Muchas preguntas surgieron sobre si la propiedad de la tierra y lo que allí se produce pudiera estar por encima de la utilidad pública y el interés general; luego que dos personas fueran detenidas por la Fiscalía al estar incurriendo presuntamente en el delito de Boicot, tras viralizar videos en los que se observa la destrucción de alimentos por “falta de acceso a la gasolina”.

Alimentos como tomates, cambures y zanahorias se observaron en las imágenes que circularon siendo desechados en ríos o en terrenos baldíos. “No tengo la gasolina suficiente para trasladar este producto”, decía uno de los productores.

Y es que la falta de combustible, aseguraron, no les permitía llegar a las grandes metrópolis a comercializar sus productos, porque esto le trae pérdidas.

Ante estas acciones el Fiscal General de la República, Tareck William Saab envió un mensaje a través de su cuenta en la red social twitter en la que designaba a la Fiscalía 23 Nacional en Materia de Delitos Económicos para “investigar y sancionar” estas irregularidades que estaban “generando zozobra al pueblo y atentan contra la seguridad agroalimentaria”.
Desde allí, se produjeron dos detenciones. La primera fue el 18 de junio al productor Ysnet Antonio Rodríguez Mambel, quien en las imágenes se observa desechando una cantidad importante de zanahorias, hecho que ocurrió en el municipio Pueblo Llano del estado Mérida.

Dos días después fue detenido Jhonar Barazarte Trompetero quien también se evidencia en las imágenes lanzando gran cantidad de tomates al río, hecho ocurrido en Carache, estado Trujillo.

Ambos sujetos presuntamente estarían violando lo establecido en la Ley Orgánica de Precios Justos, específicamente lo que se refiere al Delito de Boicot establecido en el artículo 55 del instrumento legal que tipifica penas que van entre los 10 y los 12 años de prisión.
Sin embargo, tras las averiguaciones realizadas y la actuación de una comisión de diputados de la Asamblea Nacional quienes conversaron con los detenidos y sus familiares; lograron que ambos obtuvieran su libertad.

Una estrategia política

Tras estos hechos, las reacciones de diversos actores políticos no se hicieron esperar. Uno de ellos fue el primer Vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) quien dijo en rueda de prensa que existía “algo político en la destrucción de alimentos”.
Mientras que días después el propio Presidente de la República, Nicolás Maduro hacía un llamado a que nadie dañe los procesos productivos del país y mucho menos a meterlos en una guerra electoral.

“Que nadie trate de dar un giro manipulador, no se dejen muchachos, productores, campesinos, empresarios, no se dejen desviar del camino correcto”, expresó Maduro desde el Palacio de Miraflores.

Para el diputado de la tolda roja por el estado Yaracuy Braulio Álvarez, uno de los parlamentarios que estuvo en las reuniones con los detenidos, aseguró que los productores hicieron señalamientos a ciertos personajes y grupos que participaron activamente en el golpe de Estado del 2002 y estuvieron opuestos a la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario que fue impulsada y promulgada por el entonces Presidente Hugo Chávez.

“Yo ratificaría allí esa sospecha y solicitaría la instalación de un fiscal especial con competencia nacional, partiendo del hecho de que estas familias puedan estar siendo utilizadas con una acción intencional política en estos momentos que vive el país”, aseveró Álvarez a Últimas Noticias.

El también dirigente del sector campesino explicó que en el campo es muy común que el remanente de ciertas cosechas, que se conoce popularmente como “barbecho o pasilla”, se convierta en comida para los animales. Esto va a depender mucho de su calidad.

Sin embargo, a su juicio, lo que trae la duda es que alguien grabara la acción, lo cual tendría una intención que iba más allá de llamar la atención por un problema específico.
“Si tu pilas maíz, el bueno es para la arepa, el nepe es para los cochinos y el pico para los pollos y las gallinas. Yo puedo entender esto, pero cuando se da la grabación, hay una acción intencional que generó la difusión nacional e internacional”, acotó.

Productores no botan cosechas

El productor de café Wilmer Granadillo quien habita en Sanare, estado Lara; también está de acuerdo con la afirmación del diputado Álvarez debido a que no es común que un campesino deseche su cosecha; por el contrario, es una práctica muy común beneficiar a la comunidad.

Granadillo explicó que en su localidad este tipo de acción se le conoce como “el rastrojeo” y es el acceso que tienen las personas a buscar productos que quedaron luego de que el productor sacara su cosecha.

“No es verdad que un productor va a botar una cosecha cuando los costos no dan, va a gastar la poca gasolina que tiene, va a pagar trabajadores para que cosechen el rubro para irlo a botar. Yo considero que fue algo muy mediático”, resaltó Granadillo.

