La resaca de la fiesta trajo algunas preguntas incómodas: ¿y ahora qué? ¿Cómo se sigue? Toda fiesta tiene un costo. Dos empresas petroleras norteamericanas le pidieron al Gobierno triplicar el precio del gas en boca de pozo para asociarse a la nueva YPF. El Gobierno se debate ahora entre aceptar esa propuesta sólo para las compañías norteamericanas o extender el aumento a todas las petroleras que extraen gas en la Argentina. Es la primera consecuencia práctica y tangible por las formas que se usaron para la expropiación de YPF.
Cristina Kirchner, que deberá hacer algo más que eso para seducir a los petroleros de los Estados Unidos, ha percibido dos cosas. Sabe que la expropiación de YPF , en los términos inconstitucionales en que se hizo, compromete seriamente a su gobierno en el exterior. Es consciente, al mismo tiempo, de que sólo un desembarco de norteamericanos podría compensar la irritación europea que provocó la agresión a Repsol.
Los norteamericanos son, por su parte, los petroleros más experimentados del mundo en el trato con gobiernos complicados. Han estado con Khadafy y con Saddam Hussein y todavía reman al lado de los ayatollahs iraníes y de Hugo Chávez. Nuestra actividad es así. No hay petróleo en Suiza, desgraciadamente , ha dicho, irónico, un importante directivo de esa industria.
Además del precio, que fulminaría la tesis Kicillof sobre el supuesto margen correcto de las ganancias empresarias, las petroleras norteamericanas están exigiendo un régimen impositivo especial y garantías incuestionables sobre liquidaciones de ganancias y acceso al dólar. Del mismo modo que la Presidenta conoce sus necesidades, las petroleras saben su fortaleza: si éstas dijeran que no, el gobierno argentino se quedaría aislado de cualquier mundo y sin dinero para invertir en la nueva YPF. Esta desesperación kirchnerista por mostrar una administración menos imprevisible es lo que explica, también, la designación de Miguel Galuccio como virtual CEO de YPF.
Galuccio, un reconocido experto en petróleo que trabajó hasta ahora en una importante empresa británica, fue una elección correcta de Cristina Kirchner. Falta que la Presidenta defina, en los hechos, qué significará la "dirección política" a la que ella sometió de entrada a Galuccio. ¿Qué significará también una YPF llena de jóvenes, como pronosticó Cristina? ¿Jóvenes expertos en petróleo o jóvenes rentados para ser militantes? Este último caso es el de Aerolíneas Argentinas, que le cuesta al Estado un déficit diario de casi dos millones de dólares. Es mejor Galuccio que Kicillof como interlocutor para los empresarios norteamericanos, pero éstos están exigiendo cosas más concretas que una cara simpática y versada. Una franja del Gobierno (Julio De Vido la lidera) lo sabe.
La expropiación de YPF provocó tantas emociones políticas como psicosis colectiva. ¿Cuál es la próxima meta del Gobierno? Las eventuales expropiaciones de distribuidoras de gas y de electricidad serían más una necesidad política que un proyecto deseado. Están económicamente destruidas. Otro sector del Gobierno, más radicalizado, analiza nuevas y rentables expropiaciones, como las de empresas mineras. Estela de Carlotto anunció esa decisión en un reportaje al diario español El País. La influyente presidenta de las Abuelas suele hablar frecuentemente con Cristina.
Sin elementos nuevos ni viejos que respalden ninguna conjetura, los banqueros están recibiendo insistentes preguntas sobre el Gobierno y las cajas de seguridad. Hay más de 700 mil cajas de seguridad en el país y todas están contratadas por argentinos comunes y corrientes. Especialistas en bancos señalan que en cada una de ellas hay dólares, pocos o muchos. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia fijó una frontera inquebrantable cuando consideró a las cajas de seguridad como propiedad privada. Esto es: el acceso del Estado a ellas sólo puede ser decidido por un juez, como el allanamiento a una vivienda. Otro obstáculo es más bien político: una decisión de esa naturaleza podría desestabilizar el sistema financiero. ¿Para qué lo harían? Son sólo especulaciones, consecuencias de una administración que muchas veces no vaciló en esquivar la ley. Decir "vamos por todo" también tiene su precio.
Hay un contraste notable entre las conquistas políticas de la Presidenta y sus magros resultados económicos. La dirigencia se mueve hechizada por las victorias políticas. La sociedad, en cambio, hace cuentas. Hay una coincidencia significativa entre la caída vertical de la confianza del consumidor en los últimos meses, medida por Poliarquía para la Universidad Di Tella, y los números que manejan los bancos. Los depósitos a plazo fijo aumentaron en 50.000 millones de pesos desde fin de año, con tasas que se ubican en el 12 por ciento anual. No se pagan esas tasas en el mundo actual. Los bancos, que tienen liquidez, ofrecen créditos para el consumo, pero casi nadie los quiere.
Las reiteradas y contradictorias intervenciones del Banco Central en el mercado de cambios están mostrando una pelea entre dos codiciosos de dólares: el Gobierno y los argentinos. Las restricciones en el mercado cambiario son muy fuertes, pero no han logrado eliminar la salida de capitales, la mejor expresión de la desconfianza política y económica.
Hasta el sector agropecuario está dando novedades menos buenas que las esperadas. El precio de la soja se mantiene en un nivel alto, pero los rendimientos de la cosecha son bajos por efectos de la pasada sequía. La producción nacional de soja de este año podría ser un 20 por ciento menor que su volumen histórico. El maíz se podría desplomar a sólo el 50 por ciento de la producción prevista. La industria nacional siente, a su vez, la retracción propia del freno abrupto a las importaciones.
Ya no gastamos el tiempo en mejorar nuestra producción, sino en hacer trámites interminables en la oficina de Moreno , contó un empresario argentino. Las importaciones de insumos tienen una enorme importancia para la producción de casi toda la industria nacional. Chile recibió en 2011 el doble de inversión externa directa que la Argentina, todavía la tercera economía de América latina después de Brasil y de México.
Ya sea por la retracción de la economía o por el desmesurado intervencionismo del Estado, lo cierto es que en el último año se produjo una notable desvalorización de las empresas. YPF vale hoy un 50 por ciento menos de lo que valía hace un año. El valor de las empresas siderúrgicas cayó otro 50 por ciento. El precio de las compañías telefónicas descendió un 40 por ciento, tal vez por la presión para que no liquidaran dividendos. Los propios bancos perdieron entre un 35 y un 50 por ciento de su valor bursátil.
La desconfianza no sólo es hacia el Gobierno, sino que abarca a gran parte de la dirigencia política. Diputados radicales desmintieron enfáticamente que la conducción peronista de la Cámara haya aumentado el número de contratos de algunos legisladores inicialmente díscolos ante la expropiación. Hay que creerles. El radicalismo debe explicar todavía, con todo, por qué se envolvió en una retórica opositora para terminar apoyando el proyecto oficial. Más del 80 por ciento de los diputados y más del 90 por ciento de los senadores votaron a favor del proyecto oficial. Un 40 por ciento de la sociedad, a la que no le gustó esa decisión, quedó huérfana de representación política.
¿Cómo reaccionaría el 60 por ciento de la sociedad que apoyó la expropiación si a empresas petroleras norteamericanas se les diera muchas más seguridades y ganancias que a la denostada Repsol? Ninguna opción es buena: la Presidenta enfrentará ese desengaño social o deberá profundizar un modelo ya fatigado..
