Causó consternación y manifestaciones de rechazo la decisión del Ministerio de Economía de canjear por títulos en pesos los bonos del Tesoro denominados en dólares en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del sistema previsional. Se acusa al gobierno de confiscar los ahorros de los jubilados para financiar al Tesoro nacional.

El FGS es una reserva para afrontar futuros pagos de jubilaciones. Aun en sistemas públicos de reparto es muy necesario contar con esta herramienta. En la Argentina se creó en el 2008 cuando se eliminó el sistema de capitalización. La medida fue promovida por el actual Ministro Massa, que entonces era Jefe de Gabinete, y por Amado Boudou, que entonces era Ministro de Economía, acompañados por un amplio consenso del oficialismo y la oposición de aquel entonces, con muchos de estos últimos formando parte hoy de Juntos por el Cambio. El principal argumento fue que, administrados por el Estado, los ahorros previsionales estarían mejor gestionados y más protegidos.

Pasados 14 años desde aquella estatización se puede evaluar la calidad de la gestión del FGS y cuán protegidos estuvieron los ahorros previsionales. En particular, cabe preguntarse si es la primera vez que se usa al FGS para auxiliar al Tesoro. Según datos de la ANSES sobre el FGS se observa que:

En el 2009 el FGS equivalía a 18 meses de gasto jubilatorio.

En el 2022 los fondos acumulados en el FGS permiten financiar 14 meses de gasto.

En el 2009 los títulos de deuda del Estado en la cartera del FGS representaban el 60% del total de sus activos, mientras que en el 2022 representan el 78%.

Estos datos muestran que la gestión del FGS ha sido pobre. Bajó la proporción del gasto en jubilaciones que logra sustentar y aumentó la participación de títulos de deuda del Estado dentro de su cartera. Es decir que, de manera menos explícita que con el decreto del canje, el Tesoro nacional viene utilizando desde hace mucho tiempo los recursos del FGS. Por eso, en lugar de rasgarse las vestiduras por la operación de canje de títulos que aplicó el gobierno, se necesita más autocritica y menos hipocresía para encontrar la manera de recuperar la sostenibilidad del sistema previsional.

La ANSES en la letra de la ley es un ente autárquico y descentralizado del Poder Ejecutivo. Pero en la práctica opera subordinado e integrado al poder político central de turno. Esto genera dos fenómenos muy negativos. Por un lado, promueve que desde los tres niveles de gobierno se tomen decisiones sin prever su financiamiento. Leyes, decretos y fallos judiciales fijan beneficios previsionales sin estudio actuarial que los respalde bajo el supuesto de que será “el Estado” el que tendrá que pagarlos. El resultado previsible son disposiciones previsionales no sustentables que generan crónicos excesos de emisión y endeudamiento. Por otro lado, el sometimiento de la ANSES al poder central incentiva a que se usen los ahorros previsionales para paliar los desajustes macroeconómicos.

La subordinación de la ANSES induce a decisiones irresponsables que llevan a crisis macroeconómicas usadas como argumentos para apropiarse de los ahorros previsionales. Un paso muy importante para romper con este círculo vicioso es regular la independencia de la ANSES bajo lo que establece el artículo 14° bis de la Constitución: “…el seguro social obligatorio estará a cargo de entidades con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados…”. La autonomía, para que sea creíble y efectiva, tiene que ser estricta, incluyendo, por ejemplo, la tipificación de sanciones penales para los funcionarios que promuevan o toleren la derivación de recursos previsionales para auxiliar el Tesoro Nacional o que no exijan estudios actuariales que demuestren el sustento financiero, antes de aplicar disposiciones –de cualquier poder del Estado– aumentando los beneficios.
Hay consenso en que para vencer la inflación se necesita un Banco Central independiente.

Para que esto sea efectivo, el sistema previsional tiene que ser sustentable para dejar de ser un factor de desestabilización de las finanzas públicas. Por eso, para darle independencia al Banco Central, previamente, hay que darle independencia a la ANSES también.

Fuente: Idesa