Ello le facilitaría al oficialismo mejorar su performance o bien igualar los tantos con su principal contrincante o —en el mejor de los escenarios— sacarle un pelo de ventaja. Supongamos, por un momento, que este sea el caso y el Frente de Todos lograse reconquistar los sufragios que a expensas suyas obtuvo la coalición opositora en el mes de septiembre. Algo —por supuesto— que se dice fácil y es, en realidad, bien complicado. ¿Cambiaría en algo el panorama general en comparación con los guarismos que arrojaron las PASO? Hay razones de peso para contestar que no. Por de pronto, si el triunfador del comicio se midiese solamente con arreglo a la cantidad de votos obtenidos en cada provincia, habría que extender el criterio de medición al resto de la geografía nacional. De creérsele a aquellos relevamientos, el populismo criollo quizás podría obtener una ventaja corta en el ámbito bonaerense pero, al mismo tiempo, perdería sin atenúantes la general. Expuesto el razonamiento de otra manera: la lista encabezada por Tolosa Paz y Gollan obtuvo 356.000 votos menos que las de Santilli y Manes sumadas. ¿Es probable que descuenten esa ventaja inicial de sus competidores? —Supongamos que sí. Ahora, en lo que hace al país en su conjunto, los que no se hicieron presentes en las urnas en los comicios de dos mese atrás fueron 1.700.000 personas y la coalición opositora tuvo 4.800.000 votos más que el kirchnerismo.
¿Podrían los candidatos del gobierno recuperarlos? —Imposible.
Es cierto que si se hiciese realidad el mejor escenario para la administración presidida por Alberto Fernández, éste estaría en condiciones de pregonar que la madre de todas las batallas —la de la provincia de Buenos Aires— habría sido ganada. Sólo que en esta oportunidad el territorio que gobierna Axel Kicillof carece de la trascendencia de otras ocasiones. Es que allí no se eligen senadores y aunque el Frente conducido por Cristina Kirchner se subiese a uno de los podios —el de mayor cantidad de sufragios— estaría lejos de treparse al otro podio —el que más importa en términos de poder— en razón de que no sólo no ganaría sino que perdería diputados. Conclusión: no es por este lado que se decidirá la disputa. Si los números finales de las PASO se repitiesen, el 14 de noviembre próximo el kirchnerismo se quedaría en la cámara baja del Congreso Nacional con 118 diputados y Juntos por el Cambio con 116. En cuanto a la cámara alta del Parlamento, las filas oficialistas verían mermar su caudal: bajarían de 41 a 35 y ello implicaría perder el quórum propio y, por tanto, depender en los dos últimos años de mandato del apoyo que quieran prestarle una senadora misionera y un senador rionegrino. Lo que desvela, pues, a los dos Fernández —más allá de sus sordas peleas internas— tiene que ver menos con la provincia de Buenos Aires que con La Pampa, Chubut, Tierra del Fuego, Rio Negro, Neuquén, Chaco, San Luis y Misiones. En otra elección serían distritos intrascendentes o —si se prefiere— detalles insignificantes. Hoy las cosas se presentan diferentes. Veamos los motivos.
La futura constitución del Senado dependerá de lo que acontezca en La Pampa y Chubut si se da por descontado que en Corrientes, Santa Fe y Córdoba el kirchnerismo perderá en total tres senadores, y en Mendoza, Tucumán y Catamarca no habrá cambios. En La Pampa, en las internas abiertas del 12 de septiembre, el peronismo llegó segundo con 20.000 votos menos que la lista de Juntos por el Cambio. Si no estuviese a su alcance revertir ese resultado perdería uno de los dos senadores que hoy le pertenecen. En Chubut el panorama luce mucho más difícil por la pelea que se ha suscitado, entre el Poder Ejecutivo Nacional y el gobernador, a raíz de la acción delictiva de determinadas tribus mapuches a las que Alberto y Aníbal Fernández no parecen demasiado interesados en ponerles coto. La única chance real del kirchnerismo en ese distrito patagónico es directamente proporcional a la voluntad del mandatario provincial de bajar su lista y considerar como seguro que todos aquellos que la respaldaron en el mes de septiembre ahora se volcarían en forma automática hacia el Frente de Todos. De lo contrario resignaría dos senadores más. La última encuesta conocida, de CB Consultora, realizada durante la semana pasada en las provincias donde se eligen senadores, ha caído como un balde de agua helada sobre las esperanzas de los K. En Chubut Juntos por el Cambio obtendría 40,8 % de los votos contra 32,6 % del Frente de Todos, y en La Pampa la diferencia en favor de la coalición opositora sería de 49,2 % a 43,5 %. Peor imposible.
