Este es el diagnóstico unánime de los economistas y tributaristas consultados por LA NACION, que también afirmaron que el reclamo del secretario general de la CGT, Hugo Moyano, de eliminar este impuesto para todos los asalariados es imposible e ilógico. En cambio, subrayaron que más importante que el cambio del mínimo es la actualización de las escalas congeladas desde fines de los 90, para que el beneficio de la suba del mínimo no se evapore.

La presión de Ganancias sobre las personas físicas pasó de 1,65% en 2010 a 1,99% en 2011; además, la recaudación por este gravamen creció 41,7%, según los datos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). En particular, LA NACION quiso saber cuántos asalariados fueron alcanzados por este impuesto y qué monto pagaron, pero la conducción del organismo fiscal no brindó precisiones al respecto.

La última cifra disponible es la de la suba de marzo de 2011, cuando el mínimo no imponible subió 20% y 405.917 personas dejaron de pagar, con un costo fiscal anual de $ 3245 millones. El proyecto que presentará hoy parte de la oposición en Diputados estima una pérdida inicial cercana a los $ 4500 millones, que sería subsanada por un gravamen a la renta financiera (ver aparte).

De todos modos, el aumento del 20% fue bastante inferior al crecimiento del 35% que registraron los salarios, según el Gobierno,

Pese a este constante incremento de la presión impositiva, los especialistas no concuerdan con el diagnóstico sindical de que los salarios no deben pagar Ganancias, aunque afirman que el piso para pagar debe ajustarse a la evolución real de la inflación, tal como la miden las provincias, las consultoras privadas o el propio Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) a través de los precios mayoristas.

Según el Instituto Tributario de la Federación de Graduados en Ciencias Económicas, si estas escalas se actualizaran de acuerdo aun con la inflación del Indec acumulada desde 2002, los empleados en relación de dependencia pagarían, en promedio, un 50% menos por Ganancias.

El director de la consultora ACM, Maximiliano Castillo, dijo que "la discusión sobre Ganancias y asignaciones familiares es uno de los emergentes y costos que genera un esquema macroeconómico que no atiende a la problemática de la inflación", al punto de no determinar cuál es el número real.

Su par de Prefinex, Nicolás Bridger, afirmó que "no ajustar el mínimo no imponible ni el tope de las asignaciones implica un incremento -no autorizado por el Congreso- impositivo por estos conceptos, lo cual como mínimo vulnera el espíritu de la ley" del impuesto a las ganancias.

A menor inflación, menor presión de los gremios para pedir subas salariales cercanas al 25%, como este año, o del 35%, como en 2011. Aunque el Gobierno se beneficia con la inflación -con licuación de sus gastos y una mayor recaudación- a la vez pierde por el atraso cambiario y por las mayores presiones de los empresarios y los sindicatos ante la suba de los costos.

La directora del estudio Bein, Marina Dal Poggetto, sostuvo que "lo importante no es si los trabajadores deben o no pagar Ganancias, sino cuál es un esquema lógico, progresivo y, sobre todo, cómo se hace para que sea estable en el tiempo".

El tributarista César Litvin, socio del estudio Lisicki, Litvin & Asociados, indicó que la pretensión de Moyano "no es viable porque las remuneraciones son indicios directos de capacidad económica". O sea, los trabajadores -y el resto de la sociedad- deben pagarlo pero "a partir de mínimos no imponibles elevados y con actualización automática", que no dependa de poder discrecional del Poder Ejecutivo.

Litvin, que también preside el instituto tributario de la federación de graduados, subrayó que, hasta ahora, ninguno de los proyectos legislativos referidos a ganancias contempla la actualización de las escalas.

Respecto de las asignaciones, Dal Poggetto dijo "el Gobierno financió la asignación universal por hijo con la cuasi eliminación del esquema a los trabajadores formales".

Nadin Argañaraz, del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), dijo que las dos cuestiones están entrelazadas: "Todos los ciudadanos deberían pagar el mismo impuesto si reciben un ingreso similar, siempre y cuando los aportes a la seguridad social les garanticen un futuro ingreso digno. Y las asignaciones deben ajustarse por la inflación".

50%

Menos

Sería la reducción en el pago de Ganancias si el mínimo y las escalas se ajustaran por la inflación.