En este rango se inscriben el cierre de empresas y entidades públicas como la agencia de noticias Télam, el Instituto de Agricultura Familiar Campesina o los 59 Centros de Referencia de todo el país. No mueven demasiado el amperímetro del gasto pero le sirven a Milei para ganarse el aplauso de sus fanáticos, que celebran cada centímetro de recorte estatal. Hay, en sus aplausos, más rencor que posicionamiento ideológico.

Como en el circo romano, el león se va devorando a sus victimas, una a una. En este caso con más prisa que pausa. Lo hace frente a una parte de la sociedad -mas precisamente el 44% que no votó a La Libertad Avanza- que deja hacer, paralizada.

Los libertarios avanzan en su guerra relámpago, sin toparse con mayores obstáculos. Y cuando lo encuentran, léase el proyecto de Ley Omnibus al que el Congreso fue refractario, pues hallan la manera de ejecutar igualmente sus deseos. Todo es ahora, todo es ya. No hay a la vista el trazo grueso de un plan a mediano y largo plazo. La emergencia lo justifica todo.

No existe, sin embargo, sorpresa en todo esto que hoy estamos viendo. Javier Milei lo anunció en campaña y ahora, palmo a palmo, está cumpliendo. Lo dijo desde sus tempranas épocas de economista despeinado, agresivo, divertido panelista de la televisión vespertina. Siguió diciéndolo cuando pasó a ser invitado en los programas políticos de horario central, y lo reafirmó en cada uno de los escalones que lo llevaron hasta el poder.

En tres meses el tifón libertario arrasa. Pero en su derrotero no sólo siembra destrucción, también cosecha hartazgo. Resulta lógico que todo el arco opositor repruebe sus políticas y sus métodos. Más curioso es, en cambio, que los propios liberales empiecen a verle el costado flaco a este programa de estabilización basado estrictamente en la licuación de las jubilaciones y los salarios.

La pregunta se repite, una y otra vez. Ya no sólo la ensayan los militantes del Estado presente sino también los amigos del mercado: ¿Cuan sustentable es una política económica que busca ordenar el sistema a puro ajuste y sacrificio? ¿Cuánto más puede caer la actividad económica? ¿Qué ocurrirá cuando el desempleo comience a revelarse en números?

El salario real de la Argentina ya se precipitó al abismo y su nivel está por lejos debajo de países de la región como Chile, Uruguay o Brasil. La consecuencia de esto es la merma del consumo y una recesión que tiene punto de inicio pero de la cual se desconoce el final.
De acuerdo a un informe de la consultora Scentia, el consumo masivo se precipitó un 4,1% en febrero –contempla rubros como alimentos, productos de limpieza, higiene y tocador-, mientras que la caída llega al 3,9% en el primer bimestre del año. El retroceso se produce en un contexto de subas de precios que llegan al 324,6% interanual en supermercados y almacenes de barrio.
IMPUESTOS

La Argentina podría ser una exitosa serie de Netflix, con sus roscas, peleas, medidas extremas y personas de trazos singulares. Algo cómica, algo patética. Frustrante, en definitiva. Una producción pasatista, para mirar tomándose unos mates. Lástima que nosotros estamos adentro.

En un nuevo episodio, esta semana el diputado nacional José Luis Espert llamó a la rebelión fiscal al convocar a los ciudadanos bonaerenses a no pagar los impuestos. La arenga estuvo motivada en la decisión del Ejecutivo provincial de revaluar los tributos inmobiliarios a partir del salto inflacionario, algo que ya había ocurrido en diciembre.

Pese a las posiciones antagónicas de los protagonistas, el hecho no deja de ser llamativo. No se recuerda en las últimas décadas que un legislador o funcionario haya instigado de manera directa el incumplimiento de una obligación, a afectar un engranaje del sistema de financiamiento de lo público.

Lo que es más grave aún, hasta el propio presidente de la Nación respaldó a Espert, un liberal que luego de haber jugado varios partidos en soledad con escasos resultados, terminó uniéndose hace un puñado de días a las fuerzas del cielo, ahora en el poder.

Por radios y canales de televisión se paseó el diputado Espert, llamando a todos a la rebelión fiscal. Los diarios y sitios de internet le otorgaron un espacio destacado en sus titulares. El argumento no deja de ser simplista: así como un trabajador hace huelga cuando considera que su salario es bajo y no recibe aumento, el contribuyente tiene también el derecho de protestar. Y la manera sería dejar de pagar los impuestos.

