La República Argentina nació sin coparticipación. En 1862 –cuando se constituye, con la incorporación de la provincia de Buenos Aires a la Confederación de las Provincias Unidas– se estableció expresamente en la Constitución que el recién creado Estado nacional se financiaría con las rentas del comercio exterior y las provincias, como lo venían haciendo, con los impuestos a las actividades internas de sus respectivos territorios. Esto se conoce técnicamente como separación de fuentes tributarias.

El esquema funcionó hasta que, con la crisis de 1930 y el desplome del comercio exterior, se dispuso que la Nación también se financie con impuestos a las actividades internas. Se acordó con las provincias unificar en el Estado nacional la recaudación de impuestos internos y se creó la coparticipación. El mecanismo incluyó una regla de distribución primaria (entre el Estado nacional y el conjunto de las provincias) y una secundaria (entre las provincias). El esquema sufrió muchos cambios a lo largo del tiempo. En 1988, al final del gobierno de Alfonsín, se sanciona la actual norma (Ley 23.548).

¿Cuáles son los principales rasgos de la distribución que hoy está vigente? Según el Ministerio de Economía en lo que va del 2022 se observa que:

En las provincias del norte vive el 22% de la población y reciben el 34% del total de los recursos coparticipados entre las provincias.

En las provincias del centro y sur vive el 33% de la población y reciben el 41% de la coparticipación.

En la Ciudad Autónoma y la provincia de Buenos Aires vive el 45% de la población y reciben solo el 25% de la masa de coparticipación destinada a las provincias.

Estos datos muestran algunas de las arbitrariedades que contiene el régimen de coparticipación. Si bien es razonable que redistribuya en favor de las zonas más rezagadas, que la región donde vive casi la mitad de la población del país reciba solo un cuarto del total resulta sumamente arbitrario. Esto se explica porque en la compleja negociación política de la que emergió la Ley 23.548, en 1988, se recortó groseramente el coeficiente de la provincia de Buenos Aires y cuando se creó la CABA, en 1994, no se adecuó como correspondía el régimen de coparticipación.

Una nueva coparticipación tiene que aprobarse por unanimidad de todas las provincias. Por lo tanto, cumplir lo dispuesto por la actual y transitoria Ley de Coparticipación y el mandato incluido en la Constitución de 1994, es imposible. Nunca la dirigencia de las provincias beneficiadas con la arbitrariedad del esquema vigente va a apoyar un cambio que las perjudique. La coparticipación no solo es un laberinto, por sus complejas arbitrariedades, sino que además es una trampa porque no hay manera de alcanzar el unánime consenso necesario para modificarla con alguna racionalidad.

La salida es volver a los orígenes de cuando nació la República Argentina. Esto es, eliminar la coparticipación y restablecer la separación de fuentes tributarias. El Estado nacional que se financie con los impuestos al comercio exterior, a la seguridad social y con la totalidad del impuesto a las ganancias. Las provincias con la totalidad del IVA (unificado con ingresos brutos, tasas de industria y comercio municipales y otros impuestos sobre las transacciones) y Bienes Personales (que se unificaría con inmobiliario y automotor). Para las provincias del norte, actuales beneficiarias de la coparticipación, debería contemplarse un Fondo Compensador que les garantice el mismo nivel de recursos actual.

La decadencia argentina esta íntimamente asociada al régimen de coparticipación. No beneficia a las zonas más atrasadas sino a los dirigentes de las regiones menos desarrolladas. Prueba de ello es que, aun con la enorme masa de recursos que se les transfiere a través de la coparticipación, el norte del país es cada vez más subdesarrollado.

Los dirigentes que firmaron el comunicado contra el fallo de la Corte lo hicieron en función de sus intereses personales. Con la coparticipación, los ciudadanos de esas provincias deberán resignarse a seguir sufriendo los estragos del subdesarrollo.

Fuente: Idesa