Dos años atrás, cuando Pepe Eliaschev publicó que, como parte de un realineamiento internacional, ella invitaría a los acusados de atentar contra la AMIA a revisar la investigación de ese ataque, fue acusado por el Gobierno de publicar versiones delirantes.
Que esa frontera ya se haya alcanzado es una respuesta tácita a aquellos que se preguntan hasta dónde será capaz de llegar la señora de Kirchner en otras locomociones: el avance sobre el Poder Judicial , el acoso a la prensa independiente o la reforma de la Constitución. El pacto con Irán termina de despejar la incógnita: la Presidenta está dispuesta a todo
Esa audacia para quebrar consensos que parecían inconmovibles tiene en el crimen de la AMIA un resultado muy costoso. Quienes se manifestaron ayer frente al Congreso, representaron a una parte muy extendida de la sociedad que repudia que esos mártires y sus deudos sean sometidos a una nueva denegación de justicia en homenaje a la razón de Estado. Como con la masacre de Cromagnon, la catástrofe de Once, la desaparición de Julio López, o los asesinatos cotidianos, al kirchnerismo se le vuelve a reprochar una falta de sensibilidad ante el dolor colectivo. Para una presidenta que demuestra a diario, con la evocación de su esposo o el recuerdo de los desaparecidos, una marcada inclinación hacia el duelo, es una recriminación inesperada. La conciencia pública parece sospechar que hay muertos de primera y de segunda, y desgracias de distinta jerarquía. Para el kirchnerismo ese presentimiento entraña un perjuicio mayor que el de la impopularidad. Se está poniendo en duda su verdadera vocación por reparar a las víctimas, que es el fundamento ético en el que justifica su instalación en el poder.
No está nada claro que ese derroche de capital político vaya a ser recompensado con un éxito práctico. Los argumentos de Héctor Timerman y de los legisladores oficialistas no consiguieron despejar interrogantes centrales. ¿Conseguirá Ahmadinejad que el Parlamento iraní apruebe el memorándum? Y si lo consigue, ¿será con qué argumentos? ¿Aceptarán los imputados declarar en territorio argentino, es decir, en la sede de la embajada en Teherán? Es lo que exige el Código de Procedimientos para las indagatorias que se toman en el exterior. Además, ¿quiénes serán los defensores de los iraníes? El juez sólo puede aceptar abogados que estén inscriptos en el Colegio Público de la Capital Federal. También existe una controversia sobre las notificaciones rojas que pesan sobre los acusados. Según numerosos penalistas, entre los cuales está Miguel Bronfman, de la AMIA, Interpol puede levantar esos pedidos de captura sin que se lo pida Rodolfo Canicoba Corral.
Hay más interrogantes que anticipan que el camino que emprendió Cristina Kirchner será muy accidentado. ¿Qué sucedería si, por la dinámica del procedimiento, Canicoba tuviera que detener a algún interrogado? ¿La policía iraní obedecería esa orden o el detenido terminaría siendo Canicoba? A propósito de este magistrado, ¿quién le dará garantías de que dentro de un par de años los vientos de la política exterior no lo depositarán en el banquillo de su antecesor Juan José Galeano? Por ejemplo: desde la Casa Rosada impulsarían la reapertura del expediente del fallecimiento de Carlos Menem Jr. para reflotar la "pista siria" de la AMIA. Como sugirió la Presidenta imagina que aquella muerte habría sido una venganza de los sirios contra Carlos Menem. Sería curioso que los sirios hubieran llevado a Timerman a negociar con Irán para quedar ellos como culpables del atentado.
Sólo la Corte Suprema puede asegurar a Canicoba que no terminará protagonizando otra causa por irregularidades. Por lo pronto, la Corte deberá dictaminar si el acuerdo es inconstitucional, como pretenden la AMIA y la DAIA. El memorándum Timerman-Salehi puede ingresar en un túnel parecido al de la ley de medios. Y en las relaciones del máximo tribunal con la Casa Rosada habrá otro motivo de tensión.