Es cierto que ante tamaña recesión y frente a la decisión del gobierno nacional de cerrar el grifo de asistencia a las provincias, la mayoría de los estados subnacionales y también los municipios rascan el fondo de la olla. En su desesperada búsqueda de recursos decidieron implementar un segundo aumento en los impuestos -ya los habían subido en diciembre- y hasta amenazaron en algunos distritos con seguir actualizándolos por inflación.

Vale decirlo, el ciudadano contribuyente ya no da más. Está hastiado del permanente ordeñe de la política sin mayores beneficios en términos de servicios. Lo esquilman y reacciona, pese a que el sistema tributario es el motor para el financiamiento de lo público. Es decir, escuelas, seguridad, mantenimiento de rutas y calles, alumbrado, higiene y salud.

Los economistas estudian en la Universidad lo que se denomina la Curva de Laffer, una teoría que evalúa la relación entre los impuestos y los niveles de recaudación. Una de las implicaciones de la curva es que aumentar los tipos impositivos más allá de un determinado punto es contraproducente para recaudar más ingresos fiscales. En criollo, que crear más impuestos o aumentarlos no siempre es garantía de mayor recaudación puesto que la presión fiscal es madre de la evasión y el incumplimiento. Todo tiene un límite.

Lo que el diputado nacional Espert no le dice al contribuyente en su convocatoria a la rebelión fiscal es que, a la larga, tendrán que pagar igual. No hay tribunal alguno que falle a favor de quien evita abonar los impuestos. Puede tratarse de un gesto con impacto simbólico en lo político, un chispazo débil, pero no deja ser también la generación de un problema.

¿Pero por qué ocurren estas cosas? La provincia de Buenos Aires se ha transformado en el campo donde se libra la madre de todas las batallas. El combate ideológico y cultural, la puja de dos modelos contrapuestos encarnados en las figuras de Javier Milei y Axel Kicillof.
Todo lo que el libertario desdeña del Estado, el kirchnerista lo realza. Queda claro que la administración bonaerense, en la medida de sus recursos y posibilidades, hará exactamente todo lo contrario a lo que disponga el Ejecutivo nacional. En ese tire y afloje, poco a poco, Kicillof se construirá como candidateable para las próximas elecciones presidenciales.

Claro que para eso aún falta mucho. Hay aún un largo trecho por recorrer. Por lo pronto, la provincia se erige como el principal bastión del kirchnerismo, o lo que queda de él. Es probable que de esos escombros surja la fuerza política que busque torcerle el brazo a los libertarios en una futura contienda electoral.

Pero una cosa es gobernar la provincia de Buenos Aires teniendo acceso a la caja grande, y otra muy diferente es hacerlo sin ayuda y obligado a vivir de los recursos propios o de los escasos créditos internacionales. La obra pública bonaerense, paralizada, da cuenta de ello.

La situación es tan grave que ante el recorte de los fondos coparticipables la gobernación bonaerense inició contactos con el Banco de Desarrollo de los Brics para buscar líneas de financiamiento e inversiones. Cabe recordar que la organización conformada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica había dado ya luz verde para el ingreso de la Argentina, pero la gestión Milei rechazó el convite por razones ideológicas.

SEÑALES

Que el Gobierno tenga una dinámica furiosa vinculada al recorte del gasto –hasta el momento no se habla de volver a crecer- no significa que sus referentes económicos, con el presidente Milei a la cabeza, no sepan leer las señales que vienen del mercado. La caída del 7% en la actividad industrial y el desplome de las importaciones muestran que la recesión ya es una realidad.

Casi como una concesión, como el pulgar arriba del César ante el gladiador rendido, el Ejecutivo determinó postergar el aumento de precios en algunas tarifas, tal el caso del gas. Tal vez también haya tomado esa decisión porque luego de la euforia provocada por los últimos datos de inflación a la baja, se teme que marzo –mes habitualmente inflacionario- sea una puñalada por la espalda.

Por lo pronto, tal como lo señaló el economista Daniel Artana, en la pugna entre Nación y provincias la primera tiene más resto. Principalmente porque baja el gasto a partir de sofocar las jubilaciones –sin mayores reacciones contrarias en las calles- y percibe los impuestos del comercio exterior; mientras que las provincias, con las arcas exhaustas, sólo pueden ajustar por el lado del empleo público. Lo que implica para ellas disturbios y convulsión social. De allí que, probablemente, los gobernadores desfilen obedientes rumbo al Pacto de Mayo. No hay plata.

Por Gustavo García
Fuente: La Prensa