El gobierno nacional ha definido como política de Estado que el desarrollo de la biotecnología es fundamental para poder cumplir con las metas del PEA (Plan Estratégico Alimentario 2020).
Puedo hacer esta afirmación y apoyar la estrategia de este Gobierno en este tema, porque las actuales autoridades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca han dado continuidad a la gestión del anterior Ministro, Julián Domínguez, aprobando importantes eventos biotecnológicos que nos coloca nuevamente a nivel de EE.UU. y Brasil.
Al mismo tiempo se siguió avanzado para tener muy pronto una nueva legislación que de previsibilidad a quienes invierte en esta industria, para que el país pueda lograr mayores producciones en cantidad y calidad, con buenas rotaciones de cultivos, cuidando el medio ambiente.
En ese marco, el ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, acaba de anunciar en un acto ante todo el Complejo Agroindustrial que ha sido aprobada una nueva soja -INTACTA EE2 PRO de Monsanto- después de cumplir con todos los pasos dispuestos por una de las reglamentaciones más rigurosas que tiene el país centralizada en la CONABIA (Comisión Asesora de Biotecnología). Además, aprovechó el encuentro para anunciar que el Poder Ejecutivo en poco tiempo enviará al Congreso de la Nación la propuesta de modificación de la ley de semilla que se discutió en el PEA y que ahora está buscando el mayor consenso a través de la realización de talleres entre las partes, para poder acortar el debate legislativo.
En los últimos años se produjeron importantes aumentos en la producción agrícola como resultado de nuevas investigaciones, la innovación tecnológica y la siembra directa. Los dirigentes y productores que no advirtieron el nuevo escenario se fueron quedaron afuera de esta nueva realidad.
Muchos otros productores, sin importar su tamaño, su zona o el cultivo en cuestión, fueron adoptando las nuevas tecnologías a sus sistemas productivos, complementado con los nuevos mecanismos de asociación en redes que potenciaban los individualismos, subiéndose al tren del desarrollo como pudimos observar en el último Congreso de Aapresid.
El escenario actual es el siguiente: la demanda de tecnología se va a potenciar de ahora en adelante, no porque así lo quieran investigadores y obtentores, sino porque los productores van a exigir nuevos eventos mejoradores para poder seguir siendo competitivos.
En el futuro un nuevo paquete tecnológico va a ser imprescindible para aumentar la producción en volumen y calidad. Se trata, sin duda, de la única tecnología que asegurará mayores ingresos a los productores sin discriminar por tamaño. Puedo afirmar con fundamento que no conozco ningún pequeño productor que se haya fundido por pagar regalías, pero sí a muchos que salieron del sistema por estar mal asesorados y defendidos.
Este tema ya no se discute a nivel del productor. Es una discusión sólo entre los dirigentes. Con analizar la aceptación de nuevos eventos todos los años por parte de los productores, debido a la necesidad de contar con las semillas específicas con tratamiento profesionalizado para llevar directamente al lote, y el compromiso que asumen otros para poder disponer el nuevo evento anunciado por Monsanto, son motivos suficientes para asumir el cambio de actitud de los productores.
Por lo tanto, es un tema menor para el gran número de productores que ya se maneja por productividad, que saben que al pagar regalías no están haciendo un gasto sino una inversión. Los verdaderos problemas de los productores son otros: la alta presión impositiva, los mayores costos por la falta de un infraestructura adecuada, la ineficiencia del Estado en el cumplimiento de sus funciones indelegables y la consiguiente falta de previsibilidad para la inversión.
Definidos estos conceptos o realidades, lo que hace falta es terminar de consensuar y sancionar una nueva legislación que actualice la Ley 20.247 de Semillas y Creaciones Fito genéticas que permita definir las responsabilidades de las partes y el mecanismo de control para que paguen regalías todos los años todos los productores por la semilla que usen cuando reproducen la semilla fiscalizada, quedando excluidos solamente de pagar los pequeños productores que usaran a título gratitud una determinadas cantidad de hectáreas.
Del mismo modo, sería muy importante para el país que, ante la gran demanda de alimentos del mundo y las importantes posibilidades que se presentan, el Gobierno asuma, al igual que lo hizo con la biotecnología, una política de Estado que le de previsibilidad al conjunto del complejo agroindustrial argentino, el más competitivo y eficientes del mundo.
