Si bien la inflación es un fenómeno multicausal, en la Argentina el principal factor son los crónicos desequilibrios fiscales. Hace más de medio siglo que los gastos superan a los ingresos, obligando a financiar la diferencia con endeudamiento público y emisión monetaria. El exceso de emisión fatalmente desemboca en inflación. Esta realidad amplió el convencimiento de que es imprescindible reducir el déficit fiscal. 

Dentro de las muchas cosas que son necesarias para bajar el déficit fiscal, es esencial moderar el gasto previsional. La razón es que, dentro del gasto público nacional, el principal componente son las jubilaciones. No hay manera de equilibrar las cuentas públicas si no se aborda el desequilibrio previsional que, se sabe, tiende a aumentar por el envejecimiento poblacional. Un factor que complejiza aún más el tema es que el gasto previsional es rígido ya que la jubilación es un derecho adquirido.   

¿Que ha venido haciendo el gobierno con relación al gasto previsional? Para responder a esta pregunta sirve observar cómo se han modificado, en términos reales, las jubilaciones desde septiembre del 2017, cuando comienza la aceleración inflacionaria. Según datos de la Secretaría de Seguridad Social se observa que, a valores de hoy, entre setiembre del 2017 y setiembre del 2023: 

  • La jubilación media se redujo un 32% ya que pasó de $212.500 a valores actuales a solo $143.800 en setiembre del 2017.
  • La jubilación mínima cayó un 38% ya que paso de $142.000 a valores actuales a $87.460.
  • Si a la mínima se le adiciona el bono de $37.000 que se pagó en septiembre del 2023 la merma se reduce al 12%.  

Estos datos muestran que el ajuste sobre las jubilaciones es profundo. En promedio, los jubilados perdieron casi un tercio de su haber en los últimos 6 años. Incluso quienes se benefician con el bono adicional –que discrecionalmente dispone pagar el gobierno– cobran un 12% menos que en el 2017. Usando como herramienta la muy alta inflación, el gobierno redujo el poder de compra de las jubilaciones. Mientras se anuncia el pago de bonos y esquemas de jubilación anticipada, la inflación es la que se encarga de hacer el ajuste en el exceso de gasto público erosionando el valor real de las jubilaciones.   

El desafío para el próximo gobierno es enorme. Como la fórmula de movilidad actualiza con retardo las jubilaciones, si la inflación se reduce las jubilaciones tienden a recuperar automáticamente lo perdido durante la aceleración. Esta expansión del gasto público es de una magnitud suficiente como para desestabilizar la macroeconomía impidiendo sostener la estabilidad de precios. A modo de ejemplo, en el 2017 el gasto en jubilaciones ascendía a 8% del PBI con una tasa de inflación promedio anual de 27%, mientras que en el 2022 la tasa de inflación promedio anual fue del 72% y el gasto en jubilaciones cayó a 6,3% del PBI. Es muy difícil sostener un plan de estabilización si las erogaciones previsionales recuperan ese 1,7% del PBI que se licuo en los últimos 6 años.

Una alternativa tentadora es manipular la movilidad previsional a los fines de evitar la recuperación del valor real de los haberes. Es una estrategia éticamente cuestionable y financieramente inconsistente ya que generará juicios previsionales que finalmente implicarán expansión del gasto público. La única manera de evitar que la previsión social sea un factor de desestabilización macroeconómica, que lleva a altas tasas de inflación, es ordenando el sistema. Esto es, cambiar las reglas de organización previsional para que sean financieramente sostenible en un marco de mayor equidad. 

Es inconsistente afirmar que se quiere bajar la inflación y no hablar sobre el ordenamiento previsional. Bajo las reglas que opera el sistema previsional en la actualidad la inflación es esencial. Ella es la que permite reducir el gasto previsional a niveles financiables. Si no hubiera habido inflación en los últimos años, el déficit fiscal hubiera sido mucho mayor y, por lo tanto, las necesidades de emisión hubiesen sido más altas aún. Si el próximo gobierno pretende estabilizar los precios, necesariamente tiene que abordar el tema previsional y asumir que los desafíos aumentan junto con el envejecimiento demográfico. 

Fuente: IDESA