La solución no es imponer topes a los aumentos sino permitir a las pymes que se desenganchen de los convenios colectivos centralizados.

El gobierno está preocupado por los posibles impactos sobre la inflación de los aumentos salariales en el sector privado. En el actual contexto es lógico que los sindicatos aspiren a recuperar la pérdida de salario real sufrida durante la estampida inflacionaria. Pero también es legítimo que los funcionarios breguen para que los aumentos en las remuneraciones no sean a costa de la remarcación de precios.

Una institución laboral muy relevante en la dinámica salarial es la negociación colectiva. En la Argentina prevalecen negociaciones en las que un sindicato central (de actividad, rama u ocupación) negocia con una o varias cámaras empresarias acuerdos aplicables a todos los empleadores y trabajadores del ámbito del convenio, independientemente de si el empleador y/o el trabajador estén o no afiliados a la cámara y sindicato firmantes. De aquí entonces que los convenios colectivos generan regulaciones laborales –incluyendo escalas salariales– que se determinan a niveles altamente centralizados.

¿Cuán coherente es la centralización de la negociación colectiva con la estructura de salarios de la economía? Según datos de la Secretaría de Trabajo, a marzo 2024, el salario promedio de todas las categorías de los principales convenios colectivos fue de $730 mil.

Según la AFIP, las remuneraciones por tamaño de empresas presentan las siguientes diferencias:

El salario promedio de las empresas con más de 500 trabajadores fue de $960 mil.

Las empresas con entre 26 y 500 trabajadores pagaron salarios por $660 mil.

En las empresas con 25 o menos trabajadores el salario medio fue de $460 mil.

Estos datos muestran una gran dispersión en los niveles salariales según el tamaño de las empresas. Esto es disfuncional al esquema centralizado de negociación. En la negociación centralizada, las empresas grandes tienen mayor influencia imponiendo escalas salariales homogéneas a situaciones productivas muy heterogéneas. Por eso las remuneraciones resultan relativamente bajas para las empresas más grandes y relativamente altas para las pymes donde prevalecen menores niveles de productividad.

La principal consecuencia de la negociación centralizada es que no tiene posibilidad de ser sensible a la dispersión de la productividad que se da en las empresas de todo el país en cada uno de los sectores que rigen los convenios colectivos. La peor parte les toca a las pymes que generalmente tienen menor productividad y, por lo tanto, mayores dificultades para cumplir integralmente con las remuneraciones y demás regulaciones fijadas en el convenio colectivo de su sector. Esto lleva a que muchos empleos no se generen, otros se generan “en gris” (evadiendo parcialmente las disposiciones del convenio) y otros –la gran mayoría– “en negro” (incumpliendo toda la legislación laboral y el convenio colectivo).

La solución pasa por permitir el “desenganche” de las pymes de los convenios colectivos de actividad, rama u ocupación. Esto es habilitar a las pymes a optar por tener su propio acuerdo laboral con sus trabajadores, en donde se definan formas de organización del trabajo y niveles salariales acordes a su situación. Alemania, España y Brasil prevén este tipo de salida de los convenios colectivos sectoriales, dando preeminencia a acuerdos por empresa e individuales. De esta forma, sin desmantelar los actuales convenios colectivos (proceso que demandaría mucho tiempo y esfuerzo político) se les puede dar a las pymes la libertad de optar por celebrar acuerdos propios con sus trabajadores.

Solo un tercio de los ocupados trabaja en relación de dependencia “en blanco” en una empresa privada. El resto son empleados públicos, asalariados no registrados o cuentapropistas. Esta no es una realidad reciente sino que se arrastra desde hace una década cuando terminó la bonanza internacional en 2012. Explica, en buena medida, el aumento de la pobreza, el desfinanciamiento de la seguridad social y la baja inversión productiva. Para revertir este proceso de decadencia es imprescindible modernizar las regulaciones laborales. Como lo demuestra la evidencia en otros países, un paso clave es habilitar el “desenganche” de las pymes de los viejos y anticuados convenios colectivos sectoriales.

Fuente: IDESA