Daniela García, experta en Bosques y Cambio Climático del Área de Programas de FAO Argentina, explicó que “REDD+ es un mecanismo que se creó en el ámbito de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) e incentiva a los países a desarrollar acciones y políticas nacionales en pos de reducir las emisiones debidas a la deforestación y degradación forestal, en línea de poder avanzar con los compromisos asumidos en el Acuerdo de París”.
En efecto, la sigla REDD+ significa “Reducción de Emisiones de la Deforestación y la Degradación Forestal”, e incluye 5 actividades a través de las cuales los países pueden reportar resultados y acceder a financiamiento en términos de compensación: reducción de la deforestación, reducción de la degradación, aumento de las reservas forestales de carbono, manejo forestal sostenible y conservación de los bosques.
“Veo lo logrado por Argentina como un enorme caso de éxito y además porque lo hizo en tiempo récord. Pensemos que para acceder a este financiamiento los países deben cumplir con 4 pilares: la preparación de una estrategia nacional de REDD+, el armado de un Sistema de Información de Salvaguardas, contar con un sistema de monitoreo de bosques y contar con un nivel de referencia de emisiones forestales. Todos esos pasos llevan tiempo”, aclaró García.
En el caso de Argentina, la estrategia nacional de REDD+ es el Plan de Acción Nacional de Bosques y Cambio Climático, un documento que se presentó a la CMNUCC en enero de 2019 y que se encuadra en la principal política de gestión en la temática: la Ley de Bosques.
Además, a lo largo de los últimos años, Argentina diseñó su Sistema de Información de Salvaguardas (SIS), y presentó su Primer Resumen de Salvaguardas en diciembre de 2019.
Dicho documento incluye cómo se mitigarán los riesgos y potenciarán los beneficios de la implementación de acciones en territorio. “Con la implementación de este proyecto se contribuirá a generar nueva información que el SIS actualizará a lo largo del tiempo”, explicó García.
El tercer pilar es el Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques Nativos, a través del cual los países deben conocer sus emisiones para luego medirlas y reportarlas. En el caso de Argentina, este sistema se ha ido fortaleciendo a lo largo de los años. “Dentro de lo que son las actividades de REDD+ se reporta anualmente la deforestación, es decir, el cambio de uso del suelo, y esa información es la que se consigna en el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI). Este es el insumo base a partir del cual se hizo el cálculo de resultados de emisiones que después se tradujo en los 82 millones de dólares que recibió la Argentina de parte del Fondo Verde para el Clima”, describió García.
El cuarto pilar al que refirió la experta en Bosques y Cambio Climático del Área de Programas de FAO Argentina es el Nivel de Referencia de Emisiones Forestales. “Para que un país pueda calcular los resultados de emisiones, debe tener una línea de base para poder evaluar su evolución en términos de reducción. Para el caso de Argentina el periodo que se tomó como base fue el periodo 2002 al 2013, y la línea de referencia en términos de emisiones se ubicó en 101 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2e), lo que representa la tasa de deforestación promedio que tuvo la Argentina en ese período de tiempo”.
El Anexo Técnico de resultados de REDD+ fue presentado por Argentina a la CMNUCC junto al Tercer Informe Bienal de Actualización (IBA3) en diciembre de 2019 y el mismo reportó los resultados de reducción de emisiones entre 2014 y 2016 por 165 millones de toneladas de CO2e.
¿De dónde viene el financiamiento?
El Fondo Verde para el Clima se creó en el marco de la CMNUCC; el mismo tiene un programa piloto específico de Pago por Resultados de REDD+ que consiste en un fondo de 500 millones de dólares a nivel global con una vigencia de 5 años, entre 2017 y 2022, y el monto a financiar es de 5 dólares por tonelada de dióxido de carbono reducida.
“La forma de acceder a esos fondos es a través de entidades acreditadas y en el caso de Argentina esa entidad es la FAO, con lo cual, tanto Ambiente como la Organización escribieron la propuesta para acceder a ese financiamiento”, explicó García.
