Las cuentas públicas muestran un fuerte aumento del déficit fiscal en mayo. El gasto que más sube –aunque no es el único determinante del déficit– es el del Ministerio de Desarrollo Social nacional, por los planes asistenciales, fundamentalmente la tarjeta alimentaria y el Potenciar Trabajo. En el período abril-mayo estas erogaciones pasaron de $100 mil millones el año pasado a $320 mil millones este año. Es lógico asociar la triplicación del presupuesto asistencial a que algunas de las agrupaciones piqueteras beneficiadas están entre las principales bases de apoyo político del presidente.

La vicepresidenta cuestionó la “privatización” de la administración de los planes asistenciales en las agrupaciones piqueteras. Reivindicó el trabajo por encima del asistencialismo. A eso se agregan críticas a la imposición a los beneficiarios a participar en marchas y aportar a las organizaciones. El planteo confirma que los planes asistenciales sirven más al clientelismo y la corrupción que a disminuir la pobreza. Queda explícito que los pobres son usados en beneficio de los poderosos.

¿Por qué el movimiento piquetero tiene una influencia similar a la del movimiento sindical, el más asociado con el trabajo? Para responder la pregunta sirve apelar a los datos del Ministerio de Trabajo y del INDEC. Según estas fuentes, entre el primer trimestre del 2012 e igual periodo del 2022, hubo 2,8 millones de nuevos ocupados de los cuales:

El 26%, o 700 mil, son empleados públicos.

Otro 30%, o 900 mil, son domésticas y cuentapropistas registrados en AFIP.

El 44% restante, o 1,2 millones, son informales asalariados o cuentapropistas no registrados.
Estos datos muestran que todo el crecimiento del empleo en la última década ha sido en el Estado, en el servicio doméstico, en el Monotributo y en ocupaciones informales. Las empresas privadas no generaron nuevos empleos asalariados registrados. Esta dinámica es decisiva para explicar las oportunidades que da la pobreza y la falta de empleos decentes para usar los planes asistenciales. La creciente influencia de los piqueteros es gracias a que no se generan empleos de calidad.

La vicepresidenta tiene razón cuando cuestiona a los líderes piqueteros por apropiarse de los planes asistenciales. Pero esto no se resuelve pasando la gestión a los funcionarios nacionales. No tiene sentido tener un Ministerio de Desarrollo Social nacional. La asistencia social debe ser gestionada por los gobiernos locales con una drástica simplificación, mejora del diseño y mecanismos más modernos de gestión. Los gobiernos locales deben gestionar la asistencia social y el gobierno nacional auditar y publicar información sobre los resultados de la gestión de cada gobierno local. Para esto último, no hace falta un ministerio nacional.

Basta con una agencia nacional

Pero lo más importante es asumir que no hay asistencia social –por buena que sea su gestión– que compense la no generación de empleos de calidad. Para dinamizar el mercado laboral es necesario un contexto favorable a la producción y a la inversión. Para esto hay que lograr estabilidad macroeconómica, la simplificación del sistema tributario, seguridad jurídica, mejores regulaciones y el desarrollo de infraestructura y logística. Además, instituciones laborales que no castiguen (no es necesario que premien) a las empresas que generen empleos asalariados registrados. Puntos claves son bajar las cargas sociales, fundamentalmente para las pymes, descentralizar la negociación colectiva a nivel de las pymes y eliminar la multiplicación de la indemnización por despido para reducir y hacer más predecible el costo de la desvinculación laboral.

Todo lo anterior no garantiza más empleos de calidad, si la gente no alcanza razonables niveles de educación. La prueba Aprender 2021 señala que el 70% de los niños de nivel socioeconómico bajo no tiene capacidades de lectura. Ante semejante fracaso es un error concentrar culpas en el gobierno nacional que cerró las escuelas por la pandemia. El problema estaba antes de la pandemia y la gestión de las escuelas está a cargo de los gobiernos provinciales siendo ellos los responsables de la calidad educativa.

Fuente: Idesa.org