A propósito de la votación en diputados se abrió un debate entre los que votaron en contra y los que votaron a favor. Algunos “libertarios”, con el fanatismo que suele caracterizarlos en su desesperación por descalificar al que piensa diferente, pretendieron llevar el tema de la votación a una cuestión ideológica cuando en realidad había más de una estrategia para elegir.

Es entendible el argumento que si se votaba la negociación se votaba el marco del acuerdo con el FMI, pero también es entendible que la ley que se votó, se limita a autorizar al gobierno a negociar con el FMI la deuda contraída en 2018.

Si para votar a favor de la renegociación se le exigía al gobierno una serie de reformas estructurales, implícitamente se estaba intentando cogobernar. Pero lo más extraño es que un liberal en serio crea que el gobierno tiene la convicción y la credibilidad como para decir que aceptaba bajar el gasto público, cerrar el Banco Central, reducir los impuestos o cosas por el estilo.

Una estrategia hubiese sido rechazar la autorización pidiendo que el gobierno presente un plan económico consistente para pagar la deuda y mientras tanto que use una parte de los US$37.000 millones de reservas que dice tener. Hubiese quedado en evidencia que esa cifra no es cierta.

En definitiva, a nadie escapa que lo que está buscando el gobierno es comprar algo de tiempo para llegar al 2023. Dado que no tiene intenciones de hacer reformas estructurales y sí seguir castigando al sector privado, el costo político de las barbaridades económicas que va a hacer las va a pagar este gobierno. La Campora va a decir que ellos no acompañaron y se van a abrir y los que votaron en contra que no son de La Campora también. JxC va a argumentar que le dieron las herramientas para que no cayeran en el default pero aún así hicieron un desastre. Es decir, la votación no era una cuestión de principios liberales o no, sino de estrategia política.

En todo caso, el debate que puede haber entre liberales es si el estado debe o no tomar deuda para financiar sus gastos de capital, por ejemplo la construcción de un hospital. Unos dirán que sí porque ese hospital lo van a usar varias generaciones y otros dirán que no porque las futuras generaciones tendrán que pagar la deuda sin haber votado si quiere o no el hospital. En definitiva, hay que terminar con esto de que alguien en particular tiene el papado del liberalismo y da la bendición como si fuese una religión.

Si siguiésemos el razanomiento de algunos fanáticos que aparecieron últimamente entre los llamados “libertarios”, von Mises, uno de los grandes impulsores de la escuela austríaca de economía, sería un marxista consumado porque consideraba que la opera debía ser estatal, solo porque a él le gustaba la opera.

El mismo Mises era partidario del patrón oro, algo que para los fanáticos “libertarios” recién arribados al tema sería una herejía marxista porque significa la existencia de una moneda estatal. Pecado de lesa humanidad.

Mises analiza si hay impuestos neutros, y los “libertarios” que argumentan que los impuestos son un robo, terminarían mandando a la hoguera a Ludwig von Mises por ladrón que habla de impuestos.

Vale la pena hacer la aclaración de que, si uno es liberal, debe haber una amplia disposición al debate sobre si aprobar la negociación con el FMI sí o no, porque el liberalismo no es una religión y nadie puede hablar ex catédra cómo si estuviera decidiendo él sobre si tal cosa es una cuestión de fe o que algún liberal merece la excomunión.

Lo concreto es que la economía argentina lleva 10 años de estancamiento económico y no es por los acuerdos con el FMI sino por el exponencial crecimiento del estado en la vida económica y por la inseguridad jurídica.

Como puede verse en el gráfico 1, estimando un crecimiento del 10,1% en 2021 de acuerdo al EMAE, aún el PBI terminaría por debajo de 2019 año recesivo y sin crecer desde el 2011, justo el año en que Cristina Fernández puso el cepo cambiario ni bien ganó las elecciones.

Es decir, tenemos un sector público cada vez más grande, más ineficiente y que entorpece al sector privado en su trabajo, con la contrapartida de establecer una fenomenal carga impositiva sobre el cada vez más disminuido sector privado.

Ese estancamiento se tradujo, de acuerdo a datos del Ministerio de Trabajo, entre enero de 2012 y diciembre 2021, en que el sector privado formal perdió 92.724 puestos de trabajo y el empleo público aumentó en 842.000 puestos de trabajo, principalmente en las provincias, y no se observan mejoras en la educación, la seguridad o la salud que justifiquen ese fenomenal incremento del empleo público.

Y como si el sector privado no estuviese agonizando, ahora el gobierno frena las exportaciones de soja con la intención de incrementar los derechos de exportación. Un verdadero disparate económico.

Entre el tipo de cambio oficial atrasado artificialmente, las retenciones y la carga impositiva, van a terminar haciendo desaparecer al sector más competitivo de la economía argentina. Y es que no solo le van a aplicar más retenciones, sino que, además, ya le están subiendo los insumos y el combustible, con lo cual es un verdadero estrangulamiento del sector.

Si uno observa el volumen de exportaciones se va a encontrar que aun en el momento de mayor esplendor de los precios de las commodities en la primera era k, las exportaciones estuvieron estancadas. En volumen están estancadas desde el 2005, es decir, llevamos 16 años sin aumentar el volumen de exportaciones. Tomo el dato de volumen porque el dato en dólares engaña por la suba o baja de precios internacionales. No conformes con este estancamiento de las exportaciones, encima quieren castigar más al sector que les puede mover la economía.

El acuerdo con el FMI que quieren conseguir es para ganar tiempo y llegar al 2023, sin embargo es tal el grado de groseros errores de política económica que comenten, tal la presión impositiva y castigo al sector privado y tal el grado de desborde de gasto público, que sería un milagro que lleguen al 2023 sin que antes no se produzca un gran descontento popular por el desgaste que están produciendo en amplios sectores de la población con medidas que ajustan solo al sector privado y mantienen intocable a una dirigencia política que se ha transformado en la nomenklatura argentina.

Recordemos que la nomenklatura era la elite gobernante de la ex Unión Soviética que vivía a cuerpo de rey mientras sometía a la población a las miserias más inimaginables. Bien, esa nomenklatura se ha instalado en la Argentina y pretende seguir viviendo sin advertir que están administrando pobreza y que, más tarde o más temprano, no quedará nada para administrar.

Fuente: Economía para Todos