Esta medida también se contradice con el objetivo de la medida, donde se expresa la necesidad de prohibir y controlar las exportaciones de carne para lograr un control sobre el precio de la carne vacuna en el mercado doméstico.
De hacerse efectiva, la misma afectará el nivel de empleo directo e indirecto en todos los eslabones de la cadena, generará un daño innecesario al productor en la categoría vaca conserva y manufactura que no tienen consumo interno ni en carnicerías ni en supermercados y representan más del 70% de las exportaciones actuales.
Alguna posible baja temporal de los precios por esta medida será contraproducente en el mediano y largo plazo en función de la baja en la producción de kilos con una menor oferta futura por desaliento y ralentización de los procesos de engorde, incluyendo productores que dejaran la actividad.
El daño generado a la ganadería con este tipo de medidas se suma al permanente incremento de costos generado tanto por la macroeconomía como por el aumento sufrido en los principales insumos del engorde.
La destrucción de confianza sobre una de las actividades más federales en su distribución territorial y escalas productivas genera desarraigo y mayor pobreza.
Estas situaciones no hacen más que desalentar el desarrollo económico con
señales adversas para los sectores productivos, inversores y fundamentalmente al
sector agropecuario y la agroindustria, motores fundamentales y necesarios para
sortear la situación actual que atraviesa el país.
Instamos al Sr. Presidente de la Nación a rever esta decisión y retomar el camino del diálogo y consenso.
