En ese interregno, la economía creció mucho y se crearon 2 millones de puestos de trabajo registrados en relación de dependencia en empresas privadas. Los dos principales factores que motorizaron este proceso fueron los altos precios de las exportaciones –en particular, la soja– y un muy bajo salario real en términos de dólares (en el 2004 el salario real en Argentina era de U$S 400 ajustados por inflación de EE.UU.).
En la actualidad, el salario real en Argentina está en U$S 600. Si bien es 50% superior al del 2004 no deja de ser un salario bastante “competitivo”. Como pasando los U$S 500 es un nivel alto para la soja, uno tendería a pensar que la situación del 2021, si bien no es igual a la del 2004 en términos de soja y salarios, tiende a ser más o menos parecida. Con lo cual no dejaría de ser una oportunidad.
El punto es que el sector público del 2004 es muy diferente al del 2021.
En el 2004 los recursos tributarios y el gasto público nacional y provincial estaban equilibrados, mientras que en el 2020 el gasto público nacional y provincial está en el orden del 40% del PIB mientras que la presión tributaria nacional y provincial en el orden del 30% del PIB. Es decir, la presión tributaria es insuficiente para financiar semejante gasto público (nacional y provincial) pero además es intolerable para la población dado que la queja permanente de los contribuyentes es la alta presión impositiva.
Esta brecha entre el gasto y los ingresos tributarios se está financiando con recursos no tributarios (como por ejemplo transferencias del Fondo de Garantía de Sustentabilidad que ya se está agotando), endeudamiento y, fundamentalmente, emisión monetaria. Según los datos de la Secretaría de Hacienda, las transferencias del BCRA al Tesoro llegaron casi al 6% del PIB en el 2020. Esto genera una alta y creciente inflación.
Para contener la inflación, el BCRA se ve obligado a colocar el “cepo” cambiario a fin de tener un ancla en los precios. Pero el “cepo” genera la brecha cambiaria (dólar oficial a $88 con dólar de mercado a $150) lo que convierte a los U$S 500 de la soja en U$S 300 para el productor, a los que todavía hay que sacarles por retenciones a las exportaciones. Si bien este precio es mayor que el que los productores venían cobrando, no tiene la fuerza de la bonanza pasada para el sector privado.
Si el sector privado ligado al complejo de la soja no siente la bonanza en plenitud, el aumento de la inversión privada y el impacto positivo en los encadenamientos productivos del resto de la economía se verán atenuados. En otras palabras, las distorsiones en la economía que provoca el descalabro fiscal le quita fuerza a la bonanza desde el punto de vista del sector privado. Además de la brecha cambiaria, la bonanza pierda fuerza también por los déficits de infraestructura (energía y logística) de la que el descalabro fiscal también es responsable.
Por el lado del sector público nacional, le significará mayores ingresos por retenciones a las exportaciones. El aumento en la recaudación de retenciones podrá llegar a ubicarse entre 1% y 2% del PIB, lo cual sigue siendo insuficiente para la brecha que hay entre el gasto público y los ingresos tributarios. Por este motivo, la bonanza tampoco soluciona el severo desequilibrio de las cuentas públicas.
La soja a U$S 500 es muy buena noticia. Pero es tan grande y complejo el desorden del sector público argentino que –a diferencia del 2004– huele a bastante poco.
Por Jorge Colina
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Fuente: El Economista
