A partir de 2022, Copenhague comenzó a desarrollar los cálculos necesarios para implementar este plan. Tras meses de negociaciones, Dinamarca presentó el 24 de junio un plan para gravar los gases de efecto invernadero emitidos por el ganado, incluyendo vacas, ovejas y cerdos.

Euroactiv informó que este proyecto de ley es el fruto de un acuerdo entre el gobierno y el el grupo denominado “Tripartito Verde” – compuesto por agricultores, la industria alimentaria y grupos ambientalistas – y se espera que sea aprobado por el parlamento danés más adelante este año. Con su aprobación, Dinamarca se convertiría en el primer país del mundo en implementar un impuesto al carbono específicamente para la agricultura.

El grupo Tripartito Verde fue creado en diciembre de 2023 por el entonces presidente de Venstre, Jakob Ellemann-Jensen, tras un acalorado debate interno del partido sobre un impuesto sobre las emisiones de la agricultura. Al tripartito se le encomendó la tarea de negociar un impuesto para abordar el hecho de que la agricultura danesa no ha reducido sus emisiones de gases de efecto invernadero durante más de diez años. Además, se le encomendó proponer diversas medidas para mejorar la gestión de la tierra, la naturaleza y los recursos de agua potable del país.

El Tripartito Verde está formado por el Gobierno, representado por varios ministros, la Asociación Danesa de Conservación de la Naturaleza, la Federación Danesa de Alimentos NNF, Dansk Metal, la Industria Danesa y la Asociación Nacional de Municipios. Es presidido por el ex presidente del Parlamento Henrik Dam Kristensen.

Detalles de la Iniciativa

El texto aprobado establece que a partir de 2030, los ganaderos en Dinamarca deberán pagar una tarifa de 300 coronas danesas (aproximadamente 40 euros) por tonelada de CO2 emitido. Los ingresos generados por este impuesto se destinarán a apoyar la transformación ecológica de la industria, complementados con fondos adicionales.
Según el nuevo marco fiscal, los propietarios de tierras pagarán en función de sus emisiones procedentes de la ganadería, los fertilizantes, la silvicultura y la alteración de los suelos agrícolas ricos en carbono, especialmente en las llamadas «tierras bajas».

Una de las principales fuentes de emisiones de CO2 en el sector agrícola danés es el drenaje y el cultivo de antiguos humedales como pantanos, lagos, valles fluviales y praderas. Por lo tanto, la renaturalización de estos suelos orgánicos bajos es una estrategia importante para reducir las emisiones del sector.

Para mitigar el impacto de esta medida en los costos de producción, se otorgará una deducción fiscal básica a los agricultores. A largo plazo, las granjas más eficientes en términos de emisiones podrían llegar a pagar casi nada, según el acuerdo.

El acuerdo destina 40.000 millones de coronas danesas a un nuevo fondo para proporcionar subvenciones a este tipo de resilvestración. También se compromete a levantar 250.000 hectáreas de nuevos bosques, 100.000 de las cuales deben estar «intactas», es decir. sin operaciones forestales.

¿Un Modelo a Seguir?

El grupo «Tripartito Verde» fue establecido con la intención de “liderar el camino y ser un ejemplo para otros países”, aunque no está claro si otros miembros de la UE seguirán este camino en el futuro cercano. Christian Hoegh, agricultor y miembro del Consejo de Agricultura y Alimentación de Dinamarca (DAFC), considera que el impuesto propuesto no es una solución universal, pero sí una inspiración para otros.

“El modelo está basado en los desafíos que enfrentamos en Dinamarca”, dijo Hoegh en declaraciones recogidas por Euractiv. A pesar de su pequeño tamaño, Dinamarca es un gigante exportador de carne de cerdo y productos lácteos, dedicando la mayor parte de su tierra a la agricultura intensiva.

Por su parte, Max Schulman, agricultor finlandés y asesor senior de la Organización de Agricultores de Finlandia (MTK), comentó que el acuerdo danés es un buen ejemplo de cómo involucrar y apoyar al sector agrícola en la transición verde. Sin embargo, señaló que diferentes estados miembros tienen necesidades distintas, como la preservación de turberas en países con menores presiones de emisiones del ganado.

El Futuro de la agricultura y el comercio de emisiones

Tras una serie de protestas de agricultores en la UE a principios de este año y con las cargas administrativas y económicas de las políticas verdes de la UE en el centro de las manifestaciones, queda por ver si la imposición de impuestos a los productores de alimentos será bien recibida.

El Sistema de Comercio de Emisiones (ETS) para la agricultura ha sido un tema de discusión en Bruselas durante algún tiempo. En febrero, los legisladores de la UE alcanzaron un acuerdo provisional sobre un marco de certificación de carbono a nivel de la UE para remunerar a los agricultores por prácticas que almacenan CO2 o reducen emisiones del suelo. Sin embargo, estas prácticas son voluntarias, a diferencia de un ETS obligatorio que fuerza a los contaminadores a pagar.

El grupo asesor de clima establecido por la Ley del Clima Europea de 2021 instó a la introducción de un sistema de este tipo. Think tanks influyentes como Bruegel sugirieron que un ETS para la agricultura debería complementarse y luego converger, para 2040, con el actual ETS que cubre los sectores de energía e industria, y el recién establecido ETS para el transporte por carretera y edificios.

La dirección general de clima de la Comisión Europea apoyó un estudio para investigar cómo traducir estas ideas en realidad, con la creación de un Agri-ETS. Los autores investigaron cinco escenarios políticos, destacando que cualquier establecimiento de estos debería ir acompañado de amplios cambios en el sector agrícola y en la economía en general.

Fuente: BioEconomía.info