“Toda la producción argentina y nuestros países vecinos estamos en contra de esta reglamentación”, remarcó Francisco Santillán, de la Comisión de Granos de la Sociedad Rural Argentina (SRA), uno de los oradores del panel que expuso la visión del sector privado ante las normas que pretende imponer la UE.
“El embajador de la Unión Europea se fue con ese claro mensaje. Esperemos que den marcha atrás con esta exigencia porque no tiene sentido”, amplió Santillán. “Si no dan marcha atrás no sé a quién le van a comprar los alimentos”, dijo, apuntando que Estados Unidos y Brasil están en la misma posición que nuestro país y lo plantearon un tiempo antes.
Precisamente Brasil, junto a Uruguay estuvieron representados por sus ministros, que respaldaron la negativa a acceder a las exigencias del bloque europeo. “Nosotros no tenemos por qué darles una oportunidad de generar costos extras a nuestra producción para satisfacer un capricho de sus consumidores, que quizás ni son sus consumidores, creería que es una cúpula que tiene una visión sesgada de lo que es la producción nuestra”, amplió Santillán.
El dirigente sostuvo que Argentina cuenta con herramientas y documentación para respaldar la calidad y condición de su producción, estimando que “no hace falta estar cargándole burocracia y costos al productor, especialmente a los medianos y chicos. Es una pretensión disparatada”, sintetizó.
Las exigencias en cuestión fueron expuestas por el embajador de la UE en Argentina, Amador Sánchez Rico, ante decenas de referentes de la producción argentina y con la presencia del vice ministro de Agricultura y Ganadería de Brasil, Irajá Lacerda; el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, Fernando Mattos Costa; y el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina, Sergio Iraeta.
Sánchez Rico advirtió inicialmente que no se trata de proteccionismo sino de atender las demandas del mercado, del consumidor, ofreciendo detalles de la normativa que pretende hacer pesar la UE. “La norma se aprobó en el marco de una gran discusión, que la sigue habiendo con varios países. La entrada en vigencia plena está prevista para diciembre. Abarca la importación, la comercialización y la exportación”, apuntó, detallando que para el caso de Argentina involucra a la soja, ganado bovino, la madera, y los derivados de cada uno, cumplimientos que se verificarán mediante trazabilidad.
La norma de la UE se focaliza en la biodiversidad, citando que “la deforestación es el factor más importante del cambio climático y conlleva pérdida de biodiversidad, la mayor parte es provocada por la actividad agrícola”.
