La firma de un nuevo consenso fiscal entre el presidente Alberto Fernández y 23 provincias fue motivo de encendidos debates. Nuevamente, como ya es una tradición en el abordaje de las políticas públicas en la Argentina, hubo poco análisis económico y mucho oportunismo. El documento que se acaba de firmar constituye la cuarta adenda (una todos los años) sobre el pacto firmado original firmado en el año 2017 durante el gobierno de Cambiemos.

¿Qué proponían los distintos pactos fiscales?

El pacto fiscal de 2017, contemplaba como medida más importante, fijar un cronograma comprometiendo la reducción gradual de las alícuotas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y el Impuesto a los Sellos. Se trataba de una decisión muy importante porque, por un lado, son dos impuestos con impactos muy negativos sobre el desenvolvimiento de la económica. Pero, por el otro, constituyen para las provincias (especialmente las más grandes) una muy importante fuente de financiamiento.

El pacto fiscal firmado en diciembre de 2021, eleva los topes para las alícuotas de Ingresos Brutos – es decir, se frena la reducción de alícuotas- y habilita la creación de un impuesto a la herencia.

El esquema original se inspira en la lógica del “gradualismo”, partiendo del supuesto de que la economía crecería en los años subsiguientes, las ganancias de recaudación que generaría el crecimiento permitiría compensar el impacto negativo de la baja de alícuota. Las provincias no se desfinanciarían porque la reducción de impuestos se compensa por los efectos positivos sobre la recaudación del crecimiento económico.

La realidad es que la economía no creció y, por lo tanto, se tuvieron que firmar las adendas suspendiendo el cronograma de reducción. El estancamiento económico justificó la firma de las cuatro adendas (dos con el actual gobierno, dos en el gobierno de cambiemos) suspendiendo la aplicación del cronograma de reducción de alícuotas, y finalmente un nuevo pacto fiscal que permite topes mayores.

¿Error de diseño o mala suerte con la instrumentación? Analizando con objetividad el principal problema es la inconsistencia en el diseño. Por un lado, se asume el diagnóstico de que la Argentina no podrá crecer mientras mantenga un sistema tributario tan complejo y distorsivo. Pero por el otro, se plantea una baja de impuestos supeditado a que la económica crezca. Como era previsible la económica no creció y, por lo tanto, se fueron sucediendo las firmas de adendas para suspender la baja. El fracaso del consenso era previsible porque se sostenía en un supuesto (que la economía crecería) que era contradictorio con el diagnostico de partida (la económica no puede crecer con el actual sistema tributario). El nuevo pacto fiscal directamente asume este fracaso, permitiendo a algunas provincias incluso subir impuestos.

La principal lección que deja esta experiencia es que no hay atajos que permitan eludir un ordenamiento integral del sistema tributario en el que se involucren los tres niveles de gobierno. Es cierto que se trata de un desafío muy complejo que demanda mucha innovación, profesionalismo y audacia. Pero, no abordarlo implicará seguir acumulando frustraciones como las derivadas del Consenso Fical.

Fuente: Idesa