La principal defensa de Timerman es que ahora la causa se acelerará hasta terminar en un juicio oral. Sin embargo, la señora de Kirchner explicó que la prueba reunida será revisada por una Comisión de la Verdad integrada por Irán. Hay que suponer que Canicoba no podrá dar un paso antes de que su propia actuación sea examinada por completo. La comisión es peculiar: aunque se llame "de la verdad", no podrá citar testigos ni coleccionar indicios. Su único cometido es auditar a la justicia argentina. Cuando se agote la intervención de Canicoba, el juicio continuará en las distintas alzadas, hasta llegar al tribunal oral. En esa instancia habrá que conseguir, en un trámite que acaso dure años, la extradición de los culpables. El derecho argentino no contempla el juicio en ausencia.
La peripecia de la Presidenta y su canciller será muy sinuosa. La victoria parlamentaria de anoche podría inaugurar una derrota. Algunos dirigentes de la comunidad judía calcularon que era mejor que el Congreso aprobara la ley. Uno de ellos razonó así: "Ahora se demostrará que el Gobierno cayó en una trampa. En cambio, si no la hubieran sancionado, nos acusarían de impedir el acceso a la verdad".
El destino jurídico del pacto con Irán es tan incierto que vuelve más urgente una explicación política. Varios diputados oficialistas divulgaron ayer la siguiente interpretación: "En la Cancillería dicen que lo que votamos no está en contradicción con Estados Unidos". Para algunos diplomáticos esa teoría se basa en un malentendido del propio Timerman cuando era embajador en Washington. Según esa lectura, el actual canciller siguió de cerca la aproximación de Brasil a Irán a fines de 2009, e interpretó, igual que algunos funcionarios brasileños, que obedecía a un impulso de Barack Obama. El propio Obama desmintió más tarde esa visión.
Timerman puede haber seguido otros criterios para convencer a la Presidenta de que también en Estados Unidos desconfiaban de la tesis que atribuye el atentado a Hezbollah con el apoyo de Irán. Uno de ellos habría sido el artículo que publicó Gareth Porter el 18 de enero de 2008 en The Nation. Sobre la base de una investigación del argentino Gabriel Levinas, Porter desconsideró la intervención de una trafic-bomba. También citó al agente especial del FBI James Bernazzani, para quien no había pruebas suficientes de la participación de Hezbollah. Sin embargo, el propio Bernazzani declaró, en un artículo de Simon Romero en The New York Times del 22 de noviembre pasado: "Lo que pudimos demostrar fue que el individuo que estaba en aquella trafic era hijo de un líder de Hezbollah". El cambio se debe a que entre la primera y la segunda afirmación de Bernazzani fue identificado Ibrahim Hussein Berro como el atacante suicida.
La presunción de que el acuerdo de Cristina Kirchner con Ahmadinejad es inocuo para la relación con Estados Unidos ya comenzó a ser refutada. No sólo ese país encendió alarmas sobre los intercambios de tecnología que se habilitarían entre Irán y la Argentina, y endureció su condena a la política económica, como informó ayer LA NACION. La audiencia de la Cámara de Apelaciones de Nueva York por los juicios de los holdouts fue ayer para el Gobierno muchísimo peor de lo esperado. Además, el Departamento de Estado acaba de modificar su posición frente a la disputa con el Reino Unido por la soberanía de Malvinas. En enero de 2011, Hillary Clinton declaró que su país "alentaba a ambas partes a resolver sus diferencias a través del diálogo". Ya había aceptado la oferta de la Presidenta de oficiar como posible mediadora, algo que la prensa británica calificó como "puñalada por la espalda".
El lunes pasado, en su primera visita a Londres como sucesor de Clinton, John Kerry ya no recomendó que las partes se sienten a dialogar sobre soberanía, que es el principal reclamo argentino. En cambio dijo que esperaba "cooperación en asuntos prácticos", que es lo que demanda el Foreign Office cuando habla de pesca, cruceros y petróleo. Kerry enmarcó su sutil giro en una fórmula ritual: la posición de Obama -sostuvo- no se modificó. Cristina Kirchner dice lo mismo de sus relaciones con Irán.
