Franco Varise
LA NACION

El conflicto indígena se cobró la primera víctima política en un escenario cada vez más complicado por la ocupación de campos en el sur del país y la emergencia alimentaria y social de las comunidades aborígenes del Norte.

Después de que LA NACION publicó, el 16 de agosto pasado, una nota sobre los numerosos enfrentamientos entre los propietarios de los campos y las poblaciones originarias le fue anticipado su desplazamiento al presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Horacio Claudio Pascual Iramain. Este organismo depende del Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Alicia Kirchner.

Los cambios surgieron luego de que cálculos extraoficiales indicaron que los pueblos indígenas de todo el país reclaman 15 millones de hectáreas que equivalen a la mitad de la superficie de la provincia de Buenos Aires.

El funcionario finalmente fue reemplazado hace tres semanas por Daniel Fernández, ex subsecretario de Ingresos Sociales. Fernández estuvo en diferentes cargos desde 2003 y es uno de los hombres de mayor confianza de la ministra Kirchner.

En su foja de servicios aparece la puesta en marcha del Plan Familias, que consta, básicamente, de la entrega de subsidios en todo el país.

Consultados por las razones que motivaron el cambio en el INAI, en el Ministerio de Desarrollo dijeron que se trató sólo de un "cambio de estructura". No hubo más información. El enroque de funcionarios se oficializó con el cambio de nombres en la página web del ministerio.

Fondos polémicos
Iramain había quedado en el ojo de la polémica por la falta de avances en un relevamiento de tierras que debía realizar el INAI de acuerdo con la ley 26.160, sancionada en 2006. Ese trabajo prácticamente nunca empezó, a pesar de que el Gobierno destinó supuestamente unos 30 millones de pesos a tal fin. Las comunidades indígenas comenzaron a criticar al Gobierno por la falta de políticas.

El relevamiento no es menor. Apunta a definir cuánta tierra les correspondería a las diferentes comunidades de pueblos originarios, de acuerdo con el artículo 75 de la Constitución nacional, reformada en 1994. Al no existir ese trabajo resulta casi imposible aplicar un criterio legal en los numerosos litigios entre propietarios de campos y comunidades, sobre todo mapuches en Neuquén y en Río Negro. "A la fecha, no se cuenta con datos certeros respecto del territorio por relevar a nivel nacional", había reconocido a LA NACION el por entonces presidente del INAI, Iramain.

Sin embargo, en 2007, el INAI firmó un acuerdo con la Universidad de Lanús para la "implementación del relevamiento técnico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas".

Entre enero y marzo pasados, a través de ese acuerdo, se gastaron 1.035.341,21 pesos. Entre las "imputaciones contables" aparecen 51 personas contratadas, algunas de las cuales tienen asignados 55.200 pesos, la compra de una "cámara digital" por $ 1366 y hasta adquisiciones de tres pen drives por casi 1000 pesos. Y hay más: en tres meses se gastaron sólo bajo el concepto de "encuentros varios" 63.000 pesos.

La usurpación o "toma" de campos por parte de comunidades mapuches son cada vez más corrientes en el Sur. La situación es cada vez más inquietante después de algunos episodios violentos. En Villa Pehuenia, la comunidad mapuche llegó a usurpar la hostería Piedra Pintada, una inversión de 5 millones de dólares del ciudadano italiano Doménico Panciotto.

"Ocurre que hoy en la Argentina se habla de distribución de la riqueza, pero el tema indígena no está contemplado bajo ningún aspecto por este Gobierno", dijo el vocero de la comunidad mapuche de San Martín de los Andes, Matías Melliyán, durante un lanzamiento de una campaña de sensibilización por parte de Unicef sobre la niñez indígena.

"Esta situación provoca conflictos sociales que a nadie le gustan", agregó Melliyán al ser consultado por LA NACION sobre la ocupación de campos, lo que derivó en los últimos meses en situaciones violentas entre las fuerzas de seguridad, los propietarios de esas tierras y las comunidades que las reclaman aunque no poseen títulos de propiedad.

"Hoy el INAI para nosotros está acéfalo y el Consejo Federal Indígena no puede discutir con nadie nuestra situación, que es muy diferente entre las comunidades del Norte y las del Sur", agregó Melliyán.

"Nos marginan y sabemos que no vamos a estar en la agenda de ningún gobierno, porque nos hacen caer en el folklorismo, mientras comunidades del Norte como los wichis se mueren de hambre", dijo a LA NACION el colla salteño Bernardo Montellano.

Juicio en puerta

En Zapala comenzará a juzgarse entre el 26 y 29 próximo a once mapuches involucrados en la toma de un campo y podrían ser condenados a una pena que va de los 6 meses a los 3 años de prisión por el delito de usurpación en concurso ideal con desobediencia a una orden judicial. Es el primer juicio por usurpación de tierras en la cordillera neuquina que involucra como acusados a miembros de una comunidad mapuche. La causa se originó a raíz de la denuncia del estanciero Rolando Gustavo Culman, quien advirtió que, desde 2004, un grupo de personas mantiene ocupado un campo que le pertenece, ubicado en las cercanías de Aluminé.

En medio de la falta de aplicación de políticas para ordenar una situación inquietante, los integrantes del consejo zonal wijice de la Confederación Mapuche Neuquina se mantienen en estado de alerta y durante todo el mes pasado realizaron cortes de ruta intermitentes en reclamo del cumplimiento de la ley 26.160 de relevamiento territorial.