Bajas remuneraciones profundizan la mediocridad y la mala gestión del Estado. Hay que tener un Estado ordenado y eficiente con funcionarios bien pagos.

En el marco de fuertes polémicas el gobierno presionó y logró que el Congreso retrotraiga una actualización en la dieta de los legisladores. Esto derivó en la denuncia de que el Poder Ejecutivo no estaba siguiendo la misma regla con los sueldos de los altos funcionarios. En respuesta a la escalada del conflicto, el presidente dispuso también congelar las remuneraciones en los cargos directivos del Ejecutivo y pedir la renuncia del Secretario de Trabajo. El argumento para sostener estos planteos es que “la política” tiene que dar el ejemplo y hacerse cargo de la mayor parte del ajuste fiscal.

Simultáneamente, el Ministerio de Economía volvió a anunciar superávit fiscal en febrero. En el bimestre enero y febrero el superávit primario fue de aproximadamente $3 billones y el superávit financiero (luego del pago de intereses) de $800 mil millones. Es muy marcado el contraste con el primer bimestre del año pasado cuando el resultado primario era de un déficit de -$400 mil millones y el resultado financiero de un déficit de -$1 billón.
La pregunta que cabe hacerse es si hay conexión entre el ajuste a los sueldos de los funcionarios públicos y la generación de superávit fiscal. Para ello conviene hacer el siguiente ejercicio para febrero 2024:

La dieta de un legislador es en promedio de aproximadamente $2,8 millones y hay 329 legisladores, por lo que el gasto mensual en dietas es de unos $900 millones.

El gasto primario nacional en febrero 2024 ascendió a $4 billones.

Esto implica que el gasto en las dietas de legisladores representa apenas el 0,02% del gasto primario nacional.

Estos datos muestran que la incidencia en el gasto de las dietas de los legisladores es insignificante dentro del total del gasto público. Incluso es poco relevante dentro de las erogaciones del Congreso. Los legisladores son una parte menor del plantel de aproximadamente 14 mil empleados que tiene el Congreso. Desde el punto de vista fiscal es mucho más importante corregir los excesos de empleo –por ejemplo, la biblioteca tiene 4.000 empleados– que congelar las dietas. Es una medida atractiva para congraciarse con la gente, pero contraria al objetivo de bajar el gasto público de manera sostenida.

Una buena práctica de recursos humanos es contar con funcionarios probos, honestos y calificados, en la cantidad estrictamente necesaria y comprometidos con ordenar y mejorar el funcionamiento del Estado. Una condición necesaria para lograr este objetivo es una remuneración acorde a estos requisitos. Por eso, congelar salarios, particularmente en un contexto de muy alta inflación como el actual, va en contra del objetivo de equilibrar las cuentas públicas porque se deteriora la posibilidad de generar buena gestión en el Estado.

En lo que va del 2024 la mayor reducción del gasto público se dio en las jubilaciones, no en los salarios públicos. En general, el ajuste se hizo aumentando el gasto público por debajo de la inflación. Dentro de esta licuación de gasto público, la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones representa aproximadamente la mitad. Menor incidencia tuvieron la disminución de transferencias a provincias (18% del total de la reducción del gasto) y del gasto en empleados públicos (14% de la caída). Una de las principales debilidades y fuentes de preocupación es que cuando baje la inflación –que es el objetivo buscado con el superávit– el gasto público volverá a crecer. Para lograr un superávit más genuino y sostenible es imprescindible un ordenamiento integral del Estado, donde la profesionalización de la gestión pública es central. La excelencia en la gestión del Estado es lo opuesto a salarios congelados con exceso de empleo público.

Cambiar la organización del Estado es un desafío enorme. Se necesitan equipos con altas calificaciones y compromiso, con capacidad para innovar, romper inercias y combatir intereses espurios. Congelar arbitrariamente sus remuneraciones es un oportunismo que distrae la atención y hace mucho más difícil llegar a la meta del equilibrio fiscal sostenible con eficiencia y profesionalismo en la gestión pública.

Fuente: IDESA