Con tantos traumas acumulados en su historia reciente, algunos politólogos sugieren que la Argentina contrajo una enfermedad que en parte es real y, en parte, imaginaria: la llaman "memoria del caos". La cosa sería más o menos así: en nuestra sociedad, cualquier reclamo con alta carga de conflictividad social agita los fantasmas colectivos de ingobernabilidad y remite, directamente, a las postales más negras de 2001. Un complejo mecanismo de psicología política similar al de los hipocondríacos que, en segundos, escalan del problema a la tragedia.

"Es este reflejo defensivo de la sociedad argentina que, por ejemplo, sale enloquecida a demandar combustible porque teme que falte, lo que termina siendo peligroso en sí mismo", alerta el director de Poliarquía, Eduardo Fidanza. ¿Por qué? "Porque puede convertirse en una profecía autocumplida, que termina generando lo que se teme. Es que termina generando lo que se teme. Es obvio que si, por miedo al caos, todo el mundo sale a cargar nafta o a reclamar sus depósitos, se va a producir un caos".

La realidad política argentina, inestable en sí misma, no ayuda demasiado a mitigar esos miedos latentes. En el colmo de los colmos, un piquete de bañeros en Mar del Plata disparó el malhumor de los veraneantes, ya hartos de padecer cortes de calles durante todo el año. Es que 2010 se caracterizó por la variedad de las protestas y, también, de los actores sociales. Hubo cortes de vías por internas gremiales, protestas violentas por el corte de las vías, toma de terrenos, reclamos de vecinos por esas tomas de terrenos, inseguridad, falta de suministro eléctrico y otros problemas barriales.

Si la protesta se mide en números, la consultora Diagnóstico Político reveló que, durante el último año, se realizaron al menos 340 cortes de calle, un promedio de 1,4 por día laborable. Al caótico tránsito de diciembre se sumó una pequeña psicosis colectiva desatada ante el temor a la escasez de nafta y de billetes...¡ justo para las Fiestas!

Un escenario perfecto para que se active la memoria del caos y, con ella, la pregunta por la gobernabilidad.

Por algo en el comienzo de un año electoral ese tema, el de la gobernabilidad, ocupa un lugar central en el debate político, público pero sobre todo privado, tanto en las filas del oficialismo como en las de las fuerzas opositoras.

De hecho, el pasado 17 de diciembre, diversos dirigentes de partidos opositores (entre los que figuran socialistas, el Gen de Margarita Stolbizer, Felipe Solá, y el macrismo) firmaron un acuerdo político que apunta a fijar reglas de juego medulares que, en un escenario ideal, deberían ser cumplidas por cualquier fuerza que llegue al poder en 2011. Por este compromiso, al que en su momento se llamó "el pacto de La Moncloa criollo", venían trabajando desde hace varios meses Rodolfo Terragno en nombre de la UCR y Eduardo Duhalde desde el Peronismo Federal.

Pero ¿existe realmente, tanto en la sociedad como en el seno de la oposición y del oficialismo, el temor a un nuevo estallido social, de cara a las elecciones de 2011, o son sólo miedos residuales disparados por la "memoria del caos"?

El mito popular prescribe que no hay mejor antídoto para espantar a los fantasmas, esas criaturas de la noche, que encender la luz.

Mito peronista

Primer dato de la realidad: Fidanza asegura que, en las encuestas que realiza habitualmente Poliarquía, el temor a un estallido no figura entre las preocupaciones centrales de los argentinos. Y en la misma línea, el politólogo Aníbal Pérez Liñán, actualmente profesor de Ciencia Política en la Universidad Pittsburgh, avanza:

"Algunos políticos y medios de comunicación agitan los recuerdos de 2001, pero las condiciones actuales son muy diferentes. Ha pasado una década y ya no estamos en un contexto de gran recesión, alta tasa de desempleo y parálisis del Estado por falta de recursos. Eso no significa que no haya desafíos a la gobernabilidad, pero hoy son de naturaleza muy distinta. Digamos que, en términos económicos, los desafíos son parecidos a los de la década del ochenta: alta inflación, falta de inversión en infraestructura y una intervención arbitraria del Gobierno en la economía".

