Uno de los puntos que integran la agenda del Pacto de Mayo que convocó el presidente es la reforma previsional. Se trata de un planteo acertado ya que, como consecuencia de un cúmulo de malas decisiones, el sistema previsional sufre una profunda crisis, al punto de constituirse en el principal factor desestabilizador de las finanzas públicas nacionales y de la mayoría de las provincias. A esto hay que agregar que es la institución que mayores compromisos genera para la sociedad por ser derechos intergeneracionales. Si a esto se suman los impactos del envejecimiento poblacional es clara la importancia estratégica de cuidar la política previsional.
Mientras tanto el gobierno y la oposición en el Congreso plantearon la necesidad de que se modifique la regla de movilidad. El gobierno planteó originalmente en la ley ómnibus suspender la fórmula de movilidad para pasar a aplicar ajustes discrecionales. La oposición rechazó esta amplia e inédita delegación al Poder Ejecutivo y aspira a reemplazar la actual fórmula, que se basa en 50% salarios y 50% recursos tributarios de la ANSES, a otra donde la movilidad sea mensual y en función de la inflación.
Para evaluar la importancia y urgencia de revisar la normativa previsional sirve comparar los haberes actuales respecto al promedio de las últimas tres décadas. Según información oficial, y suponiendo inflación del 15% y 10% para febrero y marzo respectivamente, se observa que en marzo 2024:
El haber mínimo es de $134.445, un 41% inferior al promedio histórico 1995 – 2024.
El haber mínimo más el bono es de $204.445, un 14% inferior al promedio histórico.
El haber medio de los jubilados que no usaron las moratorias es de $299.407 que es un 29% inferior al promedio histórico.
Estos datos muestran que el deterioro en el poder de compra de los haberes previsionales es muy profundo. Hay que considerar que en marzo operó la movilidad trimestral con lo cual en abril y mayo el deterioro se profundizará. Entre los haberes más bajos, donde prevalen beneficiarios que ingresaron con las moratorias, la caída se modera gracias al pago del bono. Pero entre aquellas personas que no usaron las moratorias para jubilarse la licuación llega a casi un tercio del haber.
En este deterioro de las jubilaciones subyacen problemas que trascienden a la movilidad. El sistema es estructuralmente deficitario y plagado de inequidades. Con los aportes y contribuciones se financia apenas la mitad de los gastos; los regímenes especiales cubren al 3% de los jubilados, pero absorben el 10% del gasto; más de la mitad de los beneficios se dieron con algunas de las muchas moratorias que se fueron sancionando a lo largo del tiempo; crecen los beneficiarios con doble cobertura que ya llegan a 1,2 millones de jubilados. A esto hay que agregar que la demografía alerta de que los problemas financieros se agravarán en las próximas décadas.
Hay que abordar un ordenamiento integral del sistema previsional donde el cambio en la movilidad es apenas uno de los ítems. Entre los temas más importante aparece eliminar los regímenes especiales (tender a que todas las personas sean iguales para la previsión social); sustituir el rígido requisito de un mínimo de 30 años de aportes para acceder a la jubilación por un esquema que sea proporcional a los aportes; perfeccionar la PUAM; revisar la pensión para los convivientes considerando que todas las personas tienen derecho a su propia jubilación; y establecer la regla de que la edad jubilatoria se ajuste 1 mes por año de forma tal de acompañar el envejecimiento.
Como estos cambios llevarán tiempo instrumentarlos es urgente que el Congreso se aboque a una ley de transición hacia el ordenamiento integral del sistema. Entre los puntos prioritarios hay que establecer la movilidad mensual en base a inflación con un empalme correcto con la actual formula (en abril aplicar el IPC de enero de manera que sea consistente con la movilidad que se aplicó en marzo que consideró variaciones hasta diciembre); establecer un bono para quienes no accedieron por moratorias; modificar las situaciones más injustas de los regímenes especiales; e instruir a la ANSES a que pague los juicios previsionales con sentencia firme y las deudas con las provincias.
Fuente: IDESA
