Según el exsecretario de Hidrocarburos de la Nación, José
Luis Sureda, las subas previstas en los valores de naftas y gasoil se
mantendrán por debajo de la inflación general. Durante 2024, la nafta acumuló
un aumento promedio del 85%, mientras que el gasoil subió un 77%, contrastando
con una inflación anual del 117,8%.
Esta contención permitió mitigar el efecto directo de los combustibles en el
IPC, aunque generó preocupación entre los estacioneros. "Esto afecta
directamente nuestra capacidad de inversión y sostenibilidad. Es urgente
encontrar un equilibrio que permita mantener la estabilidad económica sin
comprometer la operatividad", señalaron representantes de cámaras
empresariales del sector.
El contexto internacional también incide en las expectativas. El precio del
petróleo Brent, referencia para Argentina, superó recientemente los US$ 80 por
barril, impulsado por tensiones geopolíticas y el aumento de la demanda
invernal en Europa. Según Sureda, aunque el escenario plantea desafíos, la
implementación de medidas como la reducción del “crawling peg” –ajuste gradual
del tipo de cambio– podría actuar como un factor estabilizador.
No obstante, la estabilidad en los precios depende de múltiples factores. Entre
ellos, la evolución de la cotización internacional del crudo y las decisiones
políticas relacionadas con los impuestos que gravan los combustibles. Estos
últimos, actualmente congelados, representan un alivio temporal para los
consumidores, pero su actualización inevitable podría impactar en los costos
finales.
“Si bien el congelamiento impositivo contribuye a contener los precios, esta
medida no es sostenible en el tiempo. Eventualmente, se deberán aplicar
actualizaciones que podrían generar tensiones adicionales”, advirtió Sureda.
La estrategia de mantener precios controlados responde no solo a la coyuntura
inflacionaria, sino también a una lógica política en un año electoral. Evitar
que los combustibles se conviertan en un factor desestabilizador para el
bolsillo de los ciudadanos es clave en la agenda del gobierno.
Sin embargo, esta política de contención no está exenta de críticas. Desde el
sector privado, señalan que el atraso en los precios compromete la rentabilidad
y podría repercutir en la capacidad de las empresas para garantizar la
operatividad del mercado.
Pese a estos desafíos, los analistas mantienen un panorama relativamente
optimista. Las proyecciones apuntan a un escenario de precios estables, con
posibles bajas moderadas en el mediano plazo, dependiendo de la estabilidad del
mercado internacional y de las políticas cambiarias locales.
En este sentido, la reducción del “crawling peg” es vista como una medida
positiva que podría facilitar la estabilización del sector. No obstante, Sureda
subraya que los beneficios dependerán en gran medida de la volatilidad del
mercado internacional del crudo.
Mientras tanto, las estaciones de servicio enfrentan el desafío de adaptarse a
un contexto en el que los márgenes de rentabilidad se ven cada vez más
ajustados. Esto plantea la necesidad de un diálogo constante entre el sector
privado y las autoridades para garantizar la sostenibilidad de la industria.
En conclusión, aunque las políticas de contención de precios representan un
alivio para los consumidores en el corto plazo, el sector hidrocarburífero
enfrenta tensiones significativas. La búsqueda de un equilibrio que permita
estabilidad económica sin comprometer la rentabilidad será crucial para el
futuro del mercado de combustibles en Argentina.
