Funcionarios de todo el mundo elogiaron este acuerdo como un hito significativo en el camino hacia el abandono de los combustibles fósiles. John Kerry, enviado climático de Estados Unidos, destacó que tanto Estados Unidos como China planean actualizar sus estrategias climáticas a largo plazo, subrayando el impacto positivo que este acuerdo tendrá en la escena mundial.

En un gesto de firmeza, la enviada especial de Argentina, Marcia Lavaggi, bajo la presidencia de Javier Milei, aseguró que el país mantendrá su compromiso con el Acuerdo de París y otros tratados internacionales, destacando que Argentina «tiene mucho que ganar» con políticas sostenibles.

No obstante, a pesar de estos compromisos, algunas de las medidas establecidas en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 y el proyecto de ‘Ley Ómnibus’, destinados a desregular la economía, favorecen claramente al sector del Oil&Gas, despertando preocupaciones entre los ambientalistas. Mientras la mayoría de los sectores enfrenta retenciones del 15% o superiores, el sector petrolero quedó con un 8%, generando controversias sobre la equidad tributaria. Este escenario invita a debatir sobre la justicia en la distribución de cargas impositivas entre sectores productivos.

Tomemos, por ejemplo, el caso de un productor ganadero en la Patagonia o en cualquier otra región del país. Debe gestionar se establecimiento, disponer de la genética, preñar a la madre, cuidar las crías, engordarlas, faenar y envasar la carne, cumpliendo con todos los requisitos sanitarios. A pesar de contribuir significativamente a la economía local, este productor se ve obligado a tributar un 15% de derechos de exportación, y lo más probable, es que la mayor parte de estos ingresos se reinvierten en su propia comunidad. En contraste, empresas multinacionales como Chevron extraen petróleo, un recurso no renovable que tarda, al menos un millón de años en regenerarse. A pesar de la naturaleza finita de este recurso, la empresa solo paga un 8% en derechos de exportación y casi con toda seguridad, que los fondos obtenidos por la exportación no regresen al país.

Otra de las medidas polémicas que representa un claro retroceso en materia ambiental es equiparar el tratamiento tributario de los biocombustibles al de los combustibles fósiles. Según el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, los biocombustibles ahora estarán sujetos al Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y al impuesto al Dióxido de Carbono, gravámenes de los cuales estaban exentos anteriormente, pasando a tributar de la misma manera que sus equivalentes de origen fósil.

A pesar de desempeñar funciones similares, es crucial reconocer que se trata de productos completamente diferentes. Los biocombustibles constituyen fuentes renovables de energía que emiten, en promedio, un 70% menos de dióxido de carbono y son menos perjudiciales para la salud. Estudios de Harvard han demostrado que la sustitución de combustibles fósiles por biocombustibles como el biodiesel, salvan vidas y generan importantes ahorros en materia de salud pública. La consultora Trinity Consultants cuantificó que sustituir el diésel fósil por biodiesel en las comunidades de los alrededores del Puerto de Los Ángeles/Long Beach evitaría alrededor de U$S 1.690 millones en costos de atención médica y pérdida de días laborables por año. Pero sobre todo habría una reducción del 86% en el riesgo de contraer cáncer y se evitarían 17.000 urgencias pulmonares.

Las nuevas políticas de biocombustibles

El proyecto de Ley Ómnibus aborda la política de biocombustibles entre los artículos 307 y 315, reemplazando la polémica Ley 27.640 promulgada en agosto de 2021 y vigente hasta el momento. Entre los puntos más destacados que abarca este proyecto de ley se encuentran:

Cortes Vigentes y Potestad de Modificación

El proyecto mantiene los cortes vigentes, 12% para el bioetanol en la nafta y el 7,5% de biodiesel en el gasoil. Otorga a la Secretaría de Energía (SE) la facultad de modificar estos cortes de manera arbitraria.

Para dar previsibilidad, sería muy importante que la SE establezca rápidamente una hoja de ruta clara para los cortes de los próximos años, inspirada en prácticas exitosas como las implementadas en Brasil, donde se programó a 5 años aumentar del 10% el corte de biodiesel al 15%, aumentando de 1% por año.

Desregulación de Precios y Cupos

El estado se retira de la fijación de precios y cupos, permitiendo a las empresas de combustibles y biocombustibles negociar libremente cantidades y precios. Esta medida desregula el abastecimiento de bioetanol, que hasta ahora la oferta debía ser en cantidades iguales entre caña de azúcar o melazas y maíz. Las destilerías de los ingenios también podrán procesar cereal fuera de la época de zafra para elaborar el biocombustible, siguiendo el modelo brasileño.

En el caso de los productores de biodiesel, las empresas integradas (aceiteras) ahora pueden vender el biocombustible en el mercado interno, anteriormente reservado exclusivamente para pymes. Se espera que esta medida traiga un fuerte reclamo de las pymes.

También se permite a las empresas que producen y/o destilan hidrocarburos producir biocombustibles, medidas que seguramente generarán controversia en el sector. Otra medida que generará polémica en el sector.

Ampliación del Alcance de Biocombustibles

El proyecto amplía el alcance de biocombustibles más allá del biodiesel y el bioetanol, incluyendo cualquier biocombustible que cumpla con los requisitos de calidad establecidos por la autoridad de aplicación. En línea con el punto anterior, permitirá que las refinerías de petróleo puedan reconvertirse para procesar aceites vegetales y producir HVO, un biocombustible que sustituye al diésel.

Uso de Bioetanol en Automóviles Flex

No queda claro si, a partir de ahora, se homologará el uso de bioetanol puro en automóviles de combustible flex, los cuales hasta el momento no están disponibles en el país, aunque las terminales argentinas producen para el mercado brasileño. La medida sería lógica teniendo en cuenta el espíritu de las medidas desregulatorias.

Transición energética y mercado de carbono

El proyecto de Ley Ómnibus dedica una sección a la transición energética, donde se establece al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) la facultad de fijar límites de derecho de emisión de gases de efecto invernadero a sectores y subsectores de la economía para dar cumplimiento a las metas establecidas en la Agenda 2030. Estas metas serán de carácter cumplimiento obligatorio.

El PEN tendrá también la facultad para crear un un mercado de derechos de emisión de GEI, en el cual quienes hayan sobre cumplido su meta puedan vender los servicios a aquellos que los necesiten para lograr su objetivo y evitar la penalización.

La demanda y los responsables de actividades emisoras de GEI serán los encargados de dar cumplimiento a las metas de emisiones de GEI del país para lo cual el Estado Nacional generará condiciones e instrumentos para facilitar a las empresas privadas, al sector público y a otros organismos, el logro de las mismas y el acceso a financiamiento climático.

Fuente: bioeconomia.info