La Argentina vive una crisis institucional de singular caladura: no sólo nuestra democracia quedó reducida a un mecanismo electoral, sino que el Gobierno, amén de ejercer el poder en contra de la Constitución, la está vaciando de sustancia. El país, por obra del poder político y por la inacción de la oposición, se doblega como un cuerpo sin esqueleto.

Los hechos son elocuentes. El Gobierno tiene la atribución de presentar proyectos de ley, pero hoy la usará para apropiarse de la libertad de expresión, algo más grave que el supuesto secuestro de los goles que alegó para desbaratar un contrato de la AFA con un grupo de medios.

La primera mandataria presentará un proyecto de ley sobre medios que peca del intervencionismo que caracterizó a la vieja ley de radiodifusión aprobada por el gobierno de facto. Bajo la promocionada excusa de fomentar el pluralismo, abrirá las puertas a una excesiva participación del Estado en el mercado audiovisual y pone en un tembladeral las licencias y los derechos adquiridos. Hace pocos días, el ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos doctor Asdrúbal Aguiar, desde las páginas de este diario, alertó sobre el parecido con una ley de Chávez. La idea oficial de prohibirle a los partidos, durante las campañas electorales, pautar publicidad en medios cierra el preocupante cuadro.

El Gobierno también insiste en apoderarse de los bienes y de la producción. El año último, estatizó los fondos de las AFJP, sin que hasta ahora la Justicia le haya puesto un freno contundente. Entonces, también procuró aumentar las retenciones al campo, y, aunque los jueces y el Congreso frenaron ese proyecto, volvió a deslizar esa idea.

Hace dos meses, las candidaturas testimoniales eran objeto de fuerte debate. La Cámara Nacional Electoral, por mayoría, las avaló. En siete días, el caso llegará a estudio de la Corte Suprema, lo que debería dar paso a un trascendente debate sobre los límites del poder.

Desde ayer, seiscientos constitucionalistas de todo el país, entre ellos varios convencionales constituyentes de 1994 -como Alberto García Lema, Antonio Hernández e Iván Cullen- participan del congreso nacional que organiza la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Anoche, el doctor Alberto Dalla Vía, presidente de esa entidad, en el discurso de apertura llamó a buscar soluciones a la concentración de poder.

Algunos sostienen que la Argentina debe virar a un sistema parlamentario; otros, más realistas, proponen corregir las rigideces del presidencialismo. Pero ningún sistema será exitoso si la política se empecina en vaciar a la Constitución y en apropiarse de las instituciones.