de deuda 2010.
En aquella oportunidad la Argentina ofreció tres tipos de bonos: Descuento, Par y Global. Además del cupón atado al PBI. De todos estos títulos, el que hoy mira casi todo el mercado como el candidato para “salir a la cancha” nuevamente es el Par. Porque es un título que no contiene quita nominal del capital. Y esa es una condición para que la Corte de Apelaciones de EE.UU. mire con ojos más benevolentes la propuesta argentina. Dado que el fallo contra el país lo obliga a pagar el 100% del capital.
El Par es un título sin quita de capital pero con vencimiento en 2038, es decir dentro de 25 años. Ello implicaría que la Argentina podría argumentar que está ofreciendo el mismo bono que en 2010, y evitar demandas de los acreedores que ya ingresaron a los canjes 2005 y 2010. Aunque claro, el valor presente neto (VPN) de la oferta será distinto.
Sobre este último punto, trascendió que los abogados del país trabajan en una interpretación de las reglas denominadas RUFO (por sus siglas en inglés, rights upon future offers), dado que la Argentina está imposibilitada de hacer una oferta a los bonistas mejor que la de 2005 y 2010. Pero esta cláusula –argumentan– estaría vigente sólo si se trata de una reestructuración voluntaria. Según algunos especialistas, el país podría argumentar que en este caso no se trata de una oferta voluntaria, sino el cumplimiento de un fallo judicial.
Todo esto será lo que comenzarán a definir desde hoy en el Ministerio de Economía Lorenzino y el secretario de Finanzas, Adrián Cosentino, junto al resto del equipo económico.
En paralelo, el Gobierno empezará a sondear en el Congreso el ánimo para suspender transitoriamente la Ley Cerrojo, que prohibe reabrir el canje. Aunque no lo hará hasta que tenga la devolución de la Cámara de Apelaciones a la propuesta que presentará en las próximas semanas.
Trascendió que el pedido de la Cámara estadounidense del viernes fue impulsado en particular por uno de los tres jueces: Reena Raggi, curiosamente la más dura contra el país en la audiencia. El abogado, y especialista en el tema, Marcelo Etchebarne –socio del estudio Cabanellas, Etchebarne & Kelly– adelantó en un seminario realizado ese mismo día en el Hotel Alvear (al que asistieron 250 especialistas) que la jueza Raggi posiblemente pediría más información para reunir todos los datos necesarios antes de emitir un fallo.
Los especialistas interpretaron el pedido de la Corte de Apelaciones a la Argentina de dos formas. Para algunos, se trata de una señal de que la Cámara podría llegar a avalar una propuesta de pago diferente al fallo del juez de primera instancia Thomas Griesa (hoy en suspenso) de abonar el 100% y en efectivo. Para otros, en cambio, es un paso formal que “protege” al tribunal de eventuales reclamos sobre su accionar. Es decir, pide a la Argentina que haga explícito en un documento cuál es la mejor oferta que puede realizar, antes de fallar en contra. Como para que no queden dudas de la postura del país.
