Finalmente se conocieron las ideas del Gobierno en torno a la anunciada "democratización" de la Justicia, pregonada desde el derrumbe del mítico 7-D.
Si bien no conocemos aún los textos que se enviarán al Congreso, las iniciativas no parecen mejorar el "acceso" de los sectores más desfavorecidos al servicio de justicia, y algunas no resultan conciliables con los textos constitucionales.
Todos podemos coincidir en que las designaciones en la Justicia no sean fruto de la discrecionalidad sino de los méritos, aunque esto debería ocurrir en todos los poderes.
De igual modo, es necesaria la transparencia en el funcionamiento de la Justicia; bastaría para ello la sanción de la postergada ley de acceso a la información pública, inexplicablemente bloqueada por el oficialismo.
La creación de más órganos judiciales, como las anunciadas cámaras de Casación, no servirán para agilizar causa alguna, antes bien demorarán los ya morosos trámites judiciales.
Respecto del tema del impuesto a las ganancias, existe un generalizado consenso acerca de que los jueces deben pagarlo.
No obstante, debe buscarse una fórmula que salvaguarde ese principio igualitario compatibilizándolo con los actuales ingresos de los jueces.
El aspecto más polémico y controvertido es la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura a través del voto popular, lo que acarrea la "politización" del Consejo.
La Constitución dice en su artículo 114 que estará conformado por "representantes" de los órganos políticos, de los jueces y de los abogados.
En los primeros ya está expresada la soberanía del pueblo, en los segundos son los propios estamentos quienes deben elegir a quienes los representen.
La ley podría contemplar, en cambio, una elección democrática de los académicos y científicos, también mencionados en el texto constitucional.
En suma, los anuncios que ha realizado el Gobierno, en vez de acercar la Justicia a la ciudadanía, implican el riesgo de que se avance sobre el único poder que debe quedar al margen de las mayorías electorales.