Existe una creencia política muy extendida en el imaginario colectivo, y es que sólo el peronismo puede garantizar la gobernabilidad en la Argentina, no sólo por su mayor capacidad de "control de la calle" sino, básicamente, por su potencia para obstruir a un gobierno no peronista, cuando le toca ser oposición.

¿Mito o realidad?

Mito, dicen, contundentes, los investigadores consultados por Enfoques. Pero un mito con efectos poderosos y, para peor, avalado por hechos históricos que parecieran darle la razón: los dos últimos gobiernos radicales de la etapa democrática terminaron mal y con escenarios económicos desfavorables.

"Es curioso que se piense al peronismo como garante de la gobernabilidad cuando lo han echado en el 55, y luego en el 76, y Menem ha terminado su gobierno repudiado por los propios peronistas ¿Que los gobiernos radicales no terminaron su mandato? Es cierto, pero tampoco lo terminó Cámpora en el 73. Es decir, la gobernabilidad no es la característica de un partido sino de un sistema. Y el sistema político argentino ha mostrado tendencias hacia la ingobernabilidad a raíz del poco apego a los modos institucionales de funcionamiento. Pero han padecido esta característica de la política argentina, de un modo bastante repartido, diría yo, tanto radicales como peronistas", sostiene el sociólogo Ricardo Sidicaro, especializado en las transformaciones sociopolíticas argentinas y, en especial, las vinculadas con el peronismo.

La experiencia de 2001, acota Pérez Liñán, indujo a muchos observadores a formular una concepción de los ciclos políticos argentinos que es más o menos así: los gobiernos peronistas desarrollan políticas económicas efectivas para sostenerse en el poder, pero de consecuencias negativas para la economía en el largo plazo. Los radicales tienen oportunidades de llegar al poder justamente cuando la economía comienza a hacer agua, pero luego la crisis consume su administración. Entonces los peronistas, con nuevo liderazgo y perfil ideológico renovado, regresan al poder para comenzar el ciclo otra vez.

El director de Poliarquía tiene una certeza: el PJ no es la única fuerza política que puede gobernar la Argentina. Sin embargo, por sus características, es la que "tiene mayores posibilidades de hacerlo".

Y propone un dato bastante poco explorado sobre el peronismo: "El peronismo tiene representantes en todos los poderes fácticos del Estado: la Iglesia, el ejército, los sindicatos, el poder judicial, cosa que no sucede con otras fuerzas políticas, mucho menos las de reciente creación. A esto hay que sumarle que cuenta, para el arranque, con una franja de pobres que lo vota; lo que implica tener garantizado entre un 20 y un 30 por ciento de la base electoral".

En este último punto coinciden, quizá a modo de autocrítica, tanto el presidente de la UCR, Ernesto Sanz, como Margarita Stolbizer, desde la fuerza aliada Gen. "Es cierto que el radicalismo no tiene representantes de ese peso en los poderes fácticos. Pero bueno, habrá que construirlos", dice, optimista, el hombre que acaba de anunciar su vocación presidencial para 2011.

¿Y este mito no les genera a los radicales sentimientos de inferioridad?

"En mi caso no, aunque admito que debe de haber radicales que tengan ese sentimiento. Es más: tengo muchas ganas de romper ese mito en relación con el peronismo porque estoy convencido de que son creaciones perversas y artificiales del propio kirchnersimo, que busca agitar esos monstruos para generar el clima de que los radicales no podemos gobernar. En lo personal, estoy acostumbrado a competir y ganarle al peronismo. En mi provincia, he sido consagrado senador con un 52 por ciento, triunfando por sobre el peronismo, que obtuvo un 25".

Pérez Liñán propone una hipótesis paradójica: "Precisamente, fue el gobierno de Néstor Kirchner el que acabó con el mito de que sólo el peronismo puede gobernar. La creación instrumental del Frente para la Victoria y la desarticulación de la maquinaria duhaldista en el conurbano mostraron que el uso estratégico de los recursos del Estado -más que la identidad partidaria- es lo que garantiza el modelo de gobernabilidad peronista. Esto, sin embargo, pone al descubierto un problema mucho más complejo." Una complejidad que se explica en lo que este profesor e investigador llama "incentivos perversos" de los regímenes presidencialistas, con inestabilidad institucional, como es el caso argentino. ¿De qué se trata esta perversión? Lo explica: "Para asegurar su supervivencia en el poder, los presidentes deben extraer la mayor cantidad posible de recursos económicos de la sociedad y administrarlos de manera discrecional. Esto impone consecuencias negativas para la economía (y para la democracia) en el largo plazo. La reciente devaluación en Venezuela y el fallido ajuste en Bolivia son ejemplos de este problema".

