Como el resultado que la política de controles de precios registró en Venezuela, según el seguimiento del Banco Central de ese país, y espejo en el que varios funcionarios locales pretenden mirarse (¿para obtener los mismos resultados?).

El dato parece haber sido pasado por alto en la Secretaría de Comercio de Guillermo Moreno que, por estos días, más vale se apresta a “profundizar” los controles o, al menos, la amenaza de ellos.

Al margen de la rica experiencia local de fracasos continuos en la materia, es interesante ver, a la distancia, lo que ocurrió en el país bolivariano a partir de estas políticas y cuáles fueron los resultados objetivos.

Por ejemplo, del informe preparado el año pasado surgen, entre los principales resultados, que, además del mencionado desabastecimiento, la política de precios destruyó la capacidad de inversión privada, algo casi obvio si se considera que prácticamente se obliga, en muchos casos, a trabajar con precios por debajo de los costos.

Lo peor surge del hecho de que el objetivo perseguido, controlar/detener la inflación, no se consiguió, ya que la misma, en 10 años, supera el 1.200%, y en los productos regulados el incremento promedia 490%.

Y, por otra parte, si bien es cierto que estos aumentaron bastante menos (no olvidar que, teóricamente, están “controlados”), en contraposición también fueron los que cayeron más en su producción.

Siguiendo con el Caso Venezuela, según el diario El Nacional, “cuando se aplicó el control de precios en 2003, los voceros del Gobierno indicaron que sería una medida temporal para enfrentar las consecuencias del paro petrolero y para frenar el alza de la inflación. Sin embargo, la regulación se volvió una medida permanente”, afirma antes de preguntar: “¿Si el control de precios es tan bueno, luego de 10 años, no tendríamos que tener un abastecimiento pleno y una estabilidad de precios?”.

Cualquier similitud, es mera coincidencia.

Pero hay otro factor no mencionado, de la misma gravedad que los anteriores, y que se suma al desabastecimiento, a la destrucción de la producción local y al desaliento de las inversiones (nacionales y extranjeras), y que es que este tipo de supuestos controles generan una importante alteración de los mercados y un sustancial desvío de recursos entre sectores.

Esto, a su vez, beneficia a grandes porciones de población no necesitada. Dicho de otra forma, aunque se busca beneficiar a los grupos más vulnerables, de menor poder adquisitivo, la realidad es que el beneficio alcanza también a la clase media y media alta que recibe, así, transferencias de parte de los productores (que se van fundiendo y desapareciendo), a pesar de que su poder de compra les permitiría afrontar el costo real de los productos.

Una especie de Robin Hood al revés: le saca a los que producen que son más débiles, para darle a los que tienen.

Una ecuación difícil de digerir, y mucho más de justificar, aún para los chavistas.

El agravante es que en una sociedad organizada (o mejor dicho, “desorganizada”) de esta forma, los que terminan siendo los principales beneficiarios son los que se ubican al margen del sistema que, de hecho, fomenta el agio, la especulación, la evasión impositiva y toda una serie de etcéteras bien conocidos.

Entonces, la pregunta frente a ese espejo es: ¿por qué la Argentina opta entonces por el mismo modelo, como si no le alcanzaran las propias experiencias fallidas?

Fuente: Campo 2.0