Respecto de cómo quedará conformada la Cámara de Diputados a partir de diciembre, hay un artículo provechoso de Pablo Winokur que vale la pena leer. En resumidas cuentas, viene a explicar esto: si el kirchnerismo lograse 15.000 votos más en Misiones, 9.000 en Neuquén, 7.000 en Rio Negro, 25.000 en Tucumán, 20.000 en La Pampa y algo menos en San Luis, sumaría 6 diputados a los 118 y no quedaría lejos del quorum propio. Como se aprecia se hallan en juego entre 80.000 y 90.000 sufragios. El diablo está en los detalles es un adagio proveniente de latitudes anglosajonas y apunta a resaltar el peso que tienen las letras pequeñas, las minucias a las cuales de ordinario no les prestamos la atención debida. Es posible que en las mesas de café de la Capital Federal, la provincia de Buenos Aires se encuentre al tope de cualquier análisis de la realidad política. Pero sin descuidar ninguna geografía electoral, los dos frentes que dirimirán supremacías en pocos días más saben a la perfección que la madre de todas las batallas se ha mudado de escenario. Esos noventa mil sufragios resultarían irrisorios si se tratase de los distritos grandes de la República Argentina pero en provincias chicas no son fáciles de descontar.
Fuera de nuestras fronteras se escribió, en el curso de la anterior semana, otro capítulo de la negociación —o si se prefiere, de la falta de negociación con el Fondo Monetario InterM nacional. El primer paso lo dio un conocedor como pocos de ese organismo de crédito. Quien fuera hasta el pasado mes de agosto su director del Departamento del Hemisferio Occidental, en un encuentro organizado por el Monetary and Financial Institution Forum, expresó algo que todos saben o intuyen pero que nadie se anima a proclamar en voz alta. Lo que dijo Alejandro Werner es que la Argentina, si acaso firmase un acuerdo con el FMI, tendrá la consistencia “de una curita”. Lo más seguro —agregó— es que nuestro país no pague, aun cuando haya contraído esa responsabilidad.
Tanto los Estados Unidos, por boca de su embajador ya nombrado ante Buenos Aires, como la búlgara Kristalina Georgieva, han sido en extremo claros al momento de establecer cuál es la condición necesaria para sentarse en serio a considerar la posibilidad de un acuerdo de facilidades extendidas: un plan de estabilización sustentable. Ello implica cerrar la brecha de los tipos de cambio, sincerar tarifas y aumentar reservas, devaluación de por medio. Además de poner de relieve que las condiciones del acuerdo serán públicas.
Por su lado, el presidente de la Nación voló a Roma para asistir a la reunión del G-20, un grupo variopinto de naciones en donde las más poderosas del mundo se juntan con estados de escasa musculatura. Las declaraciones que hacen son —por necesidad— generalidades sin demasiada consistencia. Comparado con el G-8, por ejemplo, el G-20 juega en la 2ª de Ascenso.
En ese ámbito Alberto Fernández no pudo cumplir el sueño de reunirse a solas ni con el Papa ni tampoco con su par norteamericano. En todo caso, quienes llevaron el rol protagónico fueron —cada uno a su nivel— el embajador Argüello, el ministro Guzmán y Gustavo Beliz. Trataron infructuosamente de convencer a sus respectivos interlocutores de la imperiosa necesidad que —según el gobierno— tiene la Argentina de lograr que el FMI rebaje las sobretasas, a la vez que se le otorgue más tiempo para repagar la deuda contraída. De más está decir que lo único que consiguieron fue un párrafo lavado en la declaración final del grupo respecto de ayudar a los países pobres, entre los cuales no califica la Argentina. Nada que sea demasiado auspicioso. Acto seguido, el primer magistrado habló ante escasos oyentes en la cumbre climática de Glasgow y repitió el pedido que viene haciendo desde que inició su mandato.
El plazo que tiene nuestro país para arreglar sus cuentas con el Fondo Monetario vence el 31 de marzo. A esta altura, pocos —si acaso alguno— de los involucrados en las conM versaciones en curso y de los especialistas en el tema consideran probable que el gobierno kirchnerista firme un acuerdo de facilidades extendidas antes de esa fecha. De modo tal que el atajo que comienza a recortarse en el horizonte es una de estas variantes, aunque parecidas entre sí: un waiver extendido por el organismo de crédito que de hecho suspendería temporariamente la ejecución por falta de pagos del país insolvente, a la espera de que concluyan más adelante las negociaciones, o bien un stand still, que obra a la manera de un paraguas bajo el cual ninguno de los dos actores, de común acuerdo, se mueve de su posición. Ambas están pensadas para ganar tiempo. Mientras tanto, con más de doce precios diferentes de dólar, que van desde $ 66 a $ 216; el riesgo país orillando los 1800 puntos básicos; el valor de los bonos argentinos con una pérdida de 34 % desde el canje de la deuda hecho en septiembre del año pasado y una inflación que apunta a 3,5 % en octubre, la situación en estas playas, cada día que pasa, es más dramática.
El análisis político y económico de los doctores Vicente Massot y Agustín Monteverde
