Los productores agropecuarios sufrimos una discriminación impositiva ya que afrontamos impuestos a las ventas (retenciones) con altos porcentajes, como en el caso de la soja, de hasta el 35 por ciento, y pagamos además todos los impuestos del resto de los sectores económicos, como ganancias, bienes personales, impuesto al cheque, hasta Ingresos Brutos en algunos casos, impuesto inmobiliario y tasa comunal por hectárea.
Los productores no vendemos tierra, no vivimos del valor inmobiliario del campo, sino que debemos hacerla producir.
Desde la SRA consideramos que este aumento del impuesto inmobiliario, que significa recaudar más tributos para la Nación en detrimento de un verdadero federalismo, atenta contra la capacidad productiva del campo, contra la inversión de largo plazo y contra el desarrollo de los pueblos del interior.
La suba del impuesto inmobiliario se enmarca en una actitud generalizada del gobierno central que transfiere el ajuste que dice no querer realizar a las provincias, quienes no dudan en sofocar económicamente al sector productivo.