Stolbizer, quien sostiene que el peronismo es una "categoría que ha dejado de existir", coincide con el politólogo de Pittsburgh en que, más que la identidad política, lo que en el modelo K se llama garantizar la gobernabilidad significa el apoyo de grupos económicos vinculados con el peronismo. "Un apoyo económico que también es necesario para bancar las malas decisiones".

Karma radical

La contracara del mito de que sólo el peronismo puede gobernar se retroalimenta con una creencia inversa, y es que el radicalismo no puede hacerlo. Una suerte de karma, que los candidatos de la UCR dicen estar dispuestos a transmutar. Y uno de los dispuestos parece ser Rodolfo Terragno: "Gobernar es, siempre, cabalgar el tigre. Un partido que no tenga coraje y capacidad para enfrentar los problemas de 2011 no tendría que pensar en el 2015. Debería admitir que nunca podrá gobernar, ni en 2015, ni 2019, ni después. No creo que sea el caso del radicalismo".

Sanz, hombre en campaña, contraataca a los fantasmas: "¿Cómo haremos con Moyano? Es más simple de lo que se cree: dejar de alimentarlo con plata, prebendas y privilegios. Algo que el resto de los sindicalistas, inclusive los gordos, nos agradecerán".

Justamente, con la mira puesta en desactivar el poder de presión de Moyano, la UCR y sus aliados vienen alentando al ala opositora de la CTA, encarnada por Pablo Micheli, y formulan políticas para reactivar el sistema de ferrocarriles.

Es que, cuando se habla de protesta social, es inevitable pensar en cómo jugará "el factor Moyano" en el intrincado escenario electoral de este año. ¿Se puede garantizar la gobernabilidad sin pactar con sus intereses? ¿Podrá un próximo gobierno, peronista o no, desactivar la cultura del apriete?

Una cultura, la del apriete, que no se agota en los modos del Gobierno ni en los del sindicalismo. Al menos así lo piensa Fidanza: "Ese modus operandi, el de la cultura del apriete, no vale sólo para piqueteros y sindicatos. Aunque con mayor elegancia, algunos empresarios, en ámbitos privados, también hacen prevalecer sus intereses de modos antirreglamentarios, por así decirlo".

La mayoría de los entrevistados piensa que el líder cegetista es una suerte de "emblema", activado por el propio modelo K, que contiene inflación en su seno e incentiva el permanente activismo sindical. Sin embargo, casi todos los analistas coinciden en que se trata de una creación que se les ha ido de las manos a sus propios fabricantes. Y que hoy desafía tanto a Cristina como a la oposición. El historiador y sociólogo Marcos Novaro lo explica así: "Moyano necesita para reproducir su poder determinadas condiciones. Una economía con alta inflación y un gobierno nacional que no esté interesado en el pluralismo sindical: eso se lo pudo ofrecer Néstor Kirchner, pero durante un tiempo bastante corto. De allí que la convivencia entre el Gobierno y este modelo sindical, que combina vandorismo patoteril y sindicalismo de negocios, se haya vuelto el principal problema de gobernabilidad para Cristina Kirchner".

Entonces, ¿podrá el radicalismo volver al poder, garantizando gobernabilidad?

Sigue Novaro: "En comparación con las circunstancias que la UCR y sus aliados enfrentaron en sus anteriores experiencias de gobierno, en 1983 y en 1999, las que podrían encontrar en 2011 son bastante menos problemáticas. No es que la Argentina se haya vuelto un país fácil de gobernar, pero si un equipo como el actual, con Boudou, Moreno y Aníbal Fernández a la cabeza, hace crecer la economía, bien puede concluirse que cualquiera podría hacerlo. Lo que sucede es que la economía argentina crece sola y, en muchos casos, a pesar del Gobierno. Es la situación inversa al panorama del 83 o del 99. El problema está en otro lado: en la debilidad de los partidos, y en particular del partido radical".