Sin embargo, alertó que los productores dependen del combustible, no sólo para el traslado de los alimentos a las grandes metrópolis, sino también para el riego, la preparación de la tierra y todo el proceso de atención que llevan los rubros.

Estamos en un “Régimen Especial”

En este sentido, Braulio Álvarez consideró que la actuación de investigación del Estado venezolano ante estos hechos si fue acertada, debido a que el país se encuentra bajo un régimen especial por las medidas coercitivas que de manera unilateral aplica Washington y otras grandes potencias a la economía venezolana.

“Nosotros estamos en un estado de guerra. Estamos en una situación de emergencia”, enfatizó.

Es por ello que constitucionalmente se cae la matriz que se quería imponer en las redes sociales, en las que se afirmaba que el productor podía hacer con su cosecha lo que le diera la gana (inclusive botarla) porque estaba en sus tierras, inclusive botarla.

Álvarez explicó que en los artículos 115 y 116 de la Carta Magna se garantiza el derecho a la propiedad, pero también se establece la actuación del Estado por uso de utilidad pública, lo cual no excluye a la producción de alimentos que es considerado un derecho humano.
“No es verdad que uno es el dueño y puede hacer con la cosecha lo que le dé la gana, que no es el caso de estos camaradas (…) pero tienen por detrás unos gavilanes que podrían estar utilizándolos”, aseveró.

También informó que existe la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria, instrumento legal especial de característica orgánica, el cual se elaboró en función y cuidado del consumo de alimentos.

Organización es la clave

El diputado Álvarez instó a los productores venezolanos a buscar formas de organización que permitan solventar esta problemática junto a los canales regulares que ha abierto el Estado venezolano.

Recordó que junto a la Vicepresidenta Delcy Rodríguez se ha instalado una comisión permanente para el estudio del costo de los productos, por lo que existen canales para exponer cualquier requerimiento que esté afectando al sector.

“Aquí han llegado marchas de los caficultores, de los cañicultores, de los cerealeros y se han atendido y se han convenido con ellos algunos acuerdos”, explicó Álvarez.

Por lo que espera que la solución al problema de combustible para los productores ya no dependa del servicio municipal o estadal, sino que sea exclusivo, a través de un censo, para este sector.

También espera que con la recuperación de la empresa venezolana de producción de agro insumos Monómeros, ubicada en Colombia, y que está rescatando Pequiven; esto sirva para apoyar al desarrollo agropecuario del país.

“No vamos a tener el saco de NPK a 10$ es verdad pero tampoco lo podemos tener a 80$. Eso va a mejorar, esperamos que para el próximo año mejore”, aseveró el diputado.

Por su parte, Granadillo dijo que actualmente se están realizando encuentros con distintos niveles de gobierno así como asambleas con los productores para discutir la problemática del abastecimiento del combustible.

“Nosotros ahorita estamos en una serie de despliegue, atendiendo a los productores, buscando las iniciativas, en las propuestas que nos permitan avanzar en el plan especial de distribución de combustible al sector agrícola”, agregó.

El presidente Nicolás Maduro anunció hace pocos días la creación de un fondo especial de financiamiento para pequeños productores del país, así como también mejorar la vialidad y lograr la bancarización del sector productivo.

Venezuela incrementó a 94% la producción de sus alimentos en el año 2022 destinados a más de 7 millones de familias, a través de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Una vieja práctica

Son muchos los ejemplos donde el acceso a los alimentos es utilizado como arma de guerra para derrocar gobiernos de izquierda.

En 1972 el gobierno del presidente de Chile Salvador Allende, quien había creado estrategias para garantizar la alimentación de su pueblo, especialmente la de los niños y jóvenes, comenzó a evidenciar dificultades.

Una escalada emprendida por Estados Unidos hizo que aumentara la inflación, el desabastecimiento de alimentos y se devaluara la moneda lo que encareció los productos en el mercado.

Largas colas para que la población pudiera abastecerse comenzaron a surgir por todo el país. “Esta situación fue utilizada por la oposición política del gobierno para manifestarse públicamente y contó con una importante cobertura mediática”, recuerda la Biblioteca Nacional de Chile en su página web en la sección Memoria Chilena.

En Venezuela, durante el periodo conocido como la Cuarta República, recordó el diputado Álvarez, también hubo evidencia de que sectores empresariales destruyeron alimentos como leche o maíz para pedir un “mejor precio”.

“Nosotros los del gobierno debemos tener alguna responsabilidad, pero, ¿Qué pasa aquí con el bloqueo? ¿Qué pasa aquí con el robo de nuestras divisas?, que un país diga que tenemos 170 mil millones de dólares secuestrados que no nos permitan moverlo ni para comprar medicinas, para hacer los convenios del intercambio de alimentación”, cuestionó el parlamentario.