Las expresiones vertidas por el ministro Julián Domínguez, ante el requerimiento de Página/ 12, constituyeron con algunas excepciones una colección de ideas desalentadoras de la producción agraria. Sus anteriores manifestaciones sobre el tema, si bien no coincidían con el ideario del sector y con sus perspectivas de expansión, habían mostrado alguna apertura, y lo ubicaban a cierta distancia del secretario Guillermo Moreno.
El ministro se explayó ahora sobre numerosos temas que resulta útil desentrañar. Respecto de los granos, principal renglón de la producción y exportación, Domínguez insiste en su regulación recomendando disponer de un organismo de las características de la disuelta Junta de Granos, que se constituyó en una burocracia de excepcional cuantía, con picos de hasta 10.000 agentes y requerimientos financieros al Banco Central con efectos sobre el déficit cuasi fiscal. La mencionada disolución del organismo no resintió la producción; por el contrario, los últimos quince años han dado lugar a un crecimiento de las cosechas que pudo ser mayor de no mediar las retenciones a las exportaciones y las prohibiciones y cuotas de exportación.
En relación con el trigo, el ministro responsabilizó a molinos harineros y empresas exportadoras por no pagar a los productores el llamado "precio lleno" (precio FAS o precio al costado del vapor), que consiste en el precio internacional menos las retenciones y los gastos comerciales. La solución según el funcionario llegaría garantizando el precio al productor, presumiblemente a cargo del ente por crearse. La realidad indica, en cambio, que la depreciación del cereal surge por la inexistencia de un mercado libre, hoy contaminado por la constante e incierta asignación de cuotas de exportación.Con retenciones del 23 por ciento, sumadas a ese pago deficitario del orden de los 40 dólares por tonelada, el precio final obtenido por el trigo sufre una detracción que representa nada menos que el 40 por ciento de su cotización internacional.
Al margen del recomendado resurgimiento de la regulación del comercio granífero, no hubo referencia a la Oncca, ente con facultades variadas, severamente discutidas y con fundadas investigaciones sobre corrupción, pero se pregonó la sanción de una ley de arrendamientos de la que surgirían ventajas para los agricultores medianos y pequeños y no así para la producción en general, sea granaria o ganadera, lo cual lleva a preguntarse si lo que se procura es privilegiar la cantidad de agricultores o una mayor producción.
Siguiendo el derrotero reseñado, se percibe un ojo crítico en relación con los pools de siembra, que esta columna ha considerado un aporte positivo a la producción. La crítica se extiende a los contratistas de trabajos rurales, que a nuestro modo de ver constituyen también una novedosa forma de empresariado rural, que trasmite al conjunto una mayor productividad. Ocurre respecto de ambas figuras que el mundo productivo en sus más diversas acepciones se recrea y transforma en una "destrucción creadora", según la expresión de Joseph Schumpeter, el pensador austríaco que puntualizó los efectos de las innovaciones que suelen desplazar sistemas productivos por otros de mayor interés colectivo.
El ministro también mostró su discrepancia en relación con la compra de tierras por parte de empresas extranjeras y destacó su preocupación por la concentración del negocio agropecuario por sobre la concentración de la tierra, temas sobre los que convendría disponer de mayor información. En otro orden, puso énfasis en la importancia de la ocupación territorial de los agricultores y en la contribución del desarrollo cooperativo y en los beneficios de los colegios agrícolas, temas en los cuales no existirían discrepancias. A lo largo de la mencionada entrevista no hubo mención de las retenciones a las exportaciones, un tema de singular gravitación, ni de la crisis ganadera, fruto de regulaciones de todo tipo. Por fin, se puede advertir en el entramado de la entrevista la intención de introducir una nueva cuña entre las entidades representativas del agro.