Desde que Cristina Kirchner creó el Ministerio de Agricultura, en septiembre de 2009, y designó a un político con vocación dialoguista como Julián Domínguez el Gobierno desarmó el clima hostil con el campo, instalado desde el conflicto por las retenciones móviles, en 2008.

Las continuas recorridas de Domínguez por el interior más los fondos públicos que entregó el Gobierno a productores en emergencia fueron otros factores que influyeron para mejorar la relación con el campo, al menos en lo formal.

En la vereda de enfrente, la Comisión de Enlace se fue disgregando por sus diferencias internas, en vez de aglutinarse alrededor de una propuesta común. Lo mismo les sucedió a los doce agrodiputados que surgieron de las entidades rurales en los comicios legislativos de 2009.

En ese escenario, los resortes fundamentales de la política agropecuaria siguieron siendo manejados por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, a quien la Presidenta le dio ayer un respaldo explícito. Desde 2006 el polémico funcionario interviene en la formación de los precios de los granos y en el control de las exportaciones. La excepción es la soja, cuyo destino mayoritario es el mercado externo, y que aporta unos 7000 millones de dólares anuales a los ingresos fiscales del Estado en concepto de retenciones.

El argumento del Gobierno para sostener los controles es que debe defenderse la "mesa de los argentinos" y garantizarse "la seguridad alimentaria" de la población. Sin embargo, los resultados no parecen ser los mejores.

En carnes hubo un brusco descenso del stock ganadero, que cayó un 16 por ciento en cuatro años. Los controles de Moreno y una feroz sequía en 2009 impulsaron a los ganaderos a desprenderse en ese lapso de poco más de 9 millones de vacunos. En trigo, además, hubo una transferencia de ingresos desde los productores hacia la industria molinera y los exportadores por 4600 millones de dólares, según un cálculo de la Federación de Acopiadores. Y en maíz hay unas cinco millones de toneladas sin vender de la campaña pasada por las trabas a las exportaciones, de acuerdo con una estimación de la Asociación del Maíz Argentino (Maizar).

Ni siquiera los consumidores se vieron beneficiados por la gestión de Moreno. En un año, el precio de la carne se incrementó en un 130 por ciento y el del pan tuvo un aumento similar. Esa fue la política ratificada ayer.