SIMÓN BOLÍVAR. Dpto. Caaguazú. (Víctor Daniel Barrera Burgos, de nuestra redacción regional. Hace tres meses, supuestos sintierras de la Organización Nacional Campesina (ONAC) se percataron de que los predios de la compañía San Agustín, que fueron compradas el 13 de junio del 2012, de Nidia Natalia Buzarquiz Martínez y de Luisa Asunción Buzarquiz, nunca fueron ocupados por los beneficiarios reales y que actualmente son aprovechados por el conocido ganadero. En el sitio tiene un establecimiento con 455 cabezas de ganados que pastan en esas tierras.

Unas 70 familias ingresaron a ocupar parcelas de ese predio y solicitan al Indert las adjudicaciones. Este hecho habría motivado al ganadero a presentar una denuncia fiscal por invasión de inmueble ajeno, pese a que el mismo no cuenta con ningún registro de ser beneficiario de las tierras y dato que logró corroborarse en Fiscalía.

Uno de los ocupantes de tierras, Juan de la Cruz Benítez, dijo que esas tierras habían sido “ganadas” hace 20 años para los labriegos de la zona, pero que estos nunca ocuparon el predio y aparentemente terminaron alquilando sus parcelas al ganadero.

Aseguró que el Indert no cuenta con documentos de que el predio haya sido cedido a su favor, y que, pese a la situación, la fiscala Norma Ortiz ordenó que los ganados sean soltados en las zonas ocupadas.

El director Regional de Indert, Derlis Silva, dijo que no se puede precisar la situación del terreno, pero en el sistema informático de la institución no figura ningún beneficiario relacionado con Fermín Ayala. Dijo que las tierras habían sido adquiridas y divididas en 30 hectáreas para cada familia campesina de la zona, quienes en el 2012 presentaron un proyecto de producción de ganado. Indicó que el usufructo de esas tierras es ilegal en vistas a que la ley de la reforma agraria exige que los beneficiarios titulares ocupen y hagan uso del predio.

Al ser consultado acerca del establecimiento ganadero del sitio, respondió que no puede explicar por qué se encuentra un corral en el lugar, pero que, a simple vista, se percata de que su situación es irregular.

Sobre la supuesta actuación de la fiscala Norma Ortiz, el funcionario manifestó que la determinación de la agente fue apresurada y pidió al Ministerio Público que trabajen en conjunta con el Indert, para tomar decisiones correctas en el caso.

Sobre el punto, el propietario del establecimiento ganadero, Fermín Ayala, reconoció que las tierras no le pertenecen, sino que son alquiladas de 14 personas que habían sido adjudicadas por el Indert. Señaló que conformó una sociedad con esos propietarios y adaptó los terrenos para la explotación ganadera, considerando que los beneficiarios no disponían de recursos para trabajar el lugar. Aseguró que la denuncia de invasión fue hecha por los dueños de tierras y que todo queda a cargo de la fiscala Norma Ortiz.

ABC intentó en vano conversar con la fiscala Norma Ortiz, pues a pesar de varias llamadas a su contacto con terminación 341 no hubo respuesta alguna.