El efecto de esta medida será, por un lado, encarecer las importaciones y proteger el precio al cual venden los productores en el mercado nacional; por el lado de las exportaciones, impedirá a los productores nacionales aprovechar oportunidades de comercializar su producto en otros mercados. La medida es contradictoria, pues protegerá de la competencia al productor nacional, pero también se le impedirá competir en otros mercados.

En paralelo, en un anteproyecto de Norma Oficial Mexicana enviado a revisión de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, el gobierno federal plantea una prohibición del uso de maíz transgénico para la producción de tortillas, tostadas y demás productos del maíz. De implementarse esta medida, se impedirá el uso del maíz amarillo de importación, que atiende cerca del 40 por ciento de la demanda del producto en territorio nacional, para diversos usos alimenticios. Aunque en apariencia la medida se enfoca en la tortilla y derivados, podría extenderse a todo tipo de alimento elaborado con base en maíz. Esta medida será de difícil o incluso imposible implementación, pues requerirá de la instalación de laboratorios que verifiquen la composición del cereal.

Estas disposiciones son una reacción a la imposibilidad de combatir la inflación alimentaria que ha afectado a nuestro país, a la incapacidad de mejorar la productividad en el campo y a las crecientes quejas de productores que manifiestan que las actuales condiciones de mercado les impiden recuperar siquiera los costos de producción. Sin embargo, la efectividad de las políticas se verá comprometida porque provienen de un diagnóstico equivocado. El decreto arancelario menciona en sus consideraciones que la oferta y producción de maíz blanco en México son factores importantes en la determinación del precio. Esto es incorrecto, porque los determinantes fundamentales del precio son la cotización del maíz amarillo en el mercado de futuros agrícolas de Chicago y los costos relacionados con la logística. De tal manera, lo que ocurre en el mercado nacional es para todo fin práctico irrelevante, en términos de determinación del precio, pues nuestro país representa alrededor del 3 por ciento de la oferta global de un mercado ampliamente competitivo.

La situación de los productores nacionales es bastante complicada porque ha habido cambios de política agrícola que han afectado en los incentivos de los agentes. En primer lugar, fueron desmantelados o disminuidos los instrumentos tradicionales de intervención, que eran la agricultura por contrato y el programa de coberturas. El primer programa se diseñó para proteger al agricultor frente a los compradores de su producto y permitía al productor tener certeza sobre las condiciones de venta. El segundo programa tuvo como objetivo proteger al productor respecto de las variaciones de mercado que pudieran afectar su ingreso.

En segundo lugar, como ya se mencionó, hay un mal entendimiento de la dinámica del mercado, que tiene una dimensión internacional y que no distingue en términos de precio entre las variedades blanca y amarilla, pero ignora que la oferta de maíz blanco es restringida a nivel internacional, pues solo México y Sudáfrica son productores relevantes.

Finalmente, los esfuerzos por mejorar la productividad no se han mantenido. Por ejemplo, no ha habido continuidad en programas de cooperación con entidades no lucrativas, que facilitaban el acceso de semilla mejorada híbrida a los productores.

El panorama no es alentador. Al desarticular los programas de apoyo, se ha expuesto a los productores a los vaivenes del mercado. El estancamiento de la productividad, la elevación de costos y la fragmentación de la producción anticipan serias dificultades para mejorar la producción, el abasto y el nivel de vida en el campo.