Por Pablo Wende

Tanto el gobierno como la oposición quisieron capitalizar el anuncio de aumento de las jubilaciones, que finalmente será de 16,9% en septiembre. De esta forma, la jubilación mínima a partir de ese mes pasará a 1.046 pesos mensuales.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo transmitió por cadena nacional y realizó una gran convocatoria al efectuar el anuncio en Casa de Gobierno. Legisladores opositores, por su parte, dijeron que el anuncio fue posible a partir del proyecto para implementar el 82% móvil al haber previsional.

Ni una postura ni la otra son ciertas y tampoco muy serias. El ajuste de las jubilaciones es automático y debe efectuarse dos veces por año, en marzo y en septiembre. Así lo dispuso la ley de movilidad jubilatoria que se aplica desde 2009. Y la evolución de las jubilaciones depende de parámetros objetivos, como la evolución del índice de salarios que mide el INDEC y de la marcha de la recaudación provisional.

Por lo tanto, la última suba anunciada no fue una decisión oficial o un capricho presidencial. Así lo dispone la ley aprobada por el Congreso, que, en realidad, fue empujada por la Corte Suprema. Fue el máximo tribunal de Justicia el que emplazó al gobierno a estipular un mecanismo automático de actualización jubilatoria, luego del famoso fallo Badaro.

Se buscó así ponerle un límite a la gran cantidad de demandas de jubilados que durante varios años tuvieron sus haberes congelados, ya que el gobierno sólo aumentaba las mínimas.

Pero más allá de las disputas políticas detrás del anuncio, el aumento a los jubilados, junto a la suba de las asignaciones familiares, le genera un fuerte peso adicional a la Anses. El esfuerzo llega a poco más de 18.000 millones de pesos anuales, aunque en lo que resta del año llegará a unos 7.000 millones.

Los 1.046 pesos de la próxima jubilación mínima igual quedaron un 14,9% por debajo de la que hoy debería ser el haber si se aplicara el 82% móvil.

Pero la brecha volvería a ensancharse si la semana próxima se fija un nuevo Consejo del Salario Mínimo. Pasaría de 1.500 pesos a 1.800 pesos, por lo que el 82% de esta cifra pasaría a ser 1.476 millones. ¿Cuál sería el costo adicional para el gobierno de llegar a este nivel para la jubilación mínima? Según calcula la consultora ACM, "el posible costo adicional para el fisco sería de 22.500 millones de pesos, lo que representa 1,1% del PBI".

La oposición sostuvo que continuará presionando para la aplicación del 82% móvil en las jubilaciones, por lo que se viene un fuerte debate legislativo y, en caso de ser aprobado, un polémico veto presidencial. Pero es evidente que el gobierno no tiene los recursos para enfrentar esta eventual obligación.

La pelea por los recursos de la caja no pasan exclusivamente por las jubilaciones. En agosto probablemente el tema central de discusión económica pero también política pasará por el futuro de las retenciones. El campo ya consensuó un proyecto para bajar a cero las retenciones a las ventas de trigo, maíz, girasol y carne, junto con otros productos regionales. El costo de esta medida oscila entre los 4.000 y los 6.000 millones de pesos anuales, según cuántos productos sean finalmente incluidos.

No sería extraño, y de hecho ya comenzaron los rumores que llegan desde despachos oficiales, en relación con un anuncio del propio gobierno eliminando las retenciones para algunos productos. Consideran que el impacto sobre la caja no es tan grande y que ayudaría para acercar posiciones con uno de los sectores más combativos, como es el campo.

Los productores creen, además, que una medida de estas características ayudaría para revertir la creciente "sojización" que sufrió la Argentina, cada vez más dependiente de la oleaginosa para mantener elevado el superávit comercial y el nivel de retenciones.

Por eso, distintos funcionarios del gobierno son contundentes cuando se les consulta sobre la posibilidad de bajar las retenciones a la soja: "De eso no se habla, sería muy fuerte el impacto en la caja por lo que el producto representa en el total de las retenciones", aseguran. El proyecto consensuado en la Rural establece una disminución de 10 puntos en las retenciones a la soja y sus derivados.

Tomando como base la proyección de la cosecha para 2011 y los precios actuales, el costo fiscal de la reducción de alícuotas alcanzaría los 10.400 millones de pesos, lo que representaría un fuerte golpe para el Tesoro.

Para el gobierno resulta clave mantener el manejo de la caja durante 2011. Es un clásico que el gobierno de turno dispare el gasto público (que ya crece a un exagerado 30% anual) para mejorar las chances electorales. Mucho más con un kirchnerismo dispuesto a (casi) todo para sostenerse en el poder. La oposición lo sabe y por eso presiona para reducir el manejo de los fondos.

Se viene, de todas maneras, el debate de fondo: la discusión por el presupuesto del año próximo. Será la primera vez que el gobierno elevará el proyecto al Congreso sin contar con mayoría en ambas cámaras.