De acuerdo a la Constitución nacional, los gobiernos locales son responsables de la provisión de los servicios públicos de transporte urbano, junto a otros servicios como electricidad y agua y saneamiento. Esto implica organizar y controlar la provisión de los servicios, regular sus tarifas y buscar fuentes alternativas de financiamiento cuando las tarifas no llegan a cubrir los costos de producción. Esta regla se aplica en todo el país salvo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) donde el gobierno nacional se hace cargo de los servicios públicos. Para 2021, los subsidios al transporte fueron de $216.523 mil millones. Se estima que más del 75% se lo quedó el AMBA.
La pregunta que corresponde hacerse, ¿es eficiente la intervención del estado con un subsidio al transporte público? La teoría económica avala intervenciones públicas que desalienten el uso de los autos particulares. Las razones pasan por los costos sociales, (es decir, que soporta el resto de la sociedad) que genera en términos de contaminación medioambiental, congestión, accidentes y saturación del espacio público y de la infraestructura de movilidad. Encarecer con impuestos el transporte en autos particulares y abaratar por medio de subsidios los medios alternativos son las herramientas disponibles para cumplir con este objetivo social. Diferentes combinaciones de estos instrumentos se usan en los países bien organizados.
En el caso de Argentina, la política falla por dos razones:
Por un lado, genera fuertes arbitrariedades geográficas, beneficiando en
mayor medida a la población del AMBA que a jurisdicciones de menor ingreso, como
por ejemplo, las ubicadas en el Noroeste argentino.
Por otro lado, genera fuertes arbitrariedades sectoriales que benefician las
corporaciones del transporte -la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la
Federación de Empresarios del Transporte (FETAP)-, al subsidiar al ómnibus, al
chofer, al gas oil y no a la persona que usa un medio alternativo a su auto para
movilizarse.
Como resultado, se tiene un subsidio inequitativo desde el punto de vista
social, con un subsidio más bien pro-rico- y que además incentiva la degradación
del servicio.
Para priorizar el bien común es necesario salir del “laberinto” de subsidios y, al igual que en el resto de los servicios públicos, establecer que en el AMBA la organización, control y tarifación del transporte este a cargo de los gobiernos locales, y no de la Nación. Pero por otro lado, se debiera establecer una política de estado que busque desalentar el transporte privado (autos y motos) en favor de transportes alternativos. Esto puede ser, por ejemplo, mediante el cobro del impuesto a los combustibles por parte de nación, pero la distribución debería ser automática hacia cada jurisdicción en base a criterios objetivos. Los fondos no deberían ser usados para subsidiar la oferta de transporte público sino para incentivar y ayudar a que las personas, con más énfasis las de menor ingresos, a que usen medios de movilidad socialmente más conveniente. Esto puede ser el transporte público, pero también medios de transporte alternativas como las bicicletas o los monopatines.
Fuente: Idesa.org
