Salvo el gobierno, que sigue inventando los argumentos más insólitos para explicar la inflación diciendo que tenemos la maldición de exportar alimentos y por eso importamos inflación, u otros que dicen que la inflación es consecuencia de la puja distributiva, con lo cual se supone que en el mundo no hay puja distributiva porque la inflación no es un problema hoy en el mundo, incluso en la región. Brasil está con una inflación anual del 4,6%, Chile 3,1%, Colombia 1,6%, Perú 2,7% y Uruguay 9,4%. En el resto del mundo vemos a EE.UU. con una inflación del 1,4%, la UE 0,9%, Australia 0,9% y el Reino Unido 0,7%. En todos estos países hubo déficit fiscal por la pandemia y todos tienen que comer y sin embargo, produciendo o importando alimentos, no tuvieron nuestra inflación que llegó al 36% el año pasado y ya tiene un acumulado del 38,3% en enero respecto a enero 2020.
Gráfico 1
Sin duda el déficit fiscal generó una gran expansión monetaria en Argentina durante 2020, siendo el impuesto inflacionario el que mayor peso tuvo dentro del total de impuestos recaudados por la AFIP. Como puede verse en el gráfico 1, el impuesto inflacionario superó al Impuesto a las Ganancias DGI y al IVA DGI en cuánto en financiamiento del tesoro y por eso ahora tenemos el desborde inflacionario que el gobierno quiere frenar con precios máximos, clausurando negocios y haciendo acuerdos de precios y salarios. Obviamente nada positivo va a resultar de todo esto, pero el tema de fondo es que, en rigor, el problema no es solo el déficit fiscal que obliga a expandir moneda y a generar inflación. El problema de fondo es el gasto público, en su nivel y su calidad.
El déficit fiscal genera inflación, pero el nivel de gasto público también tiene como contrapartida una enorme carga tributaria que hace que las personas físicas y las empresas estén agobiadas de pagar impuestos. Por un lado tenemos un gran mercado informal fruto de esta carga impositiva y, por otro lado, empresas que se van de Argentina porque, además de afrontar una gran carga tributaria, no tienen reglas de juego claras.
Pero el gasto público también tiene el problema del endeudamiento público. Dos por tres Argentina cae en default, se dispara el riesgo país y se queda sin acceso al crédito, lo cual es bueno porque el Estado deja de tener financiamiento para seguir con la fiesta del gasto, al tiempo que le pone un piso elevado a la tasa de interés a la que puede acceder el sector privado al crédito externo.
A todo lo anterior hay que agregarle el endeudamiento interno, no solo por los bonos que coloca el tesoro, sino también por el stock de LELIQs que coloca el BCRA quitándole capacidad de préstamos al sector privado, dado que se lleva más del 50% de los depósitos del sector privado en el sistema financiero.
Finalmente, como nunca alcanzan los recursos para financiar el gasto público, cada tanto el Estado mete mano en los ahorros de la gente. Plan Bonex, corralito, corralón, pesificación asimétrica y confiscación de los ahorros de la gente en la AFJP son algunas de las joyas confiscatorias del populismo.
Sin duda que hay que reducir y hasta eliminar el déficit fiscal porque hoy el gobierno no tiene forma de financiarse salvo la emisión monetaria, pero el problema de fondo es que tenemos un nivel de gasto público infinanciable y con una pésima calidad. Pagamos impuestos para tener seguridad pero a la gente la matan por un celular en la calle y cada uno contrata su seguridad privada en sus casas. Pagamos impuestos para tener educación y mucha gente manda a sus hijos a colegios privados porque los colegios estatales no funcionan. Pagamos impuestos para tener salud y los hospitales son una calamidad con lo cual contratamos salud privada y encima nos enteramos que pagamos impuestos para que haya vacunados VIP. Es decir, pagamos 2 veces por el mismo servicio y para mantener a una “elite” gobernante con privilegios.
En las décadas del 80 y del 90 el gasto público consolidado era equivalente al 30% del PBI y no se pudo financiar. Mucho menos se puede financiar un gasto público consolidado de 47% del PBI, que es un 50% más que en los 80 y 90.
Si miramos el gasto público social consolidado, incluyendo salud, educación, pensiones, cultura, ciencia y técnica y demás rubros, nos vamos a encontrar con que en 1980 ese gasto representaba el 15% del PBI y en 2017 (último dato disponible del Ministerio de Economía) representaba el 30% del PBI. Es decir, se duplicó el gasto social y cada vez tenemos más pobres, indigentes, desocupados, peores hospitales y educación.
Gráfico 2
Si tomamos el gasto público social del gobierno nacional como porcentaje del PBI, pasó de 9% del PBI en 1980 al 17% en 2017. Se duplicó. En 1980 el gasto público social representaba el 47% del gasto público de la nación y en 2017 esa participación se había elevado al 66%. En otras palabras, no solo se disparó el gasto público hasta niveles infinanciables para el contribuyente, espantando las inversiones y agravando la situación económica, sino que, además, el grueso fue a parar a gasto social que a esta altura del partido podría llamarse gasto de clientelismo político. Como se afirmaba antes, el gasto público creció con el argumento de la solidaridad social y cada vez tenemos más pobres, indigente, desocupados, los jubilados están en la miseria, los hospitales son un desastre, la educación pública es deplorable y los planeros están a la orden del día.
En síntesis, es hora de no solo hablar del déficit fiscal, sino del enorme e ineficiente gasto público que tiene Argentina. El problema es su nivel y su calidad. Ese debate no puede postergarse más, salvo que estemos dispuestos a seguir en esta desesperante decadencia.
Fuente: Economía para Todos
