Tampoco con anterioridad se había visto a hombres de negocios riéndose en la cara del representante gubernamental que buscaba convencerlos de que nuestro país está condenado al crecimiento y de que "jamás escucharán a la Presidenta echándoles la culpa a otros, haciendo reproches, olvidando pactos o desconociendo los problemas".

Semejante papelón lo protagonizó el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, el jueves pasado en el hotel Alvear, durante un seminario organizado por el Consejo de las Américas, en el que estuvo acompañado por los ministros de Economía, Hernán Lorenzino, y de Industria, Débora Giorgi. Casi al mismo tiempo, el presidente de YPF, Miguel Galuccio, no podía ocultar ostensibles dificultades para seducir a inversores de riesgo.

Desde hace mucho tiempo, los capitales no se dirigen a países donde no tienen garantías de que puedan salir. El modelo cristinista está trascendiendo las fronteras argentinas por los abusos derivados de las expropiaciones de empresas; la prohibición de comprar moneda extranjera; las restricciones al giro de utilidades al exterior; la falta de estadísticas oficiales confiables; la deuda impaga con el Club de París (unos 9000 millones de dólares) y con los bonistas que no adhirieron al canje (otros 3500 millones de dólares); los fallos del Ciadi contra la Argentina aún no cumplidos; la exclusión del país del sistema general de preferencias por el gobierno de Barack Obama; la denuncia de 40 países ante la Organización Mundial de Comercio por las restricciones a las importaciones y la falta de acceso al crédito internacional.

Al igual que ante el auge de la delincuencia, el Gobierno ahora intenta convencer a los inversores extranjeros de que aquellas cuestiones son sólo una sensación, alimentada por medios periodísticos y calificadoras de riesgo. En otras palabras, de la llamada cadena del miedo y del desánimo. El problema radica en que, en el transcurso de las últimas semanas, se han sucedido demasiados hechos asociados a un intervencionismo estatal arbitrario y a la inseguridad jurídica, que espantarían hasta al más inocente inversor.

El principal de esos hechos se vincula con algo tan preciado como la libertad para salir del país. Nunca los argentinos percibimos tantos obstáculos para viajar por el mundo. Son cada vez más quienes están convencidos de que no falta mucho para que el Gobierno imponga un impuesto a los consumos en el exterior con tarjetas de crédito. Esto explica que muchos de los que piensan visitar otro país el próximo verano ya estén anticipando el pago de los servicios aéreos y hoteleros, adelantándose a cualquier posible cambio en las reglas de juego.

Incluso si un residente en la Argentina decidiera vender su patrimonio en el país para radicarse en el exterior se encontraría con severos problemas. Si vendiera sus propiedades en pesos, no estaría habilitado para convertirlos en moneda extranjera. Y si tuviera la suerte de que por sus propiedades se le pagaran dólares, no podría transferirlos legalmente hacia su país de destino. Sólo le quedaría recurrir a algún circuito ilegal o bien hacer sucesivos viajes, transportando hasta 10.000 dólares en cada uno de ellos.

El derecho de propiedad se ha visto sacudido por la intervención y la virtual confiscación de las acciones de Repsol en YPF y también por el más reciente decreto de intervención de la ex imprenta Ciccone, emitido antes de la ley de expropiación sancionada por el Congreso. Este decreto no sólo sería ilegal e inconstitucional ya que ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo tienen facultades para intervenir una empresa privada, algo que sólo puede hacer la Justicia dentro de ciertas condiciones. También es inconstitucional por no existir las condiciones de necesidad y urgencia que lo justifiquen; la única urgencia era esconder las huellas de la corrupción y encubrir al vicepresidente Amado Boudou. Finalmente, el nombramiento del ministro Lorenzino y de la titular de la Casa de Moneda, Katya Daura, como interventores en la ex Ciccone violaría la ley de ética pública, que prohíbe que un funcionario ejerza funciones en empresas sujetas a su propio control o que sean proveedoras o contratistas del Estado. El artículo 17 de esa ley determina que los actos dictados en situación de incompatibilidad son nulos de nulidad absoluta.

Como para sembrar más temor, el ministro de Justicia, Julio Alak, y el jefe del bloque de diputados kirchneristas, Agustín Rossi, revelaron el martes que el Gobierno tenía en estudio un anteproyecto de ley tendiente a "garantizar la accesibilidad de todas las personas" a countries y barrios cerrados, a fin de "evitar zonas residenciales y de esparcimiento aisladas". El avance de esa iniciativa no sólo hubiera significado un golpe contra la natural tendencia de la población a refugiarse del flagelo de la inseguridad, sino también contra la propiedad privada. Los countries se han organizado bajo un régimen similar al de la propiedad horizontal, donde hay espacios comunes solventados por los copropietarios en proporción a la superficie que cada uno posee. Admitir la libre circulación en un barrio privado equivaldría a permitir el acceso de cualquier persona al hall o a la piscina de un edificio de departamentos.

Un días después, apercibidos por la propia Cristina Kirchner tras la negativa reacción de la opinión pública, Alak y Rossi negaron sus propios dichos y, como de costumbre, culparon al mensajero.

Como no podía ser de otra manera, la culpa de los desaciertos del oficialismo siempre es del periodismo. La Presidenta ya le ha puesto fecha a su próxima batalla. Comenzará el 7 de diciembre, día en que vencería el plazo de la medida cautelar presentada por el Grupo Clarín contra el artículo 161 de la ley de medios audiovisuales, que obliga a esa empresa a desprenderse de algunos medios de comunicación, desconociéndose las licencias otorgadas por el Estado con anterioridad a la sanción de esa norma y el principio de no retroactividad de la ley, además de los derechos de propiedad y de libertad de expresión.

Si hasta el 7 de diciembre no hay un pronunciamiento judicial sobre la cuestión de fondo, el Gobierno tendría resuelto avanzar hacia el desguace del Grupo Clarín y algunos de sus canales de televisión podrían salir del aire. La firma afectada sostiene que, en el caso de que ese día entrara a regir el artículo 161, hoy suspendido, tendría un año desde ese momento para adecuarse a la nueva norma, lapso durante el cual podría obtener una sentencia favorable.

Un ex ministro de Comunicación del gobierno venezolano de Hugo Chávez, Andrés Izarra, señaló que su objetivo no era otro que avanzar hacia "la hegemonía comunicacional e informativa del Estado".

Al referirse al modelo Chávez, el académico hispano-venezolano Marcelino Bisbal lo caracteriza así: "Uso indiscriminado de las cadenas por parte del presidente; menciones denigrantes o intimidatorias contra periodistas y propietarios de medios; agresiones contra reporteros y camarógrafos; ataques directos contra instalaciones de medios; uso de recursos administrativos como medidas de presión; desatención de las medidas cautelares a favor de comunicadores emanadas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; retiro de la publicidad oficial a aquellos medios críticos con el gobierno; falta de acceso a la información pública; sesgo informativo en los medios del Estado". Cualquier parecido con la realidad argentina no es mera casualidad.