Las negociaciones con el FMI han ido tomando creciente protagonismo y se presentan como un tema prioritario en la agenda económica nacional. En este marco, el gobierno busca fortalecer su posición desplegando a nivel interno grandes esfuerzos para mostrarse apoyado por gobernadores y otros actores políticos. En paralelo, a nivel internacional se despliegan gestiones geopolíticas para influir en el directorio del FMI.

El Ministro de Economía explicó que hay una serie de acuerdos con los funcionarios del FMI, incluido un avance gradual hacia el equilibrio fiscal. Pero hay desacuerdo en el cronograma. El FMI solicita que la reducción del déficit sea más rápida de lo que el gobierno considera recomendable. Lo concreto es que el Estado nacional tiene una deuda pública total de U$S 350 mil millones, la cual creció en U$S 30 mil millones en los dos últimos años y la deuda con el FMI representa apenas un 12%. En otras palabras, el problema del endeudamiento público argentino trasciende con creces el tema del FMI.

La deuda pública es la consecuencia de los déficits fiscales pasados. Una forma de ilustrar lo endémico del fenómeno es analizando las cuentas públicas consolidadas (es decir, del Estado nacional y de las provincias) en los últimos 60 años. Según datos del Ministerio de Economía se observa que entre 1961 y el 2019 (antes de la pandemia):

- Los ingresos públicos fueron del 24,3% del PBI promedio anual
- El gasto público total fue de 29,0% del PBI promedio anual.

Esto significa que en las últimas 6 décadas sólo el 85% del gasto se pagó con ingresos públicos, mientras que el 15% restante fue gasto en exceso.
Estos datos muestran que el sector público gasta consistentemente muy por encima de sus posibilidades. Se trata de una constante que trasciende al color político o ideológico de los gobiernos. Durante 60 años hubo gobiernos con orientaciones muy diferentes, pero todos gastaron más de los que recaudaron. Los superávits observados entre los años 2003 y 2008 no son una excepción. En esa época se devengaron gastos –como los juicios previsionales por falta de movilidad o los intereses de la deuda en default– que la contabilidad pública no los registró como tales en ese momento, sino cuando se pagaron varios años después.

Los déficits fiscales acumulados en las últimas 6 décadas equivalen a casi tres veces el PBI. Esto provoca excesos de endeudamiento y emisión monetaria que son los principales factores de estancamiento. Por eso, es inconsistente el planteo de que los desequilibrios se pueden corregir gradualmente esperando que el crecimiento económico aumente los ingresos públicos para financiar el exceso de gasto. Esto es lo que hizo el gobierno anterior financiando el exceso de gasto (supuestamente transitorio hasta que la economía crezca) con endeudamiento externo. Resulta muy contradictorio que el gobierno proponga el mismo gradualismo para pagar la deuda que generó el gradualismo aplicado por el gobierno anterior.

La estrategia de equilibrar las cuentas públicas a medida que la economía crezca está condenada al fracaso. La razón es que el desorden del Estado cercena el crecimiento. El Estado absorbe ahorros privados con bonos públicos para financiar el exceso de gasto y el Banco Central con Leliq y pases para contener el impacto inflacionario de la emisión monetaria. Esto deja sin financiamiento a la producción lo que hace imposible que la economía se encamine hacia una senda de crecimiento. Por el contrario, es el ordenamiento del Estado lo que traerá la estabilidad de precios, incentivando a que los ahorros dejen de fugarse para ser canalizados a financiar la producción y el crecimiento.

Cualquiera sea el ritmo del gradualismo, el resultado será el mismo: alta inflación y estancamiento. Que sea a la velocidad que plantea el gobierno o a la del FMI no cambia el resultado. Mucho más provechoso sería canalizar los esfuerzos a ordenar el Estado. Por ejemplo, aprovechar la reunión con gobernadores para acordar la unificación del IVA con el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y eliminar la coparticipación para que cada Estado provincial se financie con el valor agregado que se genere en su territorio.

Fuente: Idesa.org