La forma de solicitar esos fondos fue a través de la presentación de una nota conceptual y de una posterior elaboración de propuesta de financiamiento donde se debía dar cuenta sobre cómo se generaron los resultados de emisiones, cómo se utilizaría el financiamiento y cómo sería el marco de salvaguardas para asegurar el cumplimiento del proyecto. “Estas propuestas se evaluaron de acuerdo con un tablero de puntajes que tuvo en cuenta la calidad de los resultados y cómo se haría uso de los fondos recibidos”, sumó García.
Argentina presentó la nota conceptual en 2019 y una vez obtenido el visto bueno, durante 2020 preparó la propuesta de financiamiento. Tras ser aprobada en noviembre de ese año por el Fondo Verde para el Clima, el país fue uno de los 8 países en todo el mundo que accedieron al financiamiento. De los 500 millones de dólares totales, el Fondo Verde para el Clima le otorgó unos 82 millones de dólares. “Hay un trabajo de más de 10 años en esto. Por eso nos genera una enorme satisfacción el hecho de poder lanzar el proyecto”, manifestó García.
¿Cómo se repartirá el beneficio del Pago por Resultados en Argentina?
El coordinador del General del proyecto, Ariel Medina, declaró que “esto es una compensación por el esfuerzo que hizo la Argentina en su política de reducir su tasa de deforestación, lo que tiene que ver con la implementación de la Ley de Bosques”.
“Casi el 80% del financiamiento de este proyecto está puesto en medidas que se implementarán en territorio, describió, y agregó: “Va en línea con lo que dijo el secretario de Agricultura, sobre que hay 30 millones de hectáreas donde se hace ganadería en bosques nativos; la idea es mejorar esa actividad, a través del desarrollo de Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI). Producto de esto en abril de 2022 se firmó una resolución entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para comenzar a desarrollar una silvicultura preventiva de incendios forestales”.
“Estamos convencidos de que los bosques nativos son un factor de desarrollo, arraigo y empleo rural. La idea es que sean vistos como un factor de desarrollo, para lo cual trabajaremos con el pequeño productor, con las comunidades indígenas dependientes de los bosques y con la industria cercana, mejorando la competitividad y la forma en que se hacen las extracciones en todas las operaciones forestales”, enunció.
Según Medina, “los incendios forestales son el tercer factor de pérdida de bosques a nivel nacional y sobre todo se agravó en los últimos dos años. A su vez, producto de estudios censales, el 65% de las poblaciones nativas y el 55% de la población rural argentina habitan los bosques nativos, con lo cual, el proyecto tiene una matriz de acompañamiento muy grande a estos actores, y a su vez, al evidenciar que existe una correlación entre la deforestación y la pérdida de población rural, se buscará promover el arraigo”.
Distribución del presupuesto:
• 27% - Promoción de planes integrales comunitarios
• 17% - Desarrollo de cuencas forestales
• 13% - Financiamiento en Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI)
• 10%- Prevención de incendios
• 9%- Desarrollo de programas de implementación territorial
• 5%- Fortalecimiento de los organismos de controles provinciales
Las componentes del proyecto:
A- Gestión territorial
A1. Planes de manejo a nivel de cuencas forestales
A2-Planes integrales comunitarios
B- Plan Nacional de Manejo de Bosques con Ganaderia Integrada (MBGI)
C- Planes Institucionales de Prevención de Incendios
D- Fortalecimiento de Capacidades Institucionales Nacionales y Provinciales
A lo largo del evento, quedó reflejado el enorme esfuerzo y trabajo articulado con múltiples actores a nivel nacional y provincial, y en coordinación con FAO y otras agencias de Naciones Unidas, que Argentina ha venido desarrollando a lo largo de los últimos años a través de la implementación de políticas públicas integradas en pos de la sostenibilidad de la gestión de los bosques nativos y el consecuente logro de resultados de reducción de emisiones.