Cuando la crisis no se produce por un problema de insuficiencia de demanda, sino por un shock de oferta (los cierres asociados a la pandemia), las medidas de estímulo a la demanda surten poco efecto y generan más problemas que soluciones. En abril del año pasado, por ejemplo, el ingreso disponible de los norteamericanos subió 12,9% gracias al paquete de ayuda Covid repartido por el gobierno, como una suerte de IFE, pero más universal. Sin embargo, el consumo de los hogares cayó 13,6% y el estímulo no pudo evitar que la principal economía del planeta se hundiera a una tasa anualizada del 31,4% en el segundo trimestre del 2020. La gente tenía más plata, pero gastaba menos, en parte porque no podía hacerlo y en parte por la incertidumbre sobre como seguiría la pandemia. Casi un año después, en marzo, esta vez Biden disparo una nueva ronda de cheques y aunque el ingreso disponible creció ahora un 23,6% el consumo solo se expandió 4,2%. En el ínterin, el dólar perdió el 10% de su valor y el índice SP500 que reúne a las principales empresas americanas se infló 25%; casi nada en relación con el rally de las criptomedas que se llevaron buena parte del estímulo (el bitcoin subió 490%).
Biden prepara ahora un superpaquete de 4 billones de dólares; 2,2 para un
plan de infraestructura de 10 años y 1,8 para seguir asistiendo a los hogares,
en la economía más dinámica del mundo que, aunque creó solo 262.000 empleos en
abril, depende más de la vacuna que de los dólares para su recuperación.
En el terreno local, después de una novela de enredos entre el Ministro de Economía y un funcionario de segunda línea por el recorte de subsidios a la energía, que además de ser una transferencia sesgada hacia los deciles de más altos ingresos, le insume al tesoro 65.000 millones de pesos por mes, el gobierno anunció la duplicación de la cobertura de la tarjeta alimentaria; una transferencia que podría haberse canalizado directamente por la AUH, con menores costos, más rapidez, pero menor discrecionalidad política. Lo interesantes es que el esfuerzo fiscal presuntamente destinado a paliar el hambre insume los mismos recursos que dos meses de subsidios a la energía
Lo más interesante del anuncio llegó cuando el presidente les pidió un
esfuerzo a los empresarios y se sinceró; "No hay dinero que alcance para poner
en el bolsillo de nuestra gente si cada vez que ponemos dinero los precios
siguen subiendo." El presidente descubrió que el intento de violar la
restricción presupuestaria emitiendo no produce riqueza, sino que la
redistribuye en la forma de un impuesto inflacionario. Claro que suben los
precios si para poner plata en el bolsillo de la gente emiten pesos que nadie
quiere, incluso cuando el gobierno cierre alguna de las salidas evitando que la
demanda de dinero se caiga aún mas.
Aunque la magnitud del aumento en la tarjeta alimentaria no se compare con el gasto del IFE (120.000 millones para todo el año, contra 90.000 de cada IFE), todo parece indicar que los gastos se van a apilar y que habrá que sumar un crecimiento de los subsidios en términos reales, toda vez que resulta imposible que Guzmán cumpla su presupuesto de mantener ese gasto sin cambios en términos reales, porque tendrían que subir las tarifas más de 40% en el resto del año y ya acaba de mostrar falta de poder político para subir 9%. Para tener una idea de la magnitud del problema fiscal, en los tres primeros meses del 2021 los subsidios económicos crecen 73,7% interanual y a este ritmo es difícil que terminen el año por debajo de 1,2 billones, lo que representa 300.000 millones más que lo presupuestado.
El gobierno solo parece tener un plan repARtir y por eso los principales consultores que reportan al REM ven una inflación cada vez mas alta para 2021 (47,2%) y crecen las dudas sobre el ajuste posterior a las elecciones, tanto en tarifas, como en tipo de cambio.
Por Martin Tetaz
