La suba de las retenciones al biodiesel anunciada por el gobierno nacional representará un aumento en la recaudación por derechos de exportación de unos u$s 100 millones este año si, como calculan fuentes de la industria, las ventas externas del año se equiparan a las de 2011, cuando totalizaron poco más de u$s 2.000 millones.

A través de un decreto publicado el viernes en el Boletín Oficial, que lleva la firma del ministro de Economía, Hernán Lorenzino; la ministra de Industria, Débora Giorgi y su par de Planificación Federal, Julio De Vido, las retenciones para el biocombustible elaborado a partir de aceite de soja pasaron de 14% a 24,2% y con este tributo, la recaudación anual ascendería a unos u$s 380 millones.

En paralelo, la resolución anunciada en conferencia de prensa por Lorenzino y su viceministro, Axel Kicillof, fijó el precio del biocombustible para el mercado interno en $ 4.405,3 por tonelada de biodiesel, lo que representa una baja del 15% respecto al último valor publicado por la Secretaría de Energía para el mes de junio, que fue de $ 5.195. Con un consumo anual cercano a las 800.000 toneladas, para lo que resta del año el recorte de los ingresos para las fabricantes será del orden de los u$s 120 millones.

De esta manera, las empresas dejarán de percibir ingresos por unos u$s 220 millones durante los meses que faltan para terminar 2012. Empresarios del sector dijeron a El Cronista que la medida se temía, y que se hicieron todas las gestiones posibles para tratar de evitarla. Una fuente empresaria evaluó que la resolución responde a que el Ministerio de Planificación que comanda De Vido, un ferviente impulsor de la industria de los biocombustibles, no pudo imponerse a una medida impulsada por Kicillof. Este diario intentó comunicarse con el Ministerio de Planificación y no obtuvo respuesta.

El Gobierno nos pidió hace unos quince días que le presentáramos nuestra estructura de costos y así lo hicimos, y no entendemos por qué después toma esta medida, expresó José Luis Martínez Justo, presidente de la Cámara de Empresas Pymes de Energía y Biocombustibles (Cepeb). Desde mañana van a empezar a cerrar empresas, agregó, refiriéndose a una treintena de firmas que nacieron a partir de la Ley de Promoción de Biocombustibles (Nº 26.093) sancionada en 2006 y reglamentada posteriormente.

Pero no solamente las pymes están en problemas. Desde las empresas más grandes del sector que nuclea a firmas internacionales como Cargill, Dreyfus y Glencore, además de Aceitera General Deheza, Vicentín y Ecofuel, entre muchas otras, existe preocupación sobre el futuro de una actividad en la que invirtieron más de u$s 1.000 millones en los últimos cinco años.

La industria de los biocombustibles en la Argentina se desarrolló de la mano de las exenciones impositivas incluidas en la ley de promoción de 2006 que consistió en un principio en un mecanismo para empresas locales, y suponía que las firmas que destinaran la producción al mercado interno no serían las gigantes aceiteras, que se dedicarían al mercado exportador.

Pero las demoras en la reglamentación de la ley y las indefiniciones en cuestiones básicas como el precio de venta local que hasta el viernes calculaba mensualmente la Secretaría de Energía limitaron la inversión local en muchos casos. Mientras, el negocio de exportación se fue ampliando al amparo de un mercado demandante y con precios crecientes. Por eso, el Gobierno debió incluir en el cupo local a las empresas exportadoras, especialmente aceiteras. El negocio cerraba por buenos precios y un mercado cautivo, en función de que las petroleras locales deben cortar el gasoil con biodiesel en una proporción no menor al 7%.

Para 2012 la producción nacional de biodiesel se proyecta en 3 millones de toneladas contra las 712.000 toneladas de 2008 de las cuales más de dos tercios se destinan a la exportación. Pero a partir de la resolución publicada el viernes, el Gobierno no sólo recortó los ingresos de las empresas con más retenciones, sino que además bajó el precio del mercado interno, medida que encierra la posibilidad de reducir la estructura de costos de los combustibles en el país.