En el Ministerio de Economía se toma con alivio y regocijo que la inflación haya perforado hacía abajo el fatídico 5% mensual o más que se venía repitiendo desde marzo. Según el INDEC, los precios al consumidor en noviembre crecieron el 4,9%. Con esta tasa, la inflación anual es del 92%. Es plausible que el aumento de los precios en el 2022 termine siendo menor al 100% anual. Aun así, la Argentina es Campeón Mundial de la Inflación.
La estrategia que viene aplicando el Ministro de Economía se basa en evitar una mega-devaluación apelando a múltiples tipos de cambios, estrictos controles de importaciones y moderación del déficit fiscal licuando jubilaciones, posponiendo inversiones y “pisando” pagos a proveedores. Esto se complementa con una serie de acuerdos de precios y absorción de emisión monetaria con Leliq y pases. El objetivo es llegar a abril del 2023 con 3% de inflación mensual. Difícil. Pero, aunque se alcanzara, la Argentina revalidará su liderazgo mundial en materia de inestabilidad macroeconómica.
¿Cómo hizo Argentina para consagrarse Campeón Mundial de la Inflación? Las evidencias muestran que no es sólo mérito de este gobierno. Según datos del Ministerio de Economía, en los últimos 62 años se observa que:
Los peronistas gobernaron el país aproximadamente la mitad del tiempo con un déficit fiscal promedio del 3% del PBI anual y la inflación del orden del 78% anual.
Los militares gobernaron un cuarto del período con desequilibrio en las cuentas públicas de 4% del PBI anual e inflación del 132% anual.
Los radicales, solos o en alianza, gobernaron el otro cuarto del período con déficits fiscales del 7% del PBI anual y una inflación del 386% anual.
Estos datos muestran que la persistencia de la muy alta inflación está asociada a que el déficit fiscal fue una verdadera “política de Estado”. Ciertamente que la inflación depende de muchos factores, además del déficit fiscal. Pero, para que la Argentina sea Campeón Mundial de la Inflación, es crucial haber sostenido férreamente durante más de 6 décadas cuentas publicas desequilibradas. Cambiaron los directores técnicos (peronistas, militares, radicales solos o en alianzas con la centro-izquierda o la centro-derecha) pero no cambió la esencia de la estrategia. En materia de mala organización y administración del Estado, al igual que en el futbol, todos tienen puesta la misma camiseta. No hay grieta.
Para recuperar estabilidad y el progreso se requiere disrupción. El primer paso es asumir que el déficit y la ineficiencia se origina en la mala organización del Estado. Por eso, las recetas tradicionales de ajuste fiscal fracasan. No es solución licuar jubilaciones, posponer inversiones, congelar salarios públicos, “pisar” pagos a proveedores o crear nuevos impuestos. Estas medidas pueden dar alivio financiero de corto plazo, a costa de agravar desequilibrios futuros y profundizar la mala calidad de la gestión pública. Para salir de la decadencia es imprescindible replantear la organización del Estado.
Lo disruptivo pasa por la integralidad y la profundidad. En materia de ordenamiento tributario hay que aplicar una drástica simplificación unificando tributos nacionales, provinciales y municipales. Por ejemplo, IVA debe absorber Impuestos Internos, Ingresos Brutos, Sellos y tasas municipales. Lo mismo Bienes Personales, que debe absorber el impuesto inmobiliario y automotor haciendo un único impuesto al patrimonio. En simultaneo, es necesario aplicar un ordenamiento de las potestades tributarias para que cada jurisdicción se financie con los impuestos que genere de manera que no sea necesario un régimen de coparticipación. De esta forma, las provincias y los municipios estarán estimulados a generar valor agregado en sus territorios y a poner en valor los patrimonios de los ciudadanos. También es fundamental el ordenamiento funcional del Estado eliminando solapamientos entre los niveles nacional, provincial y municipal.
Asumir con naturalidad ser Campeón Mundial de la Inflación es resignarse a la decadencia. Esto define la importancia decisiva de un ordenamiento integral del Estado que permita lograr equilibrio fiscal estructural y una mejor calidad en la gestión pública.
Fuente: Idesa
