La Casa Rosada, imaginariamente, trazó una raya para despejar cualquier duda acerca de quiénes serán sus aliados y quiénes se pararán en la vereda opuesta en su nueva apuesta política. El razonamiento kirchnerista es: el que adhiere al proyecto de coparticipar las retenciones a la soja, cobra. Y el que no adhiere, no cobra. Con un agregado propio de la lógica K: el que adhiere también acepta el 35% de retenciones a las exportaciones. En círculos oficialistas ya hablan de la división que hay entre gobernadores e intendentes y de algún modo lo celebran. Creen que la mayoría terminará por aceptar el plan.
Plata fresca o plata nueva. Esas son las denominaciones que circulan en reuniones privadas sobre los fondos que llegarán a los gobiernos provinciales y municipales si la propuesta de Cristina prospera. La cifra, por sí sola, abre grietas: están en danza más de 6.520 millones de pesos anuales. "¿Quién se animará a decir esta plata no la quiero?", ironizó ayer ante Clarín un altísimo funcionario del Gobierno.
La movida apunta a condicionar los giros. "O adhieren o no reciben la plata. Claro que, si adhieren, avalan el 35% de retenciones", agregó la fuente. Las palabras están a tono con el DNU que firmó la Presidenta. El texto habla de que los fondos son para obras que hagan "a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales", pero aclara que sólo lo recibirán "las provincias y municipios que adhieran". En el artículo 6 se profundiza: "Ante la falta de adhesión, el resto de las provincias adheridas acrecerá en proporción a su porcentaje de coparticipación en el total".
La pelea de fondo que busca dar el Gobierno apunta a los intendentes. "La mayoría se está dando vuelta y va a presionar a los gobernadores", dicen en el oficialismo. Citan, como ejemplo, los distritos de Coronel Suárez, Rauch, Lobería y Ranchos. Hasta no hace tanto eran críticos de la política agropecuaria del Gobierno y ahora se encaminan a aceptar el proyecto.
El gobernador Daniel Scioli, según fuentes cercanas a su despacho, está exultante. En tierra bonaerense, cada jefe comunal podría recibir, por año, entre 3 y 5 millones. La resistencia la encarnan los 39 alcaldes de la UCR, la CC y el cobismo, quienes argumentan que se trata de una solución "parcial", que no aborda el fondo de la cuestión. "Ahora estamos con otra gestión más urgente: evitar que los ruralistas corten los accesos a las ciudades", dijo el intendente de Necochea, Daniel Molina. Ya discutieron el tema entre ellos y con Margarita Stolbizer .
En Córdoba, Juan Schiaretti, advirtió que no se sumará al proyecto de ley hasta tanto "no acuerde" con la Mesa de Enlace. Y el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, adelantó que no utilizará la plata "hasta que pasen las elecciones" legislativas. Lo mismo podrían hacer los gobernadores que se paran a mitad de camino entre el anuncio y la necesidad de divisas.
Los ánimos cambian según la región. El intendente de Jesús María (Córdoba), Marcelin Gatica, señaló: "Claro que necesitamos más coparticipación, pero no de esta manera". Gatica convocó, junto a la Sociedad Rural de Jesús María y la Cámara de Industriales y Comerciantes de su ciudad, a una reunión "multisectorial", para mañana. Marcos McHardy, de la Sociedad Rural, aseguró que confirmaron asistencia 14 intendentes
En Santa Fe el clima también está enrarecido. El gobernador Hermes Binner fue el más crítico del anuncio y Fernando Fischer, el intendente de Armstrong (una zona caliente, donde mandan los piquetes), dijo que un grupo de intendentes santafesinos mañana vendrá a la Capital para "presionar por políticas que reviertan la situación". Fischer y muchos jefes distritales anti-K han puesto en la mira en viejos caciques del PJ, a quienes apodan "los intendentes indignos del conurbano".
