Habrá continuidad en casi todo. En el modelo económico, la política sobre el dólar, el control de precios y los índices del INDEC.

Y en sostener un fuerte gasto público para apuntalar la estrategia electoral.

Pero también continuarán los enfrentamientos con la justicia, con la oposición, con los gremios que no acaten las pautas salariales que son dictadas desde el poder y con el periodismo que no se encolumna frente a la Casa Rosada.

En cada discurso público, con o sin cadena nacional, y en cada mensaje por Twitter o Facebook, Cristina muestra por donde irá su gobierno.

Un claro ejemplo lo dio cuando le advirtió a los jueces que ya tiene listo su plan para modificar el funcionamiento del Poder Judicial.

El cristinismo considera que tiene los pergaminos suficientes para democratizar la justicia bajo el dogma K.

Cristina parece enfurecida cada vez que algún juez saca una medida cautelar que va contra sus deseos. Pero nada dice cuando benefician a su gobierno.

Y mientras, esperar con poca paciencia que la justicia defina el futuro de dos artículos de la ley de medios (el resto está en plena vigencia), destinados a desguasar al Grupo Clarín, algunos de sus funcionarios o ex colaboradores están en la mira de los jueces.

Tal el caso de los ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime o Juan Pablo Schiavi, por la tragedia de Once.

O Amado Boudou, que es una pesada carga para el cristinismo y es investigado por el caso de la ex Ciccone.

Pero el Vice también está bajo sospechas de malversación de dinero público.

Un grupo de jubilados lo acusa, junto a Diego Bossio, titular de la ANSeS, de derivar dinero de ese organismo al Fútbol para Todos y otras actividades.

El Fiscal Federal Guillermo Marijuan está a cargo del caso como titular de la unidad para la investigación de delitos de la seguridad social.

Para Boudou, Marijuán era sinónimo de buenas noticias porque desestimó una acusación por sus denuncias contra el estudio del ex Procurador Esteban Righi y el titular de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi

Y también dejó sin efecto una investigación sobre la supuesta falsificación de datos en su declaración de bienes.

La imagen de Boudou parece estar por el piso, según algunas encuestadoras, pero el Vice y las principales espadas del kirchnerismo santafesino prefirieron vincular la rechifla y los abucheos durante el acto por el bicentenario de la batalla de San Lorenzo, a la fuerte pelea con el socialismo en esa provincia.

Lo cierto es que bajo el clima de intolerancia que se vive en la Argentina, se produjeron los insultos al viceministro de Economía, Axel Kicillof, cuando volvía con su familia desde el Uruguay.

El asunto es que cada sector de la sociedad debe analizar en qué contribuye a ese clima. Y el gobierno debe ser el primero en realizar un examen de conciencia.

Mientras tanto, no solo el socialismo está en la mira del gobierno, como enemigo, en un año electoral. Aparecen el macrismo, la izquierda combativa, los radicales y el peronismo disidente, con el gobernador cordobés José Manuel de la Sota a la cabeza.

Por eso, el kirchnerismo tiene bajo presión a dos figuras que quieren, en algún momento del futuro cercano, tener vuelo propio: Daniel Scioli y el intendente de Tigre, Sergio Massa.

El gobernador depende como nunca de la asistencia económica de la Nación, porque la carga impositiva no es suficiente para pagar aumentos salariales, aguinaldo, continuar con la obra pública, la asistencia social, etc. etc.

La orden de Cristina es impedir que saquen los pies del plato, mientras decide que espacio dará a cada sector en las listas de candidatos después de La Cámpora.

El problema para la presidenta es que su cuñada no mide bien en Buenos Aires, como ella espera, para encabezar la lista de diputados y por eso necesita que Scioli y Massa sumen votos para la santacruceña Alicia Kirchner.

Otro capítulo es la relación con el sindicalismo. Oficialistas y opositores están defraudados por la modificación del impuesto a las ganancias, que será devorada por los aumentos salariales que consigan para este año los gremios.

Los que están al calor del cristinismo aspiran a lograr otra modificación de ese impuesto, antes de las elecciones de octubre, aunque saben que hoy eso suena a fantasía.

En la lista de reclamos hay otras cuestiones como las asignaciones familiares, la ayuda escolar por hijo y la millonaria deuda que el Estado tiene con las obras sociales sindicales.

Las recriminaciones al gobierno se van acumulando puertas adentro de la CGT oficialista que encabeza el metalúrgico Antonio Caló y sus dirigentes no están dispuestos a cerrar acuerdos salariales que impliquen al trabajador una pérdida mayor a la del año pasado.

Es más, al igual que la CGT de Moyano o la de Barrionuevo o la CTA de Micheli, quieren compensar, con los aumentos, la pérdida de los sueldos frente a la inflación y al anuncio de ganancias que no fue el año pasado.

Es por eso que habrá que prestarle mucha atención a paritarias como las de la UOM o el SMATA, que son pilares del sindicalismo oficialista.

Del otro lado, Moyano y Barrionuevo ya avisaron que tratarán de arrimar al 30 % o más de mejora.

Un caso especial es el hiperoficialista Hugo Yasky (una de las dos CTA). Habrá que ver cómo reacciona cuando los docentes de distintos puntos del país se muestren disconformes con los aumentos que les ofrezcan.

En ese marco, los sindicalistas de ambos lados se muestran escépticos con el congelamiento de precios que anunció el gobierno.

Han pasado las administraciones, incluidas las de Néstor y Cristina Kirchner, y esos acuerdos han demostrado en la historia argentina de las últimas décadas, que suelen durar casi lo que un suspiro. Y terminan perjudicando a los que menos tienen.