Estas afectaciones hicieron notorio que no existen políticas públicas específicas para atender y mitigar los efectos de las sequías pues se les considera fenómenos normales y cíclicos, a pesar de los daños económicos y familiares que provocan.
Así lo explicó la doctora Abigaíl Martínez Mendoza, del Departamento de Procesos Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Cuajimalpa, como parte de los trabajo de la Red de Investigación del Agua de la UAM. La investigadora alertó que la condición seca repercute en 85 por ciento del país y que 531 municipios a nivel nacional registran sequía de manera extraordinaria y 594 municipios la presentan severa.
En la actualidad existe un paradigma llamado ciclo hidrosocial, en el que no sólo está el proceso natural del agua de evaporación, condensación, precipitación y filtración, sino que además se observa la acción de los humanos que perjudican cada una de estas etapas y provocan tensiones y conflictos en materia hídrica.
Martínez Mendoza llamó a usar el concepto de gobernanza del agua pues todavía existe poca información y control sobre la manera cómo se aprovecha el agua que captada y almacenada en reservas como los lagos, las lagunas e incluso, en las zonas subterráneas.
Como parte de las mismas reflexiones sobre el agua, pero en una mesa enfocada a Derechos humanos, género y pueblos originarios, la doctora Lidia Blásquez Martínez, también docente del Departamento de Procesos Sociales, explicó cómo cuando se destruye la naturaleza, las fuentes de sobrevivencia de las mujeres de las zonas rurales se ven afectadas y en riesgo.
Como parte de su ponencia Sequía, desertificación y mujeres: una mirada ecofeminista a la desigualdad socioambiental, Blásquez Martínez aseveró que este sector de la población junto con niñas y niños proporcionan casi todo el recurso para los hogares rurales.
“Ellas saben dónde están las fuentes locales del bien, además de conocer su calidad y potabilidad; recogen, almacenan y supervisan su uso, la reciclan para regar el traspatio y abrevan a los animales con la de lluvia”.
De acuerdo con la investigadora es preciso pensar la sequía a nivel de las políticas públicas ambientales, con base en su integración y complementariedad con otros problemas del sector que también son complejos y están interconectados.
“Resulta imperativo pensar en conservar y extender los bosques, las selvas y la vegetación y mantener un ciclo adecuado de lluvia, especular qué sucede con el agua que utilizamos y con el aumento de la temperatura en el planeta por el cambio climático y repasar cómo las políticas públicas deben proponer soluciones innovadoras que incluso impliquen, en un momento dado, el cambio del sistema económico”.
Maira Olivo Paz, coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y Defensa del Agua, expuso que uno de los asuntos más reclamados por el movimiento indígena mexicano ha sido el reconocimiento de su derecho a su espacio, manejo, conservación y aprovechamiento de sus tierras y recursos naturales.
“En nuestro país habitan 68 pueblos nativos en cuyos territorios se encuentran la mayor parte de la biodiversidad nacional, 49 por ciento de las cuencas más importantes están en zonas autóctonas en las cuales se han otorgado 77 mil 619 concesiones de aguas nacionales y 19 mil 503 de zonas federales sin su consentimiento”.
Olivo Paz pidió armonización la legislación para que los derechos que ya están plasmados y reconocidos en el ámbito internacional efectivamente puedan ser viables y ejercidos por pueblos y comunidades oriundas.
En México 25 millones de habitantes tienen agua dos o tres veces a la semana y otros 17 millones carecen del servicio en sus viviendas, por lo que deben acarrearla para satisfacer sus necesidades elementales, afirmó el Doctor Óscar Monroy Hermosillo, Profesor Distinguido de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
La nación padece estrés hídrico: el sector agrícola consume 76 por ciento del bien renovable; 14 por ciento se destina a uso público urbano, y la industria –incluida la eléctrica– recibe el restante diez por ciento.
