La Nación debe dejar de superponer gastos con las provincias y sus municipios para concentrarse en medir resultados.

Por el escándalo que generó el jefe de gabinete de ministros de la provincia de Buenos Aires, el gobernador de la Provincia decidió aceptarle la renuncia y, además, disolver la Jefatura de Gabinete de Ministros. En sus fundamentos señaló que cada Ministerio absorberá las funciones asignadas a la Jefatura de Gabinete. La decisión sugiere que la Jefatura de Gabinete operaba de manera superpuesta con los otros ministerios. Por un hecho fortuito, se hizo explícita la pertinencia de mejorar la gestión del Estado eliminando superposiciones las cuales son fuentes de ineficiencias.

La superposición de funciones es la regla en el sector público argentino. Un área donde más está presente es en las inversiones en desarrollo humano (educación básica, salud pública, agua y saneamiento, vivienda y urbanismo y asistencia social). Estas funciones son –según la Constitución– responsabilidades de las provincias y sus municipios, pero frecuentemente el Estado nacional también invierte en ellas. De esta forma, los tres niveles de gobierno concurren en la gestión de la inversión en desarrollo humano.

¿Cómo se distribuye la inversión social entre los tres niveles de gobierno? Tomando datos del Ministerio de Economía se observa que:

En el año 2000 la inversión total en desarrollo humano fue de 7% del PBI de los cuales 0,4 puntos porcentuales fueron aportados por el Estado nacional.

En el año 2010 se invirtió 8% del PBI de los cuales 1 punto porcentual lo aportó el Estado nacional.

En el año 2021 se invirtió 10% del PBI de los cuales 2,9 puntos porcentuales fueron aportados por el Estado nacional.

Estos datos muestran que en los últimos 20 años hubo un importante crecimiento en la inversión en desarrollo humano (educación básica, salud pública, agua y saneamiento, vivienda y urbanismo y asistencia social) y que este incremento se explica casi enteramente por la superposición en que incurre el Estado nacional en funciones provinciales y municipales. Es decir, se aumentó el esfuerzo para promover la inversión social, pero profundizando los solapamientos entre los tres niveles de gobierno.

¿Qué resultados se alcanzaron con esta mayor inversión en desarrollo humano superpuesta entre los tres niveles de gobierno? En materia educativa, en el 2021, según las pruebas Aprender, el 70% de los niños pobres que terminan la primaria no sabe leer, escribir, sumar y restar. En materia de salud, la tasa de mortalidad infantil en las provincias está por encima del 8 por mil, duplicando la de CABA, y en 5 provincias la tasa es de 2 dígitos. Según el Censo 2021, el 15% de los hogares no tiene agua de red pública, el 37% no tiene cloacas, el 13% no tiene piso de material (la proporción llega al 30% en algunas provincias) y el 40% no tiene gas de red ni electricidad para cocinar. Esta degradación se explica por una multiplicidad de causas, pero una muy importante es la baja calidad de la gestión pública derivada de la superposición entre organismo estatales.

Para revertir este proceso es imprescindible abordar el ordenamiento funcional del sector público. Asumir que lo relevante no es la cantidad de ministerios, sino lo que hacen. Un paso clave es que el Estado nacional deje de interferir en responsabilidades que son de las provincias y sus municipios y se concentre en medir resultados. Elaborar con rigurosidad y sistematicidad indicadores en materia de desarrollo humano y difundirlos masivamente con la pauta oficial (que actualmente se usa para propaganda del partido gobernante) para empoderar a los ciudadanos. El objetivo es que los ciudadanos presionen a sus gobernadores e intendentes para que mejoren la gestión de la inversión social.

En la organización federal cada provincia con sus municipios son los responsables por el desarrollo humano de su territorio. La Nación no tiene herramientas para suplir deficiencias de las provincias. Con intervenciones directas, la Nación agrega problemas porque los solapamientos potencian los magros resultados. Mucho más conducente es que el Estado nacional induzca a que la población controle mejor a sus gobernantes locales.

Fuente: Idesa