Si bien la inflación por sí misma es un fenómeno que alarma a toda la sociedad, el mayor impacto se observa al compararla con los aumentos en los salarios ya que a fin de cuentas lo que todos buscamos es poder mantener nuestro nivel de consumo relativamente estable.
Para poder hacer una comparación concreta en este sentido debemos posicionarnos en la inflación del mes de abril, porque a la fecha solo hay información oficial disponible referida a salarios hasta ese momento. En abril del corriente año, la inflación ya acumulaba un 23,1% mientras que los salarios acumulaban un aumento del 21% en el caso de los trabajadores registrados y un 18% en el caso de los informales, habitualmente denominado trabajo en negro. Esto quiere decir que el poder de compra de los trabajadores cayó en un 1,7%.
El problema actual es que, si tenemos en cuenta las paritarias cerradas para el año 2022, en su mayoría los acuerdos rondaban el 50% o 60% anual. Y para gran parte de los asalariados solo se han realizado incrementos hasta la fecha del 30% frente a una inflación aproximada del 45,5%. Esto quiere decir que los trabajadores del sector privado hasta julio habrían perdido un 11% de su poder de compra situación que por supuesto se agrava para los no registrados. Si además comparamos las proyecciones interanuales, los precios incrementarían un 71% y los salarios un 55% y los trabajadores perderían así un 9% de su poder de compra.
Esto nos permite ver que los principales perjudicados a causa del fuerte aumento de precios que acecha Argentina hace 20 años son los trabajadores. Y el problema es que los remedios que se intentan aplicar como precios máximos o controles de precios son insuficientes e ineficientes para atacar el problema. La única alternativa posible para poder controlar efectiva y finalmente el aumento de precios es un ordenamiento integral del Estado. Esto incluye ordenar el sistema previsional, simplificar impuestos, tender a la correspondencia fiscal entre la jurisdicción que ejecuta el gasto y la que recauda y eliminar superposiciones de gastos entre nación, provincias y municipios.
Fuente: Idesa
