Porque reduce el porcentaje de mezcla obligatoria entre gasoil y biodiesel del 10% actual, al 5%, además de otorgar la facultad a la Autoridad de Aplicación de extender esta baja al 3% y en el caso de nafta con bioetanol, del 12 % a un 9 %, en abierta violación al principio de progresividad establecido en el Acuerdo de París, que fuera ratificado por Ley N° 27.270, y prescripto también en la Ley Nacional Ambiental N° 25.675. Esa reducción es más fuerte en el caso del biodiesel, a pesar que los gases de escape de gasoil, han sido reconocidos por la OMS como procuradores de cáncer de vejiga y pulmón. Además, soslaya importantes informes científicos, como uno reciente publicado por la Universidad de Harvard, donde se confirma la existencia de millones de muertes anuales en el mundo, por exposición a los combustibles minerales. En definitiva, esta propuesta atenta contra el ambiente y la salud de los argentinos.
Porque otorga amplias y discrecionales facultades a la Autoridad de
Aplicación, como la antes referida posibilidad de bajar los contenidos mínimos
de biocombustibles en las mezclas, o de intervenir en el mercado de aceites,
maíz, azúcar, en sintonía con Ley de Abastecimiento, o de fijar precios que
podrían no ser representativos de los costos de producción, etc. Ello legitimará
muchos errores y omisiones que la citada autoridad viene registrando desde 2012,
que ponen en riesgo a toda la actividad.
Porque no se busca transparentar el régimen, evitando en general un buen acceso
a la información pública, y en particular, conocer la operación de grupos
económicos (¿amigos de la política?) vinculados a la producción de
biocombustibles, los que para obtener ventajas, se atomizan en emprendimientos
más pequeños, sin que sea rechazada su operatoria. Llamativamente, ahora se
eliminó el acrónimo PYME del presente texto.
Porque se atenta contra los procesos de inversión productiva e innovación que
deben asociarse a estos programas, de manera de mejorar la productividad y
consolidar en el país, el acceso a los últimos avances de la ciencia y
tecnología en la materia. En otras palabras, se quitan incentivos a las
inversiones.
Porque se discrimina en contra de aquellos productores de biocombustibles que de
manera directa o indirecta, se vinculen con la exportación de biocombustibles,
cereales, oleaginosas, y otros insumos relacionados con aquéllos. En otras
palabras, se quitan incentivos a la exportación.
Porque otorga un tratamiento relativo perjudicial al bioetanol de maíz –que debe absorber los eventuales 3 % de baja en las mezclas con naftas-, en relación al bioetanol de caña de azúcar, el que solo encuentra fundamentos en prejuicios ideológicos, hecho que a la vez impacta negativamente en la Región Centro del país, por sobretodo.
Porque excluye la posibilidad de desarrollar biocombustibles distintos al
biodiesel y al bioetanol.
Porque impide el acceso al mercado interno de biocombustibles, a un grupo
importante de productores de biodiesel, los que podrían operar en un régimen de
libre mercado ocupando un segmento específico, toda vez que se intensifique el
uso de biocombustibles en el país, objetivo deseable pero que quedará trunco en
caso que la presente propuesta se convierta en ley.
Porque se ignora la posibilidad de implementar en el país un programa destinado
a introducir vehículos con motores “flex fuel”, tan necesario para incrementar
la sustentabilidad en el uso de combustibles de transporte, a través de la
utilización de contenidos de bioetanol en las naftas, superiores al 18 %.
Porque se pone a una buena cantidad de productores de biocombustibles, como
consecuencia de la significativa reducción futura de la demanda de ellos y el
consecuente aumento de la capacidad ociosa, al borde de la bancarrota.
Porque el proyecto de ley que nos trata, está mal fundamentado y redactado, no
procura el logro de fuertes consensos propios de una buena política de Estado,
presenta tramos muy confusos que llevarán a un aumento de la conflictividad
judicial, y en definitiva, busca enfrentar a productores de biocombustibles
entre si, en una especie de “sálvese quien pueda” para sobrevivir. Las
consecuencias de esta iniciativa, terminarán siendo nocivas para la Argentina.
Por Cont. Púb. Claudio A. Molina