La debilidad del sistema de partidos vuelve a ocupar otra vez el centro de la escena cuando se piensa en la amenazas para la gobernabilidad. Es entonces cuando Sidicaro recuerda que la fortaleza del aparato peronista siempre estuvo vinculada a su capacidad de formar mayorías. "Pero tampoco el PJ tiene ya mayorías automáticas".

Hace un tiempo, Eduardo Duhalde pareció ensayar una inesperada autocrítica cuando admitió que el peronismo tenía que aprender a ser oposición. Una manera de afirmar que, hasta ahora, no lo había sido. No, al menos, de un modo constructivo.

Precisamente, una crítica extendida al peronismo es su habilidad para bloquear institucionalmente a las mayorías alternativas. Una nota sugerente en el acuerdo de gobernabilidad firmado por las fuerzas opositoras es la que compromete a los dirigentes en el caso de que les toque ocupar el rol de la oposición. En ese punto, insta a los firmantes a "abstenerse" de "obstruir ilegítimamente" la acción de gobierno y de "promover alteraciones políticas y sociales".

Si de promover alteraciones se trata, el blanco sobre el que siempre recaen todas las acusaciones y sospechas, por parte del Gobierno, es precisamente Duhalde.

La Presidenta suele tildarlo de "padrino" en las sombras de los conflictos que puedan derivar en el descontrol. Así sucedió con Soldati, y también con la gresca de Constitución, por citar sólo dos ejemplos recientes. En el búnker duhaldista analizan que instalar la idea del "apadrinamiento" es una "forma destructiva de hacer política" propia del kirchnerismo que comenzó en la elección que disputaron Chiche Duhalde y Cristina Kirchner, en 2005, cuando los K y Duhalde comenzaron la guerra sin retorno.

Parece poco útil, a esta altura, hacer diagnósticos en un país que desafía a casi todos los gurúes: año tras año se ven obligados a admitir que la Argentina es una geografía atípica. Sin embargo, hay un ingrediente que nunca falta y que, sobre todo en este año electoral, estará garantizado: el suministro de altas dosis de adrenalina política para un 2011 que ya se perfila intenso, más allá de cualquier fantasma.

¿El fin de los piquetes?

La protesta social callejera y el piquete son prácticas relativamente nuevas, hijas de la conflictividad social que emergió en 2001 y que hoy casi forman parte de la geografía urbana.

La oposición no se cansa de prometer que, si ellos llegaran al poder en 2011, retornaría el orden público a las calles. Pero ¿tan fácil es?

¿Se puede desarticular, de la noche a la mañana, un modus operandi que ya lleva una década y que cada vez más ciudadanos eligen como forma de protesta?

Ernesto Sanz admite que no. Que ningún nuevo gobierno podrá resolver, de la noche a la mañana, la alta inflación y la proliferación de los cortes de calles. "Bajo una nueva gestión es posible intervenir en la dirección de la curva. Si esos problemas escalan hoy en una curva ascendente, un nuevo gobierno iniciará la curva descendente. ¿Cómo? Con una enorme decisión política, acuerdos sobre políticas concretas y una buena gestión de recursos públicos".

El sociólogo Eduardo Fidanza discrepa con esta visión y anticipa que quien llegue al poder en 2011 "deberá comprender que asume en una Argentina con una nueva configuración sociológica frente a la que no hay vuelta atrás". En una palabra, que resulta una "fantasía" creer que se podrán eliminar los piquetes. A lo sumo, dice, se podrán ordenar.

El director de Poliarquía explica esta idea: a partir de 2001 se ha inaugurado un modo de protesta, que dejó de ser una transgresión para convertirse en una práctica que, después de tantos años, es muy difícil desarticular.

"Muchas voces piden que se haga cumplir la ley. Pero ¿cuál ley? Creo que la pregunta es otra: ¿refleja el actual ordenamiento jurídico la complejidad de la vida social actual? Creo que no, y nadie se ha ocupado de pensar en un nuevo ordenamiento jurídico que sí la refleje. Siempre existe una brecha entre las normas y las prácticas, pero en la Argentina esa distancia se hace cada vez mayor. Un ejemplo: primero el divorcio o las parejas gays se dieron en los hechos, luego vino la ley".

Lo que sí es posible, para Fidanza, es ponerle linderos al corte, resguardando la paz social y el respeto al derecho de los otros.