Los daños ni pueden disimularse. Con la renuncia de Marcela Losardo, el presidente Alberto Fernández no sólo pierde al miembro probablemente de mayor confianza y competencia técnica de su gabinete; pierde también, en gran medida, la posibilidad de desarrollar una agenda política independiente en el área más difícil y hoy por hoy prioritaria para el Gobierno.

Losardo expresa, en efecto, al mejor de los muchos Fernández posibles. Al Fernández capaz de sintetizar pensamiento y gestión eficiente. Al Fernández paciente, experimentado y capaz de escuchar. Al Fernández profesor y consejero prudente y certero de presidentes como Menem, Duhalde y Kirchner. Es el Fernández del dialogo y la transversalidad, el tejedor paciente de la trama compleja de la unidad imposible, casi milagrosa, del peronismo de la victoria.

El Fernández que queda y que sale de esta nueva crisis es el Fernández superviviente, operador central, aunque por supuesto no exclusivo de una coalición cada vez más difícil de solventar. El articulador ansioso, impaciente y por momentos irascible de una nueva trama capaz de resistir a la escalada de presiones cada vez mas fuertes, provenientes del resto de la coalición. El que queda es el Fernández constructor, no importa a qué costo, de nuevas líneas de resistencia ante la escalada de demandas de una sociedad cada vez más impaciente y cada vez menos dispuesta a comprometer sacrificios inmediatos en nombre de beneficios y promesas futuras de muy problemática concreción.

A partir de la crisis planteada por Losardo, el Gobierno pierde iniciativa, espacio y recursos para avanzar en una reforma consensuada. La única que admiten sistema complejos como la judicatura argentina. El Presidente pasa a ser su propio ministro de Justicia. A depender más de su intuición y rapidez de reflejos dentro de un área que cree conocer, que de una estrategia proactiva, meditada y, participativa, de tipo de la que exige un entorno paranoide e institucionalmente extremo como el de los operadores de la Justicia.

De aquí en más, el Gobierno solo podrá basarse en instrumentos primitivos, de muy problemática implementación. Acciones y reacciones destempladas, con efectos sistémicos impredecibles. Al igual que la reforma intentada por Mauricio Macri, la estrategia de consenso ha quedado prematuramente excluida. Sin estudios de impacto y viabilidad de las reformas, el dialogo será imposible. Sin instancias de participación y de construcción en común, las únicas iniciativas posibles serán las el gobierno pueda implementar desde el Congreso, forzado a un papel de control sobre la judicatura claramente excluido por los principios y mecanismos constitucionales vigentes.

En el camino, el Gobierno jugo apresuradamente y perdió una carta ciertamente interesante como fue la de la comisión de expertos. En muchos lugares del mundo, las comisiones presidenciales de trabajo, los White Papers o las Agendas Anotadas suelen ser un expediente de urgencia, capaz de suplir las carencias de mecanismos de diálogos y de concertación.

De todos modos, la carta de la comisión fue jugada de un modo imprudente y no exento de improvisación: las más de 1000 páginas del dictamen final están muy lejos de ser el tipo de documentos de política pública necesaria para este tipo de procesos. Es más bien un conjunto casi inutilizable de opiniones eruditas, en las que cada uno de los miembros, personalidades todas muy destacadas en su oficio, despliega posiciones propias son mayor relación con las de los demás miembros. Muchas de estas opiniones son ya muy conocidas y en general con muy poco o nada poco que ver con las necesidades y urgencias que motivaron la convocatoria. Una tarea de edición experta y experimentado podría acaso haber suplido esta deficiencia. Se frustro así el posible valor de una herramienta que podría haber sido útil en la emergencia.

Vista desde la perspectiva de la estrategia pensada inicialmente por el Gobierno, todo parecería indicar que le reforma ha tropezado con obstáculos previsibles - y por ello tal vez evitables- pero que a estas alturas parecen ya muy difíciles de remover.

En el plano institucional, las reacciones han sido en general adversas y parecen haber reforzado la idea inicial de falta de necesidad, oportunidad y de urgencia tanto técnica como económica de la reforma. Las posiciones propiamente políticas se han sumado a este clima de suspicacia y la impaciencia irritada del oficialismo en el Senado bastó para disparar otras objeciones, incluso de mayor calibre, referidas a supuestas intenciones ocultas de intervención de la justicia en defensa de posiciones inconfesables.

En este punto, tanto el Gobierno como la oposición parecerían haber desechado al día de hoy toda posibilidad de entablar una estrategia de construcción de consenso. Prefieren acaso la comodidad de la grieta y las ventajas dialécticas de la polarización. La elección del sucesor de Losardo vendría a confirmar esta impresión.

A poco mas de tres meses del cierre de listas para las elecciones PASO y del comienzo formal de la campaña electoral, la reforma judicial acaba de entrar en el clima enrarecido de la campaña electoral. Los estrategas del Gobierno apuntaran de aquí en más al propósito de encerrar la oposición en la trampa de una defensa a ultranza de la corporación judicial, sin duda una de las más desprestigiadas en el país. Las estrategias de la oposición optaran a su vez por demonizar las intenciones del Gobierno, ridiculizar la desmesura de los nuevos funcionarios y llevar a la opinión independiente a la convicción de que sus peores temores tienen fundamento.

Unos y otros trataran de "construir el enemigo", de escalar la dialéctica de los opuestos. Trataran de asegurar, cada uno por su lado, esa unidad ficticia que solo puede producir el espanto irracional ante el peligro común.

Mal pronóstico para una reforma tan necesaria y al mismo tiempo tan compleja y necesitada de consensos fundamentales como es la del sistema de justicia.

En un país paralizado en sus posibilidades de desarrollo hacia el futuro, en el que la mayor parte de los sectores políticos parece coincidir en un propósito mafioso de administración monopólica de la representación de la sociedad, el sistema de Justicia aparece como una última ratio, un último recurso de la sociedad contra el riesgo de frustración de sus mejores esfuerzos de superación. De allí la posibilidad de que la sociedad reaccione frente a esta nueva frustración de la más necesaria, las más urgente e importante de todas las muchas reformas pendientes.

Por ENRIQUE ZULETA PUCEIRO
Fuente El Cronista